Feijóo derogará el decreto de vivienda si llega a La Moncloa y dejará los desahucios en manos de los servicios sociales

El Partido Popular hace un diagnóstico demoledor de los dos decretos de vivienda que el Gobierno ha aprobado para atajar los problemas de la crisis habitacional y la protección de los más vulnerables, como Maricarmen Abascal. El análisis de los populares es que las medidas de protección para evitar desalojos de los desfavorecidos hasta 2030 y la prórroga obligatoria de los alquileres en vigor dos años más van a provocar una disminución drástica de la oferta de pisos disponibles para alquilar, además del incremento de los precios y de las okupaciones. Desde ese análisis, la dirección del PP deja claro que, si Alberto Núñez Feijóo llega al poder, derogará estas normas, de forma que decaería el llamado escudo antidesahucios. Fuentes de la cúpula popular explican que, en ese caso, los desalojos de los vulnerables quedarían en manos de los servicios sociales.

El decreto principal que se vota mañana incluye una suspensión de determinados desahucios de personas o familias vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional, una protección que se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030. La medida está pensada para evitar casos como el de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa en el barrio de Retiro de Madrid que ha provocado un estallido social, con acampadas en algunas de las principales ciudades españolas que reclaman medidas urgentes para atajar los excesos del desbocado mercado de la vivienda. El decreto establece también una prórroga de los alquileres para tratar de frenar la escalada de precios. Pero para el PP, ambas medidas van a provocar un efecto pernicioso porque van a reducir la oferta y van a impedir que los que estén pendientes de un alquiler no puedan acceder al mercado, sobre todo si tienen alguna condición de vulnerabilidad, porque los caseros evitarán alquilarles sus viviendas, según insisten fuentes de la dirección popular.

El modelo del PP pasa, por tanto, por evitar esas protecciones, aunque eso implicaría que, en consecuencia, se pudiera desahuciar a vulnerables. Fuentes populares explican que, en opinión del partido, los desahucios son un problema que se debe enfrentar desde las políticas sociales y no desde la modificación de la ley de arrendamientos. Bajo un Gobierno del PP, si una familia es desahuciada se derivaría el caso a los servicios sociales municipales para que trataran de buscar una alternativa habitacional, según indican fuentes de la dirección popular. Aunque el caso de Maricarmen demuestra que este sistema, que ya existe actualmente, tiene muchos déficits porque los Ayuntamientos no tienen recursos suficientes para dar alternativas óptimas a todos los desalojados.

La receta del PP para atajar la crisis de la vivienda se basa en construir un millón de casas nuevas, para lo que plantea movilizar suelo con una rebaja del precio de hasta el 30% respecto a la media del mercado. Los populares piden más financiación a las comunidades y mayor capacidad de gasto a los ayuntamientos que faciliten la construcción de vivienda, ya que tampoco las autonomías y consistorios del PP, que tienen amplias competencias en materia de vivienda, están dando un impulso decisivo a la construcción. Para que sea posible un aumento de la oferta de ese volumen, el PP plantea una nueva ley del suelo que agilice trámites y traer inmigración ordenada para trabajar en la construcción, según explican fuentes populares. En tercer lugar, Génova apuesta por rebajas fiscales para que los jóvenes puedan convertirse en propietarios con una rebaja del IVA y del impuesto de transmisiones patrimoniales.

Los populares cuestionan también la técnica legislativa de los dos decretos del Gobierno, que son parcialmente incompatibles ya que el segundo ―aunque se da por hecho que va a decaer― implica una prórroga indefinida de los contratos de alquiler que choca con la prórroga de dos años del primer decreto. El PP alerta de que el segundo decreto va a estar unas horas en vigor, por tanto, generará expectativas que serán reclamadas por los particulares, porque pese a que previsiblemente va a decaer en la votación se publicará la medianoche de este jueves en el BOE y no se votará hasta las dos de la tarde del viernes.

Además de los particulares, el PP también va a recurrir los decretos ante la justicia, aunque en caso de que entren en vigor mañana si son convalidados. Varias comunidades autónomas populares han anunciado ya que interpondrán recurso, como Castilla y León y Aragón, y Génova estudia seguir sus pasos si este viernes las normas salen adelante.