Cómo llegó Colombia a tener una deuda tan alta (y por qué De la Espriella tendrá que aumentarla)
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Las cuentas públicas de Colombia no cierran.
El pasado 27 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella afirmó en una alocución televisada que la situación fiscal del país es “la más crítica de toda nuestra historia”.
“Las finanzas públicas ya no aguantan más”, agregó y anunció que su gobierno iniciaría conversaciones con el Fondo Monetario Internacional “para buscar una salida negociada a la crisis”.
Sus declaraciones llegaron poco después de que presentara al Congreso el presupuesto para 2027, que muestra que el país tendrá mucho menos ingresos de los que necesita.
De acuerdo con las cuentas del gobierno, si no se hace nada, el gasto público en 2027 alcanzaría el 24,9% del PIB mientras que los ingresos del Estado llegarían apenas al 15,5%. Es decir, el año cerraría con un déficit del 9,4%, el más alto de la historia.
Ya desde este año la situación es dramática comparada con la de otros países.
En un listado de 42 economías publicado por The Economist en octubre, Brasil y Colombia aparecían empatados con el mayor déficit fiscal previsto para 2026, equivalente a 7,3% del PIB.
Todo eso sin contar que la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, según estimaciones de la firma experta Ingeniar, costará alrededor de 30 billones de pesos (unos US$9.200 millones), lo que supondrá una presión fiscal adicional.
De la Espriella responsabiliza a su antecesor, Gustavo Petro, de “sobreendeudar a Colombia” y “despilfarrar el presupuesto”, y desde la campaña propuso un fuerte ajuste fiscal.
Prometió reducir el tamaño del Estado en una cuarta parte, “lograr en corto plazo un superávit primario” y al mismo tiempo disminuir la carga tributaria.
Sus propios números, sin embargo, dan cuenta de que el camino que le espera para cumplir esas metas es cuesta arriba, por lo pronto, tendrá que seguir endeudándose.
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Cómo llegamos aquí
Expertos consultados por BBC News Mundo subrayan que el problema fiscal de Colombia, por un lado, es de ingresos.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explica que el país no ha logrado aumentar su capacidad de recaudo de impuestos, al contrario, ha acumulado en sus leyes beneficios tributarios “sin control y sin evaluación”.
Según Salazar, los beneficios tributarios vigentes hoy implican que el Estado deje de percibir ingresos anuales equivalentes a un 9% del PIB, mucho más que en cualquier otro país latinoamericano.
Por otro lado, el gasto público y el endeudamiento se dispararon durante la pandemia de covid, y nunca volvieron a los niveles anteriores a la emergencia.
Según las cifras del Ministerio de Hacienda, entre 2004 y 2019 el gasto total del gobierno colombiano rondaba el 18,4% del PIB. En 2020 y 2021, saltó al 23,1%, y desde entonces se ha mantenido relativamente estable (en 2025, fue del 22,7%).
Es decir, a lo largo del gobierno de Petro, se mantuvieron niveles de gasto similares a los de la pandemia sin que hubiera una pandemia.
Salazar afirma que el Observatorio Fiscal de la Javeriana ha encontrado, por ejemplo, que “el presupuesto que se gasta el estado en nómina y contratistas sí subió en el gobierno Petro y subió más de 20 billones de pesos (unos US$6.100 millones)”.
“Si era necesario o no, es algo que merece una evaluación mucho más profunda”, afirma Salazar.
Por su parte, Paola Jaimes, investigadora del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), es cauta en achacarle la responsabilidad de la situación fiscal al gobierno de Petro.
Jaimes subraya que, mientras que en el segundo gobierno de Santos (2014-2018) y el de Duque (2018-2022) la deuda creció en más de 10 puntos porcentuales del PIB, Petro entregó un país más o menos igual de endeudado de lo que lo recibió.
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“No vemos una trayectoria en la que Petro llegue y la deuda empiece inmediatamente a crecer de manera explosiva”, explica. “Tampoco vemos una explosión continua del gasto”, agrega.
Además, señala Jaimes, las cifras muestran que el gasto durante el gobierno de Petro se mantuvo alto por las obligaciones que tenía por ley y no tanto por gastos discrecionales del presidente.
Más déficit, más deuda
La ecuación es simple: un nivel de gasto que se ha mantenido alto desde la pandemia sin un aumento significativo en los ingresos implica un aumento del déficit. Y para financiar el déficit, el país tiene que adquirir deuda nueva.
De acuerdo con las últimas cifras reportadas por el gobierno de Petro, la deuda pública total de Colombia a julio de 2026 ascendía unos US$370.000 millones, lo que equivale a un 60% del PIB.
Es un porcentaje que no parecería muy alto si se lo compara con el de países ricos como EE.UU. (126%) o Japón (204%), pero sí con respecto al nivel de endeudamiento que tenía Colombia antes de la pandemia: un 48%.
Además, explica Salazar, “cuánta deuda tiene un país también tiene que ver con su capacidad de generación de ingresos”. En sus palabras, no es lo mismo prestarle a Bill Gates que a alguien con un pregrado en matemáticas en un país en desarrollo y que a un agricultor sin tractores.
“El mundo entero ha estado caminando hacia más deuda pública, pero si uno se compara con Perú, por ejemplo, ellos lograron bajar su endeudamiento después de la pandemia mientras que Colombia lo aumentó”, señala Salazar.
Según datos del FMI, la deuda de Perú ronda actualmente el 30% del PIB, cinco puntos porcentuales menos de lo que debía en 2021.
