De Ceuta a Sol: a quién favorece y perjudica el cambio de asunto político estrella

Hasta el miércoles de la semana pasada, no había discusión sobre cuál era el tema político estrella: la inmigración, más aún con Ceuta en carne viva. Y si había un cambio de plano era para darle minutos a la corrupción, la mayoría de las veces por casos que afectan al PSOE. Hasta que, de repente, llega el giro de guion. El desahucio de Maricarmen provoca una manifestación que deriva en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, con réplicas en Barcelona, Sevilla y Málaga, en una movilización que no amaina y que a su vez precipita la aprobación por el Gobierno de dos decretos enviados al Congreso con urgencia. Luego, este viernes, el naufragio de los dos decretos. Y empieza a circular la hipótesis de que Pedro Sánchez podría adelantar las elecciones haciendo campaña con la vivienda por bandera ante el rechazo a las medidas del Gobierno por parte del PP, Vox y Junts.

Pero, ¿realmente abre este protagonismo de la vivienda una oportunidad para que la izquierda rompa su dinámica negativa, que la mantiene lejos del bloque del PP y Vox, situado en torno al 50% del voto? Fuentes de Moncloa, el PSOE y Sumar coinciden en prever que no habrá cambios inmediatos ni drásticos en el panorama demoscópico y en que la inmigración seguirá siendo un tema muy presente, pero también valoran positivamente el —al menos momentáneo— cambio en la ordenación de las prioridades.

Hay razones objetivas para que lo vean así. Los datos demoscópicos muestran que la vivienda es un tema en el que, a diferencia de la inmigración, el actual sentido común presenta una inclinación más a la izquierda que a la derecha. Es más, el diagnóstico y las principales medidas del Gobierno cuentan con un mayoritario respaldo social. Pero, junto a estos pros, también hay contras para las fuerzas progresistas. Dos expertos en demoscopia que han estudiado las visiones de la opinión pública sobre la vivienda coinciden en resumirlo así: el ascenso de la vivienda en el exigente mercado de la atención supone un cambio favorable para las fuerzas del Gobierno, pero para su capitalización electoral cargan con el lastre de la dificultad de presentar un balance de éxito sobre el tema.

Inmigración contra vivienda

Si tener la vivienda en primer plano activa al electorado progresista está por ver. Lo que sí ofrecen las encuestas son dos certezas de partida. La primera, que ahora mismo está más desmovilizado que el conservador. La segunda, que si la inmigración es el tema que más preocupa a la derecha, la vivienda es el que más preocupa a la izquierda.

Además, los datos también indican que, sobre la vivienda, el eje de las posiciones está situado más a la izquierda que sobre la inmigración. No es que las posiciones del Gobierno, menos aún del Sindicato de Inquilinas, sean hegemónicas. Como en todo tema político, la polarización imprime su sello. Pero el patrón es diferente que en la inmigración.

¿Ejemplos? En inmigración, posiciones consideradas por los partidos de izquierdas como xenófobas, como vincular la regularización de la inmigración con un aumento de la inseguridad, cosechan más respaldo (48,4%) que rechazo (42,8%). Y si en los votantes de Vox y el PP son claramente mayoritarias, tampoco son desdeñables en el PSOE (34,9%) y Sumar (19,6%), con datos de 40dB., que muestran que el 60% de la población opina que hay “demasiados” inmigrantes. Otra vez, esta idea es menor en la izquierda, pero no residual: 45% en el PSOE y 24,4% de Sumar. Si las estadísticas llevan meses mostrando un endurecimiento de las visiones sobre inmigración, más negro se pone aún el dibujo para el Gobierno cuando se mezcla Ceuta, donde las encuestas suspenden su gestión.

El panorama es distinto en vivienda. Una encuesta de marzo de More in Common ya mostraba una mayor inclinación hacia las tesis dominantes en la izquierda. Un ejemplo: son más los que creen que el principal problema es la especulación (44%) que los que piensan que es la escasez de construcción (33%). Otro estudio, publicado esta semana por la Universidad Carlos III, muestra que los fondos de inversión, además de ser “causa importante o principal” de la crisis de la vivienda para el 87% de los votantes de Sumar y el 76% de los del PSOE, lo son también para el 59% del PP y el 50% de Vox. Dichos fondos y las plataformas turísticas son los agentes del sector que despiertan más antipatía. A los grandes inversores extranjeros se les atribuyen 6,4 puntos de culpa, más que a la inmigración (4,5).

Como pasa con la inmigración, la fotografía que resulta del estudio, realizado con datos de mayo y junio, está llena de claroscuros. Por ejemplo, medidas como liberalizar suelo, en la que ponen más énfasis el PP y Vox, reciben el respaldo de la mayoría del electorado de Sumar (66%) y más de un tercio de la población cree que la llegada de inmigrantes es la principal causa de la subida de precios, la tesis de Vox. Pero, en contraste con lo que pasa con la inmigración, aquí predominan los resultados que muestran que son mayoría los que defienden medidas del repertorio izquierdista como regular los precios del alquiler (65%), limitar los pisos turísticos (64%) y gravar a los multipropietarios (57%).

