El excomisionado Garduño no acude a una audiencia por la tragedia del centro de migrantes de Ciudad Juárez
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando ocurrió el incendio en una estación migratoria en Chihuahua en marzo de 2023, no ha acudido este martes a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez. En esta cita se iba a revisar si el exfuncionario había cumplido con las obligaciones impuestas por el juez, que incluían el pago de indemnizaciones y una disculpa pública. La audiencia estaba programada para la mañana de este martes, pero Garduño pidió a último minuto comparecer por videoconferencia, informan medios locales. El juez rechazó la petición por lo grave del caso, por lo que la cita será reagendada.
Esta tragedia es la gran mancha del controvertido historial de Garduño como comisionado de migración. Ocurrida en marzo de 2023, acabó con 40 migrantes muertos después de que 67 hombres se quedaran encerrados en medio de un fuego provocado para protestar por las condiciones dentro del albergue. Los relatos de los supervivientes y los vídeos de seguridad coinciden en señalar que los funcionarios del Instituto y los guardias de seguridad privada se van del edificio, sin mirar atrás, dejando atrapados, bajo llave, a los migrantes.
Seis funcionarios de Migración fueron imputados por esta masacre, siendo uno de ellos Garduño, debido a que “incurrió en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes”. El ahora director general de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública gozó desde el inicio de un trato especial. Fue el único que quedó acusado solo de ejercicio ilícito de la función pública, un delito menor, que se considera prácticamente una falta administrativa.
En enero de 2025, el juez encargado del caso aprobó suspender el procedimiento penal contra Garduño si, en el plazo de 18 meses, el funcionario realizaba una serie de medidas compensatorias. La audiencia de este martes era justo para evaluar si había cumplido o no estas condiciones. En el caso de la disculpa pública, ésta ocurrió en septiembre de 2025, y según se publicó entonces, los familiares de las víctimas no quedaron satisfechos. Hace menos de una semana, los familiares denunciaron que hay presión desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para cerrar el caso.
