Una acusación de despojo contra dos ancianas pone en evidencia la crisis de la vivienda en Ciudad de México
María Estela y Sara Giles, de 85 y 90 años, vivían desde hace aproximadamente 15 años en la colonia Las Águilas. Eva Cisneros Ríos, su prima, las invitó a que se muden con ella. Las tres, sin familia cercana en el país, se hacían compañía en esa casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Sin embargo, Eva falleció en 2024. Tras su muerte, desde el propio funeral, según cuenta Silvia Olvera, abogada de las hermanas, unos compadres de la difunta y su ahijado comenzaron a hostigarlas exigiendo la entrega de la propiedad. Decían ser los nuevos dueños. Las hermanas les exigieron ver una resolución o sentencia de adjudicación judicial, a lo que respondieron con amenazas de sacarlas “por las buenas o por las malas”. La letrada asumió su caso a finales de 2025 y solicitó medidas de protección instruidas por un juez de control, lo que cesó temporalmente las molestias. Sin embargo, un mes después, con una presunta irregularidad en las acciones de funcionarios de un Ministerio Público, fueron denunciadas penalmente por el delito de despojo.
La situación de las hermanas Giles, dos mujeres solitarias y sin hijos, ha vuelto a poner en evidencia la crisis de la vivienda en Ciudad de México. A poco más de un año de las protestas contra el desplazamiento, el desalojo y despojo que han alimentado fenómenos como la gentrificación y la turistificación de la capital, así como un boom inmobiliario al margen de la ley, diversos activistas y colectivos ven promesas incumplidas por parte del Gobierno capitalino para aplacar este malestar social que, según afirman, “viene empeorando”.
Olvera, que forma parte de la organización Abogados Convencionalistas de México, se enteró del caso por un citatorio del Ministerio Público de Álvaro Obregón. Al acudir, en la fiscalía pusieron diversos pretextos para no mostrar la carpeta de investigación, de manera intempestiva, la enviaron a “proyecto de judicialización” para formular imputación sin darles acceso ni permitirles aportar pruebas en fase inicial.
Ante esta violación de derechos, la defensa promovió un juicio de amparo y denunciaron al Ministerio Público ante el Órgano Interno de Control. La carpeta solo contenía la denuncia de la querellante y los dichos del hijo y del esposo —los compadres y ahijado—, sin ningún dato de posesión previa por parte de ellos. La defensa entrevistó a vecinos y a otros testigos, quienes confirmaron que los denunciantes jamás vivieron ahí. La audiencia de las hermanas Giles se aplazó para este viernes 2 de octubre, donde se determinará si son vinculadas a proceso. “El Ministerio Público intentó coaccionarlas para que firmaran un acuerdo donde entregaran la casa. Tras el amparo, se asignó una nueva fiscalía local que reconoció no comprender cómo se había judicializado el expediente. Se iniciaron denuncias contra la querellante y sus abogados por amenazas y extorsión”, explica Olvera vía telefónica.
Las hermanas Giles han tenido este viernes una primera audiencia en el Ministerio Público. La abogada de las mujeres ha explicado que la jueza ha considerado que no existía información suficiente como para iniciar este proceso judicial. Esto no significa que la carpeta de investigación haya sido eliminada. “Nos está regresando al paso que el Ministerio Público malamente se quiso saltar, que era la integración inicial de la carpeta. Es un pequeñito logro para que ellas, sin que las coacciones o les nieguen la participación en esta investigación, puedan tener este acceso a la justicia y a defenderse en una fase previa a la audiencia de formulación de imputación”, aclara.
El proyecto Memorial Urbano lleva al menos siete años trabajando en la elaboración de un mapeo del desalojo en Ciudad de México. Gracias al acceso a la información que existía antes, pudieron obtener datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y pudieron contabilizar e identificar que en 2019 ya se producían alrededor de ocho desalojos al día.
