Bukele cede ante el FMI: frena la compra de bitcoin y entrega las reservas actuales a un operador privado

El Gobierno de Nayib Bukele ha aceptado, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no comprar más bitcoin y ha transferido “la propiedad mayoritaria y el control” de más de 7.763 criptomonedas, valoradas en más de 632 millones de dólares, a manos de “un operador privado”, según un comunicado emitido este jueves por el Fondo.

El anuncio se da en el marco de la tercera revisión del cumplimiento de las condiciones para un préstamo por 1.400 millones de dólares, programado en varios desembolsos y ejecutado desde principios de 2025. Este es un nuevo revés para uno de los proyectos más polémicos y ambiciosos de Bukele, luego de que en enero de este año retirara el bitcoin como moneda de curso legal, también por presiones del FMI.

De acuerdo con el comunicado del Fondo, el Gobierno mantendrá “una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos”, ahora en manos de privados. La entidad no especificó a qué empresa ni bajo qué condiciones se han trasladado las criptomonedas compradas con fondos públicos.

Desde que el Gobierno adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, toda la información sobre su costo y administración ha permanecido bajo reserva. La única información accesible se conoce a través de la página web The Bitcoin Office, el sitio oficial de divulgación sobre los llamados Fondos Bitcoin. Según esa oficina, el Ejecutivo ha seguido adquiriendo la criptomoneda incluso después de la firma del préstamo con el FMI, a pesar de que frenar la inversión era una condición explícita para ello.

En el comunicado emitido el jueves, sin embargo, la entidad financiera señala que los últimos bitcoins han sido adquiridos gracias a “donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos” y subrayó que el Gobierno se comprometió a no invertir más. “En adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcoin más allá de las donaciones documentadas”, dice el documento.

Opacidad estatal

Bukele inició su cruzada por el bitcoin en junio de 2021, cuando la instauró como moneda de curso legal, asegurando que su implementación traería prosperidad, libertad económica e inclusión financiera. Sin embargo, la medida fue rechazada por el 71% de la población y apenas un pequeño porcentaje la utilizó alguna vez, según mediciones locales.

Para su puesta en marcha, el Gobierno creó un fideicomiso de 150 millones de dólares y entregó un “bono” de 30 dólares a cada ciudadano que descargara la billetera digital Chivo Wallet en su teléfono. También invirtió otros 50 millones en instalar cajeros y poner en marcha la logística. Aunque muchos ciudadanos la descargaron, la mayoría gastó el incentivo y dejó de usarla.

El mismo año en que se lanzó la plataforma, la Fiscalía reportó cientos de denuncias por usurpación de identidad y hurtos que alcanzaron un monto de hasta 840.000 dólares, según investigaciones periodísticas. La empresa detrás de la billetera gubernamental es Chivo Wallet S.A., una sociedad público-privada que no puede ser fiscalizada.

El manejo del bitcoin ha sido oscuro y el gasto no aparece en la ejecución del presupuesto del Estado. Ante las críticas, Bukele ha mostrado, como es característico en él, una actitud retadora y ha llegado a sugerir que compra bitcoin con dinero público desde su teléfono mientras está en el baño. En noviembre de 2022, cuando el precio de la criptomoneda descendió casi un 30%, publicó en su cuenta de X que, desde ese momento, compraría “un bitcoin al día”.

En enero de este año, tras las presiones del FMI, el oficialismo retrocedió y retiró el bitcoin como moneda de curso legal, modificando seis de los dieciséis artículos de su propia ley. Sin embargo, The Bitcoin Office ha publicado la adquisición de 1.714 bitcoin más, presuntamente provenientes de “donaciones”. Las autoridades no han revelado quiénes son los supuestos donantes.

Hasta hoy, no se tiene claridad de dónde salen los fondos ni quién lleva una contraloría sobre ellos. Según la ley, el Banco Central de Reserva (BCR) es el ente encargado de manejar las reservas internacionales del país; sin embargo, los fondos bitcoin no aparecen reflejados en sus cuentas en ningún ejercicio fiscal.

Bukele presentó la adopción del bitcoin como uno de sus mayores aciertos ante el mundo en 2021. Ese mismo año, El Salvador llegó a ser bautizado como “el país del bitcoin”. Pero la promesa tardó poco en chocar con la realidad: a finales de 2022, el 91,7% de la población consideraba que su situación económica seguía igual o había empeorado, según las encuestas. Dos años después, a mediados de 2024, un estudio del BCR reveló que el número de personas en situación de pobreza había aumentado en 55.000 respecto al año anterior.