Al mismo punto señala el barómetro monográfico de 40dB. publicado este viernes, con entrevistas realizadas en pleno debate político y social por el caso Maricarmen. Las tesis dominantes en los principales partidos de izquierdas se imponen no solo entre los votantes progresistas, sino también entre quienes respaldan al PP y Vox, aunque por menos distancia. Un 67,5% de los encuestados —incluyendo la mayoría de los votantes no solo del PSOE (82,6%), Sumar (95,8%) y Podemos (85,4%), sino también del PP (56,5%) y Vox (55,2%)— están a favor de las políticas de limitación de los precios de la vivienda aunque su aplicación implique una pérdida de rentabilidad del casero. En cambio, los que piensan que solo el mercado debe establecer los precios intervención del Estado, aunque esto limite el acceso a la vivienda, se quedan en un 21,7%.

Entre el 70% y 75% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con aplazar los desahucios a personas vulnerables, regular el precio de los alquileres y ponerles topes anuales, tres medidas incluidas en el decreto de función social de la vivienda, uno de los dos tumbados este viernes. Son medidas que además cuentan con más respaldo que rechazo en los electorados no solo de izquierdas, sino también —aunque más tibiamente— en los de derechas. También de más de un 50% de apoyo dispone la idea de subir impuestos a los propietarios de viviendas vacías. En este caso, con la oposición de la mayoría de los que prevén votar a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal.

Por supuesto, aquí también hay espacio para para los grises. La derecha no está en absoluto en fuera de juego. Las medida que genera más consenso es ampliar la oferta de vivienda social (82,4%), algo en lo que coinciden todos los partidos. Y dar ventajas fiscales a los pequeños propietarios para que alquilen a precio asequible, una opción en la que insisten el PP y Vox y que suele suele ser recibida con escepticismo por Sumar y Podemos, genera entre los votantes de estos dos partidos más adhesión que censura.

Pero de nuevo se pone de relieve que la mayoría de medidas del repertorio progresista que el PP y Vox rechazan de plano tienen más defensores que detractores. Y ahí entra también la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, una de las principales medidas de la Ley de Vivienda. Casi dos tercios de la ciudadanía la consideran “necesaria”, incluyendo más de la mitad de los votantes de Feijóo y Abascal.

Un marco “más favorable”

El politólogo Pablo Simón, autor del estudio publicado por la Universidad Carlos III, ve ambivalante el escenario abierto. Por un lado, “en términos de políticas públicas, la vivienda es un marco más favorable para la izquierda”, que además “permite al Gobierno llevar la iniciativa” y a las fuerzas a la izquierda del PSOE “levantar una bandera”. Pero, por otro lado, en lo que respecta a la izquierda alternativa sus tensiones internas y sus dificultades para alinearse con la movilización popular hacen dudoso —a su juicio— que salga fortalecida; y en lo que respecta a la capitalización electoral del debate, las fuerzas del Ejecutivo sufren la “dificultad de presentar un balance de medidas que realmente se hayan notado”. Y aunque es verdad, concluye, que siempre pueden acusar al PP de boicotear sus medidas desde las comunidades, el profesor de la UC3 subraya que es el Gobierno el que se ha “puesto en la diana” a sí mismo al bautizar esta como la “legislatura de la vivienda” y crear un Ministerio de Vivienda, por lo que ve factible que el malestar social por el problema también se dirija hacia el Ejecutivo y sus integrantes.

Parecido diagnóstico alcanza Juan Francisco Caro, analista de datos y director del instituto Opina 360, que esta semana ha publicado un trabajo sobre preocupación acerca de la vivienda. A su juicio, la “ebullición” en torno a la vivienda coloca a priori al Gobierno en un terreno “más favorable” que Ceuta. “Al dar una respuesta rápida al caso Maricarmen, han amortiguado sus posibles efectos negativos con medidas bien acogidas por el electorado, sobre todo de izquierdas, incluso aunque hayan decaído”, señala. Ahora bien, la clave es qué pasará cuando se enfríen los titulares y “el problema siga ahí, porque los factores estructurales no van a desaparecer a corto plazo”.

“Cuando llegue la hora de votar en unos meses, el protagonismo de la vivienda seguramente habrá menguado. Y aunque se mantuviera, el Gobierno tendrá difícil tanto hacer balance como presentarse como quien ofrece las soluciones”, señala Caro, que subraya un dato publicado esta semana por el CIS que ilustra las escasas expectativas de cambio en la sociedad: solo un 13,2% cree que el acceso a la vivienda mejorará, números también bajos en el PSOE (15,4%) y Sumar (9,6%).