Colombia, mientras tanto, proyecta en el presupuesto que su deuda total alcanzaría el 66,2% del PIB en 2027, su máximo histórico.
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Deuda más cara
Otro tema importante que juega en contra a las finanzas de Colombia es que su deuda ha venido encareciéndose.
Jaimes explica que el gobierno de Petro sustituyó deuda externa (en dólares y otras divisas) por deuda interna (en pesos) para reducir el riesgo cambiario. Eso tuvo un efecto en las tasas de interés que paga el país.
“Colombia ha tenido tasas de interés domésticas muy altas. Entonces, puedes estar reduciendo el riesgo cambiario, pero al mismo tiempo enfrentarte a un costo financiero doméstico alto”, explica la investigadora.
En el ranking de 42 países de The Economist, Colombia figuraba como la quinta economía con mayor rendimiento de sus bonos soberanos a 10 años (12,8%) y la tercera con mayor aumento interanual de ese rendimiento.
En términos simples, eso significa que los inversores le están exigiendo al gobierno colombiano una rentabilidad más alta que a otros países para prestarle.
“Los bancos comerciales lo que ven es: oiga, usted tiene un déficit que cada vez ha sido peor. Yo le presto cada vez más caro”, explica Mauricio Salazar.
En ello también juegan un papel las agencias calificadoras de riesgo, que les dicen a los inversores qué tan buen para pagar es el país.
En abril de este año, Standard & Poor’s le bajó la calificación a Colombia, señalando precisamente el aumento en el déficit y el endeudamiento y lo que denominaron una política fiscal “menos predecible”.
Y, claro, si el país se endeuda más y a una tasa más alta, tiene que pagar más intereses.
“Una tasa alta aplicada sobre una deuda grande termina absorbiendo una gran parte de los ingresos públicos”, dice Jaimes.
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Antes de la pandemia, Colombia destinaba aproximadamente un 2,9% del PIB al pago de intereses, según cifras del Ministerio de Hacienda.
En 2024, esa cifra llegó a 4,3%. Y de acuerdo con el más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento en el que el gobierno planea cómo se verán sus números en los 10 años siguientes, Colombia tendrá que destinar entre un 4,1% y un 4,2% del PIB a intereses entre 2028 y 2035.
Eso significa, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que en los próximos años el pago de intereses podría llegar a ser equivalente a todo el presupuesto de inversión (es decir, al dinero que tiene el gobierno para invertir en proyectos y programas por fuera de los gastos de funcionamiento).
Dice Jaimes que “el gobierno tiene que endeudarse no solo para cubrir la diferencia entre sus ingresos y gastos, sino también para atender el costo de la deuda acumulada anteriormente”.
Y agrega: “El problema no es simplemente que exista deuda. Es el costo de oportunidad. Si una proporción creciente de los ingresos público tiene que destinarse a intereses, quedan menos recursos disponibles para inversión pública, infraestructura, educación, salud o políticas sociales”.
Los retos para el nuevo gobierno
Todos esos desafíos de financiamiento son los que han llevado al gobierno de De la Espriella a buscar de nuevo al FMI, apenas seis meses después de que el país terminara de pagar un préstamo US$5.400 millones que le pidió a ese organismo durante la pandemia.
“Lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno ya ha tenido conversaciones técnicas con el Fondo y está explorando fuentes de financiamiento potencialmente más favorables. Pero no existe todavía un acuerdo de financiamiento y no sabemos qué instrumento se utilizaría, cuánto dinero involucraría ni cuáles serían sus condiciones”, explica Jaimes.
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El FMI suele prestar a tasas más bajas que otros posibles acreedores, pero con una condición: que el gobierno muestre medidas de ajuste fiscal.
En esa línea, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ya anunció que presentará una ley de rescate fiscal ante el Congreso que contempla recortar el gasto en unos 45 billones de pesos (US$14.000 millones).
Ahora bien, cualquier proyecto de recorte del gasto supondrá un intenso debate político, anticipan los expertos.
“Ya vimos en la discusión presupuestal las peleas que hay porque le quitamos plata a un sector o a otro”, dice Salazar. “Ahora multiplique esas peleas por 45 billones de pesos”.
Jaimes, la investigadora de CEPR, señala que “hay una parte muy grande del gasto colombiano que es difícil reducir rápidamente”, por ejemplo, el pago de pensiones, las transferencias a departamentos y municipios, el servicio de la deuda, etc.
Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, más del 90% del presupuesto es “inflexible”.
Además, una contracción muy rápida del déficit, “puede tener consecuencias sobre el crecimiento y sobre la población”, añade Jaimes.
El presupuesto presentado por el presidente, de hecho, ya contempla recortar los subsidios a la gente más pobre en un 40%.
En campaña, De la Espriella había prometido llevar el déficit fiscal al 4,8% en los primeros 360 días de gobierno.
Hoy, a dos meses de haber asumido el cargo, sus propias cuentas son otras. En el presupuesto para 2027 dice que, si logra llevar a cabo las medidas de reducción del gasto que planea, el próximo año cerraría con un déficit del 7,2%.
Por ahora, el gobierno no ha anunciado ningún proyecto concreto para bajar impuestos, como lo prometió en campaña.
Si lo hace, claro, podría terminar teniendo un efecto sobre el déficit.
“Si reduces una fuente de ingresos, tienes que explicar cómo la vas a reemplazar: con otros ingresos, con reducciones del gasto, con mayor crecimiento o con mayor endeudamiento. La aritmética fiscal tiene que cerrar”, concluye Jaimes.
