Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila y engranaje en la red de Los Mayitos
Un año después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su entones esposo, Carlos Torres Torres, las causas detrás de la medida confirman el vínculo del político honorario con el crimen organizado. “El Departamento de Estado de EE UU le revocó la visa en mayo de 2025 debido a su afiliación al cartel y su trabajo para el Cartel de Sinaloa”, ha detallado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) este martes en un comunicado. Los investigadores estadounidenses sitúan a Torres y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, como facilitadores políticos dentro de la estructura criminal, en especial de Jesús Alejandro Sánchez Félix, alias El Ruso, para proteger su actividad de intervenciones del Gobierno y de las fuerzas del Estado.
Torres ha lanzado un comunicado pocos minutos después de la publicación del Departamento del Tesoro para defender su inocencia ante los señalamientos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, así como de la involucración de Vive Orgánico, la empresa de la que es accionista, como lavadora de dinero del cartel. “Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, ha señalado en el documento. El exesposo de la gobernadora ha asegurado que las investigaciones se basan en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República el año pasado y que no se ha citado a comparecer a ningún testigo ni autoridad para esclarecer las acusaciones.
Los informes de la OFAC detallan que Torres recibió pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y aliado del Ruso. El titular recibía sobornos del líder de los Rusos a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. Ese dinero también se usaba para pagar a Torres para que permitiera operar al cartel con “cierta impunidad” en Baja California. Su hermano era el que recibía los sobornos y los blanqueaba a través de empresas y campañas políticas.
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