Ceuta causa otro choque entre la Justicia y el Ejecutivo por la reserva de un informe policial

El comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía, Julián Ávila, explicó esta semana de forma pormenorizada a sus superiores cómo la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, les había pedido guardar silencio sobre el informe policial que estaban elaborando en relación al paso de unas 70.000 migrantes a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio. En un documento que remitió a la cúpula policial, expuso que la jueza había pedido “máxima reserva” a miembros de su equipo a través de una llamada telefónica, diez días después del encargo. Este hecho ha vuelto a provocar un choque de primer orden entre el Gobierno y el Poder Judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se quejó este jueves de haber permanecido ajeno a la redacción del documento, que consideró “de gran interés” para que el Ejecutivo “ejerza con el mayor acierto sus funciones constitucionales”, pero los jueces (tanto la presidenta del Poder Judicial como la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional) defendieron que se trata de mantener la independencia de la justicia.

El miércoles por la mañana, tras la filtración del informe y después de que Marlaska pidiera explicaciones de lo sucedido al director general de la Policía, Francisco Pardo-Piqueras, este convoca a varios mandos para armar todas las piezas del puzle: al comisario general de Información, Javier Antonio Susin, y al comisario general de Extranjería, Julián Ávila, además de a su número dos, Alfredo García Miravete. Al terminar esa reunión, ambos comisarios generales escriben sendos informes, que presentan al Director Adjunto Operativo, José Luis Santafé, pasadas las tres de la tarde, detallando, entre otras cosas, por qué no habían informado antes a sus superiores.

En los documentos internos policiales, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se explica que en Extranjería reciben la petición de la magistrada el 3 de agosto (aunque fue firmada por la juez el 31 de julio) con el encargo de que indagaran si la crisis migratoria de Ceuta había sido “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal” y si se podía identificar a “quienes hubieran podido participar en tales acciones”. El relato que hace el comisario Ávila desgrana que a lo largo del mes de agosto “distintos mandos directivos” de la comisaría mantuvieron “conversaciones con la magistrada sobre la elaboración del citado informe”. Principalmente, hace referencia al jefe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) —que es el que rubrica el mentado informe apuntando a la participación de gendarmes marroquíes colaborando en las entradas de la frontera―, David Agorreta, y al comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).

En la resolución inicial que rubrica la magistrada para dar los primeros pasos de la causa, no se hace mención expresa a que los policías deban abstraerse de dar cuenta a sus superiores. Pero, según detalla el jefe de Extranjería, en una de esas conversaciones, concretamente el 10 de agosto, María Tardón sí les trasladó que mantuvieran “la máxima reserva sobre los extremos” que fueran incorporando al informe por la función de policía judicial que estaban cumpliendo. “Esta indicación se lleva a cabo en una conversación telefónica en audio abierto”, refleja, en la que estaban presentes los dos jefes de las unidades concernidas, dos inspectores jefes de la Policía y un jefe de servicio de cada unidad.

En esa llamada, además, Tardón les dice que “procuren avanzar de la forma más rápida posible para que a final de mes pueda ya recibirse algún tipo de informe al respecto”, aunque fuera “de forma preliminar”. La magistrada no había tomado la decisión de abrir causa o no, puesto que primero quería recibir el documento policial para ver si la competencia era concretamente de la Audiencia Nacional (en base a si los hechos presuntamente delictivos estaban liderados por una organización criminal, habían sucedido fuera de territorio español o afectaban a la seguridad nacional). Por ello, el 31 de agosto, Tardón vuelve a emitir otra resolución en ese mismo sentido, pidiendo que presentaran ya “el informe solicitado” o que anticiparan “en formato word” un avance del análisis.

Esa misma mañana, el jefe del CENIF remite el informe “en formato papel, cerrado y encuadernado, junto con un pendrive conteniendo material audiovisual y fotográfico diverso”. Dos policías de la comisaría general de Extranjería lo trasladan y lo entregan en mano a la juez. Lo hacen después de que El Español publicara el martes el contenido del informe Grande-Marlaska y el resto del Gobierno se entera de que las conclusiones apuntan a que lo sucedido en Ceuta no fue “algo accidental”, sino que la “finalidad migratoria” operó solo como una “cobertura formal” para “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”.

El choque con el Poder Judicial

Cuando el ministro del Interior tuvo el relato completo de los hechos, envió un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues consideraba que la información que iba en ese documento policial era útil para su departamento y no entendía la necesidad de que fuera reservada. En un nuevo choque entre el Ejecutivo y los jueces, la respuesta fue unánime tanto en público como en privado. La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, estuvo de acuerdo en que la situación era de extrema gravedad, pero defendió a Tardón y su trabajo en la función jurisdiccional. “Debemos mostrar el máximo respeto”, reflejó.

La Audiencia Nacional también cerró filas con esta magistrada, que pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y llegó al juzgado de instrucción de este órgano hace ocho años. En una carta firmada por unanimidad de los nueve miembros de la Junta de Gobierno, los jueces mostraron su “absoluto respaldo” a Tardón y manifestaron que “no solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación”, sino que más bien “está actuando para la preservación y defensa del interés general de España”. Fuentes judiciales muestran su enfado por este nuevo encontronazo con Marlaska, a pesar de que, dicen, es conocedor de la posibilidad que la ley otorga a los jueces para conminar a los equipos investigadores a encapsular la información. Recuerdan, por ejemplo, cuando él instruyó el sumario del caso Faisán en el año 2006 por un soplo en la banda terrorista ETA y rubricó una resolución en la que pedía a los agentes “abstenerse” de “informar a sus superiores, dada la reserva de la citada investigación”.

En este caso, fuentes del Gobierno señalan que no se trata de un procedimiento por corrupción, ni de una filtración que haya que analizar evitando las máximas injerencias, por ello, no alcanzan a entender por qué habría que guardar secreto sobre una información que, a medida que avance, puede ser útil para tomar decisiones en Interior. Mientras, otras fuentes judiciales insisten en que cualquier equipo que trabaje bajo la batuta de un juez pasa a realizar labores de policía judicial, por ende, el togado puede pedir sigilo si así lo considera.

Es el artículo 15 de la ley que regula la policía judicial el que expresa que los funcionarios de unidades de policía judicial “deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”, a reglón seguido, indica que esta obligación “no impedirá, salvo prohibición expresa del juez o fiscal competente, el intercambio interno de información dentro de la unidad orgánica para la mejor coordinación y eficacia de los servicios”. La norma no especifica si esta prohibición debe hacerse por escrito.