Sin embargo, en la actualidad no han logrado obtener la misma información por las limitaciones en transparencia de las instituciones públicas. Una representante del colectivo dice que el Tribunal Superior de Justicia de la capital es el único a nivel México que sí tiene un registro de los desalojos judiciales, dividiéndolos en inquilinarios y no inquilinarios. Frente a esta situación y los fenómenos muy acelerados de gentrificación y turistificación de Ciudad de México, los integrantes de Memorial Urbano se dieron a la tarea de hacer un nuevo corte de esa situación y mapear los desalojos de los últimos 10 años. Intentan construir una base de datos que por ahora tiene alrededor de 400 desalojos directos, que son los que derivan de un mandamiento judicial, independientemente de la razón, precisa la representante.
Lo sucedido con la española Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que tuvo que enfrentarse a un proceso de desahucio en Madrid y que desató un intenso debate político y social sobre la actuación de las empresas propietarias de inmuebles frente a inquilinos con contratos antiguos en España, ha hecho eco en todo el mundo. México no ha sido la excepción. Máximo Jaramillo, académico y activista político que ha dado seguimiento a la crisis de la vivienda en el país, explica que ya no se compran propiedades habitacionales solamente con el objetivo de vivir en ellas, sino también de venderlas a un sobreprecio, de especular con ellas o de estarlas rentando mes a mes a personas que necesitan dónde vivir, “personas desposeídas que tienen que ir con las personas que las acumulan”, afirma vía telefónica.
El también autor de El gran despojo (Penguin Random House, 2026) dice que uno de los factores que influyen en este problema es la desigualdad de riqueza y de patrimonio y el componente de globalización. “La desregulación del mercado de la vivienda en México es mucho mayor: hay menor regulación y menor porcentaje de viviendas públicas en manos del Estado. En España esto también se redujo en los últimos 40 años, pero en México esto básicamente nunca ha existido”. Jaramillo dice que en España cerca del 4% del parque habitacional residencial está en manos de empresas. “El gran problema de México es que no podemos acceder a esa información porque aquí el catastro es completamente obsoleto, no está digitalizado o no es transparente. La problemática es muy parecida o más grave, pero en nuestro país tenemos menos capacidad para analizar esa gravedad”, agrega.
En medio del caso de las hermanas Giles, también sale a relucir la situación del desalojo de las 19 familias en la calle de República de Cuba 11 —ubicado en el centro histórico de la capital—, que fueron desahuciadas en agosto de 2025. Lo ocurrido ahí es considerado emblemático, ya que se mantuvieron en pie de lucha fuera de la propiedad y su caso condujo a destapar toda una estructura de corrupción que permitió este accionar. El Gobierno de Ciudad de México expropió el edificio a favor del Instituto de Vivienda el pasado 17 de septiembre para destinarlo a vivienda de interés social.
Sin embargo, desde el Frente Anti Gentrificación CDMX, consideran que el Ejecutivo de Clara Brugada se ha puesto una medalla que no les corresponde respecto al caso Cuba 11. “Eso fue un resultado exclusivo de la lucha de los vecinos y no un logro gubernamental, aunque la jefa de Gobierno lo haya presumido en su visita a Nueva York [durante la cumbre del Urban20 (U20) donde se reunió con el alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani]”, explica una portavoz de uno de los movimientos que protagonizaron las protestas en Ciudad de México en julio de 2025. “Fue a raíz de este descontento social que Brugada planteó el Bando 1, una estrategia de su Gobierno para combatir la gentrificación y regular el mercado de la vivienda. “Se habló de la Ley de Rentas Justas, la regulación de Airbnb y la Ley de Arraigo Vecinal, pero los avances no se ven y la regulación de Airbnb se aplazó hasta diciembre. Somos la capital de desalojos. En resumen, las medidas fueron solo para apaciguar lo que sucedía hace un año”, reclama la activista.
Con casos como el de María Estela y Sara Giles, que se producen a diario, u otros plantones de protesta por desalojo en distintas alcaldías de Ciudad de México que aún permanecen a pie de guerra, la crisis de la vivienda en la capital no merma y el panorama, según los distintos colectivos, no es el más optimista.
