Alejandro Betancourt “desapareció” de su castillo en España el día que la policía lo iba a detener

La Policía tenía monitorizados los movimientos de Alejandro Betancourt desde finales de agosto de 2025. Lo investigaban en secreto tanto en España como en Suiza y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo ubicaba la mañana del 28 de agosto en su finca de Alamín (Toledo) —una propiedad de unas 1.440 hectáreas valorada en más de 25 millones de euros— porque tenían constancia de su llegada al aeropuerto de Barajas con su familia. Seis agentes se personaron en Santa Cruz de Retamar, donde está el castillo, pero en lo que tardaron en recorrer todo el jardín exterior y acceder al mismo, Betancourt había “desaparecido”, según relatan fuentes de la investigación. En la vivienda solo estaban la madre y la esposa de Betancourt, que se negaron a llamar por teléfono al empresario.

Los detalles hasta hoy desconocidos de esta operación ganan relevancia ahora que Betancourt, señalado como uno de los jóvenes empresarios que se enriquecieron a la sombra del chavismo, se ha convertido en el hombre de confianza de la Administración de Donald Trump para explorar y comercializar el petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro. Su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) —hoy la segunda mayor productora privada de crudo de Venezuela— es el principal vehículo del acuerdo entre Washington y Caracas para explotar 17 campos petroleros, con unas reservas de 65.000 millones de barriles. Betancourt ha pasado de ser un empresario investigado por la justicia de varios países a convertirse en una pieza clave de la nueva política energética de Estados Unidos en el país sudamericano.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS revela que la operación Bolívar —como se denominó esta acción que terminó con el registro de dos inmuebles de Betancourt— terminó sin la detención del empresario, señalado en una causa que indaga sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal tras un supuesto desfalco de miles de millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA que comenzó en 2012. La orden de entrada y registro —que incluyó también las propiedades del ex viceministro chavista de Energía, Nervis Villalobos, y de Pedro Trebbau López, primo de Betancourt— partía de las autoridades suizas y fue ejecutada por la Audiencia Nacional.

A las 11.00 de la mañana de aquel 28 de agosto, los agentes iniciaron un dispositivo en los alrededores del castillo, una gigantesca propiedad, ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste de Madrid, con pista de tenis, espacio para hacer monterías y una gran mansión que en el pasado perteneció al expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán. El castillo, comprado a través de su sociedad Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste S.L., es propiedad de Betancourt desde 2012 y se convirtió en escenario de reuniones de grandes empresarios y políticos.

Entre ellas, la que mantuvo en 2019 con el exalcalde de Nueva York y entonces abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani —que meses más tarde intercedería por él ante el Departamento de Justicia de EE UU— y el padre del líder opositor Juan Guaidó, a quien —según trascendió después— Betancourt habría financiado en secreto, lo que abrió una brecha en su relación con el chavismo. Aquel mismo año, el entonces ministro de Comunicación y hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció públicamente una trama corrupta que alimentaba esos vínculos entre Guaidó y Betancourt. Seis años después, es su hermana, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien lo defiende como aliado petrolero. “Muchas veces una persona es juzgada en los medios antes que en los tribunales”, dijo.

A las 12.00 los funcionarios de la UDEF atravesaron el camino de tierra, “quedando asegurado con personal policial uniformado al efecto de controlar la entrada y salida de cualquier vehículo”, y sobre las 12.25 llegaron al interior del inmueble.

Los documentos policiales reconocen que, debido al “tamaño y extensión” de la finca, el despliegue de la Policía tuvo que ser “rápido in situ”, pero mientras caminaban, distintos trabajadores y familiares en la finca ya comenzaron a ver a los agentes. Cuando llegaron al interior de la vivienda, encontraron a la madre y esposa del venezolano que, “al ser consultadas por el paradero” de este, “emitieron testimonios contradictorios”. Primero, dijeron que “había salido a dar un paseo”, después, que “se había ido a Madrid un rato antes” de que los agentes llegaran. Lo cierto es que ya no volvió y la UDEF no lo encontró. Pidieron sin éxito a las mujeres que lo llamaran, pero ambas se negaron y pidieron telefonear a su abogado.

Ese mismo día la policía de Zúrich (Suiza) había viajado a Madrid y en el despliegue había también agentes de la Europol y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que trabajan en la embajada estadounidense en España, según confirman las citadas fuentes. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a cargo del caso en España, permitió que participaran los países interesados en colaborar con esta causa.

Hubo errores, reconocen estas fuentes de la investigación, porque no lograron arrestar a Betancourt aquel día: para cuando entraron en la vivienda, ya no estaba allí. El juez Pedraz emitió entonces una orden de búsqueda y captura, una vez localizado, una petición de extradición a España. Los investigadores detectaron más tarde que había salido de España vía Lisboa, según explican fuentes de la causa.

Semanas después, en octubre, Betancourt fue detenido en Londres por primera vez y declaró por videoconferencia. El 27 de octubre de 2025, el magistrado dejó sin efecto tanto la extradición como la orden de detención. Días después, Betancourt volvió a ser detenido a instancias de la Fiscalía de Zúrich, que logró que la policía británica lo arrestara en la estación de Charing Cross, en el centro de Londres. Betancourt pagó una fianza de dos millones de libras (2,3 millones de euros) y quedó en libertad.

Tras esas detenciones, el empresario ha contado con el respaldo de Washington que, a pesar de su reputación, lo ha defendido como socio del acuerdo petrolero. Altos funcionarios de la Administración Trump presionaron directamente a los fiscales suizos, según reveló The Washington Post, para lograr que Zúrich retirara en mayo la solicitud de extradición de Betancourt al Reino Unido, aunque la causa penal en su contra sigue abierta. En España, lo que juega a su favor hasta ahora es el silencio: la investigación de la Audiencia Nacional depende de que Washington autorice la declaración judicial de cinco testigos —ya condenados en Estados Unidos por corrupción en PDVSA— cuya comisión rogatoria se remitió hace casi un año sin respuesta. El juez Pedraz ha advertido que, si Estados Unidos no contesta antes de diciembre, la causa volverá a archivarse.

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