El Congreso impulsa por amplia mayoría un estatuto para las personas desaparecidas

María José Arcos ha recibido hace poco en su domicilio el Carné +65, una tarjeta de la Xunta de Galicia que otorga ciertos descuentos y beneficios cuando se superan los 65 años. Sin embargo, no podrá disfrutar de sus ventajas, pues lleva desaparecida 30 años. Su hermana Rosa relata esta y otras situaciones “kafkianas” que, afirma, viven otros familiares de desaparecidos, como ella, un colectivo interpelado este jueves en el Pleno del Congreso. Toda la Cámara baja excepto Vox ha aprobado la creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, un marco legal para garantizar sus derechos básicos y los de sus familiares.

El paso dado este jueves tiene un antecedente claro: la intervención del periodista Paco Lobatón en la Comisión de Interior del Congreso el 9 de junio de 2025. El presidente de la fundación de búsqueda de desaparecidos QSDGlobal, cara visible en esta materia desde que presentara el programa de televisión Quién sabe dónde en los noventa, rememora la “complicidad y empatía formidable” que todos los partidos políticos mostraron ese día. Tiene un recuerdo similar David Serrada, portavoz socialista de Interior cuyo grupo parlamentario presentó la propuesta votada hoy: “La comparecencia de ese día fue un punto de inflexión”.

La nueva subcomisión tendrá que estudiar demandas de los familiares como la relativa a las declaraciones de ausencia y de fallecimiento de los desaparecidos, en un contexto en el que se mantienen 6.874 denuncias activas de desaparición, según el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES). Francisco Pérez, cuyo padre de 78 años desapareció en marzo de 2024 en Almuñécar (Granada), sostiene que muchas personas se ven obligadas a declarar la muerte de sus allegados para resolver problemas administrativos o patrimoniales, como puede suceder con las herencias. Considera cruel esta situación: “Matar civilmente a nuestro familiar sin haberlo encontrado supone para nosotros renunciar a todo”.

Pérez sigue gestionando el IRPF de su padre e incluso la declaración trimestral del IVA por un local que tenía alquilado. Lo que no ha podido hacer es arreglar la fachada de la casa de su progenitor, de la que se están cayendo unos azulejos. Necesita una licencia de obra menor, pero no puede conseguirla sin la autorización de su padre. Tampoco puede evitar que llegue la tarjeta censal cada vez que hay elecciones, como sucedió con los últimos comicios andaluces. Pese a todo, no se plantea instar la declaración de fallecimiento porque está en desacuerdo con la legislación actual.

Rosa Arcos, la hermana de María José, sí se vio obligada a dar este paso. La madre de ambas había sido la defensora de los bienes de María José tras instarse una declaración de ausencia legal. Cuando murió, Rosa y sus hermanos deseaban heredar esta tutela, pero Hacienda no se lo permitió para evitar un conflicto de intereses y les instó a nombrar un albacea judicial. Se negaron a que un tercero administrara el patrimonio de María José, así que optaron finalmente por la declaración de fallecimiento para convertirse en sus herederos y conservar el control de estos bienes. “Nunca, nunca, nunca quisimos hacer ese trámite”, se lamenta Rosa.

María del Mar Pérez tampoco quiere pasar por eso. Tendrá la posibilidad de hacerlo el 11 de mayo de 2027, cuando se cumplirán 10 años de la desaparición de su hijo Alejandro en la isla canaria de La Palma. Solo dará ese paso si lo necesita su nieto de 13 año. Hasta ahora, cada vez que el joven necesita la autorización de su padre, como cuando debe formalizar la matrícula escolar, es necesaria la declaración de ausencia para suplir esta laguna. Pero ella, que no cree que su hijo esté vivo, reconoce que existe una diferencia entre “pensarlo y ponerlo por escrito”.

La fundación presidida por Lobatón ha tratado esta cuestión en su borrador del estatuto. Una de las propuestas consiste en sustituir el término “declaración de fallecimiento” por “declaración de desaparecido no retornado” para no añadir un “sufrimiento gratuito a la familia”. El periodista también menciona el coste económico que este trámite supone, que puede incluso superar los 2.000 euros por la necesidad de publicar edictos en la prensa.

Más allá de los problemas relacionados con estas declaraciones, Lobatón también se refiere a los obstáculos que surgen en un operativo de búsqueda cuando se necesita geolocalizar un teléfono móvil; se necesita una autorización judicial no automática y condicionada por la normativa sobre protección de datos. El presidente de QSDGlobal considera necesaria la existencia de una legislación que evite que estas decisiones sean “aleatorias” o “arbitrarias” porque “las horas que pasan pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte”.

Frente a la actitud favorable de organizaciones como QSDGlobal, así como de familiares entre los que se encuentran Rosa Arcos y Francisco Pérez, destaca el rechazo expresado por SOS Desaparecidos, presidida por Joaquín Amills, quien sostiene que no tuvo noticias sobre la votación de hoy hasta que el pasado viernes le habló un periodista sobre ella. Denuncia que, pese a que su organización lleva ocho años realizando aportaciones para un estatuto, nunca han sido recibidos.

Tampoco tuvieron una contestación, señala Amills, a un escrito enviado al CNDES en el que solicitaban “información oficial y actualizada sobre la situación del estatuto de la persona desaparecida”. Achaca este trato al hecho de que son “la única organización que levanta la voz” para denunciar las deficiencias relacionadas con la búsqueda de desaparecidos y acusa al resto de “remar siempre a favor del Gobierno” por “intereses particulares” como la obtención de subvenciones.

David Serrada niega que haya “una mano negra” que afecte a SOS Desaparecidos y adelanta que podrán participar en la Subcomisión “al igual que acudirán otras asociaciones”.

La subcomisión de Interior tiene un plazo de seis meses para emitir su informe. Lobatón adelanta que van a presionar para que se acorten esos plazos porque “hay mucho trabajo ya realizado” y para que las comparecencias de las asociaciones y las familias se celebren “de manera inmediata”.