Ceuta, verdad política y verdad judicial
Tal como han evolucionado las últimas legislaturas, cualquier iniciativa que afecte a las relaciones entre el poder ejecutivo y el judicial es material altamente sensible y eventualmente inflamable. La propensión a hablar de lawfare —utilización de la justicia con fines políticos— y la tendencia del Consejo General del Poder Judicial al laissez faire —o manga ancha— con los jueces tienen posiblemente aturdida a una parte de la opinión pública en España, que con frecuencia no sabe bien a qué carta quedarse cuando se plantean choques entre poderes del Estado. Esta situación favorece un clima de sospecha más o menos generalizada que desde hace ya tiempo viene propiciando el deterioro de las relaciones institucionales y alimentando la desconfianza de la ciudadanía en su funcionamiento. La expresión “fines espurios” ha pasado a ser de uso común para definir la reserva que puede surgir ante posibles intenciones torcidas de todo tipo de decisiones, incluidas las judiciales.
En este ambiente ha llegado la apertura de una investigación de la Audiencia Nacional sobre la posible implicación de Marruecos en la preparación y desarrollo de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, los días 30 y 31 de julio último. De la gravedad del asunto nunca ha cabido duda alguna, y de la posible existencia de delitos igualmente graves, tampoco. Prejuicios aparte, el interés que ha suscitado la iniciativa de la jueza María Tardón tiene que ver con la posible utilidad y eficacia de una investigación judicial sobre este tipo de hechos. Junto a ello, lógicamente ha llamado mucho la atención que la magistrada ordenara que de la elaboración del informe del Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF) no se diera cuenta a los superiores del cuerpo, es decir, al Gobierno, que tiene a un ministro —Fernando Grande-Marlaska, también miembro de la carrera judicial— al frente de Interior.
Una medida de este tipo permite preguntarse, cuanto menos, hasta qué punto ha llegado la desconfianza entre los propios poderes del Estado. Se comprende muy bien que el instructor de una causa busque conseguir una total reserva en torno a los resultados de las investigaciones que ordene. Pero existe alguna diferencia entre indagar sobre las presuntas fechorías de políticos supuestamente corruptos o hacerlo sobre delitos que afectan a la seguridad del Estado. Ahora habrá que comprobar si las afirmaciones del informe policial obtenido por la jueza de la Audiencia Nacional casan con los que ha decidido hacer públicos el Gobierno, con la intención de que la opinión pública recupere alguna confianza en que el Ejecutivo ha actuado con responsabilidad al no atribuir a Marruecos una actuación que el propio presidente, Pedro Sánchez, definió como “una violación de la integridad territorial de España”.
Sería una mala noticia que en este asunto se pretendiera obtener una verdad judicial para oponerla a la verdad política u oficial, cuando el interés común de los poderes del Estado no puede ser otro que el de garantizar su seguridad, actuando desde luego con plena honestidad. Para acusar a un Gobierno, o a su presidente, de traición hace falta algo más que intuición. Si un hecho de estas circunstancias se probara tendría consecuencias de enorme importancia política y dimensión histórica. La miopía política, en cambio, no figura prevista en el Código Penal, por merecer otro tipo de sanción. Mientras tanto, es lícito preguntarse si partidos y asociaciones como Iustitia Europa, Hazte Oír o Se Acabó La Fiesta —esta rechazada como acción popular— representan intereses equiparables a los del Gobierno, el Ejecutivo ceutí o el PP, como principal partido de oposición. Por el interés general, ojalá la jueza Tardón sepa qué hacer con el melón que ha abierto.
