Alito Moreno acumula visitas a Estados Unidos para denunciar el “autoritarismo de Morena”, mientras lidia con su proceso de desafuero

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ha regresado a Estados Unidos por tercera vez en lo que va del año. En su nueva visita a Washington, Alito ha presentado una denuncia en el Departamento de Estado en contra de tres consejeros electorales, a los que acusa de coartar su libertad de expresión. El activismo del líder priista, que apenas en mayo estuvo en la capital estadounidense para denunciar a líderes morenistas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, coincide en tiempo con la última fase de un proceso de desafuero en su contra, que podría reactivarse en septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

En los últimos meses, Moreno ha redoblado su ofensiva en contra del Gobierno y del partido oficialista Morena. Suma cinco viajes a Washington DC en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum: en febrero y agosto de 2025; y en febrero, mayo y agosto de 2026. Esas giras incluyen reuniones con legisladores republicanos y demócratas, politólogos, políticos como la venezolana María Corina Machado, medios de comunicación, autoridades de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, y funcionarios del Gobierno de Donald Trump. Sus viajes han tenido como principal objetivo denunciar a Morena como cabeza de un “Gobierno autoritario” y con nexos con el crimen organizado, y solicitar la intervención estadounidense para procesar a políticos del partido gobernante, empezando por el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ya con licencia luego de que el Departamento de Justicia exigiera a México su detención.

El 10 de febrero de 2026, el líder priista se reunió con congresistas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ante ellos, dijo que “México necesita acabar con los narcopolíticos de Morena”. En mayo, acudió al Capitolio -donde grabó un video para exigir la extradición de los funcionarios del Gobierno de Sinaloa solicitados por la Administración Trump- y entregó un documento al Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro solicitando que se declare a Morena “asociación terrorista” por el caso Sinaloa, tal como se hizo hace años con el partido vasco Batasuna y la organización terrorista ETA. “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, y no tener miedo para seguir denunciando a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país”, dijo en esa visita del 15 de mayo.

Este lunes, Alito ha presentado un documento dirigido a diversas instancias de la Secretaría de Estado en el que denuncia a tres consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral -Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Gómez- por haber aprobado una resolución que lo obliga a bajar de sus redes sociales -y de las redes oficiales del PRI- publicaciones en las que se vincula a Morena con las expresiones: “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “cártel de Morena” y “narcopartido”.

Los consejeros del INE dieron la razón a Morena, que se quejó de que estas expresiones son calumniosas, pues le atribuyen falsamente vínculos con la delincuencia organizada. Moreno protestó por esta decisión, que calificó de censura, e impugnó la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendrá la última palabra.

En su querella ante el Gobierno de Estados Unidos, Moreno pide utilizar como antecedente el caso del juez brasileño Alexandre Moraes, a quien le fue revocada su visa en julio de 2025 -junto con la de su esposa y miembros de su equipo- luego de que ordenara medidas extraordinarias en contra del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado en contra de Luis Inácio Lula da Silva en enero de 2023. Según Alito, “ese antecedente demuestra que las autoridades estadounidenses ya han utilizado sus herramientas para responder frente a conductas que consideran graves afectaciones a la libertad de expresión”.

Moreno ha dicho que acudirá también a la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que, según él, es un intento por acallar a la oposición en México. “Todo lo que dañe y destruya el régimen democrático debe ser conocido a nivel internacional, cuando corresponda, sancionado. En México tenemos un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición”, ha explicado.

La acusación contra Moreno

Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, año en el que se separó del cargo para convertirse en presidente nacional del PRI. En sus siete años al frente del partido tricolor, ha ostentado también los cargos de diputado federal (2021-2024) y senador de la República en la actual Legislatura. Su fuero de legislador le ha permitido evadir las acusaciones de enriquecimiento ilícito que la Fiscalía de Campeche interpuso en su contra desde 2022, junto con una primera solicitud de juicio político.

En la segunda denuncia, presentada en julio de 2025, Moreno es acusado del desvío de 83,5 millones de pesos, lo que ha abultado su expediente en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que en abril pasado recibió nuevas pruebas de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. La comisión jurisdiccional, presidida por el diputado Hugo Éric Flores -aliado de Morena y dirigente del nuevo Partido PAZ– suspendió el análisis del expediente durante el receso legislativo, como lo estipulan las normas, pero en septiembre deberá retomarlo, según diputados integrantes de la instancia jurisdiccional.