La Corte Suprema de Argentina elimina trabas a la venta de tierras a extranjeros
La Corte Suprema argentina despejó este martes el camino para que particulares y empresas extranjeras puedan comprar todas las tierras que quieran en Argentina. El máximo tribunal revocó el fallo de una instancia inferior que había frenado el artículo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el Gobierno de Javier Milei derogó en 2023 la Ley de Tierras Rurales, que impone límites a la venta de tierras. La decisión vuelve a habilitar el artículo, en la práctica, abre las puertas de par en par a los extranjeros menos de dos meses después de que el Congreso obligase al Gobierno a dar marcha atrás en un segundo intento de eliminar las restricciones en medio de grandes movilizaciones en las calles.
La oposición ya ha rechazado el fallo e intenta convocar una sesión extraordinaria de forma urgente. “Argentina no se remata”, ha advertido el diputado socialista Esteban Paulón, uno de los primeros en reaccionar. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ha acusado a la Corte Suprema de legislar “de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”.
La resolución, firmada por los tres jueces supremos —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. Se limita a señalar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que había iniciado la demanda carecía de legitimación para plantear el caso y que no existía una controversia judicial que habilitara su intervención.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, fijaba un máximo del 15% de las tierras rurales del país que podían estar en manos extranjeras y establecía, además, límites por nacionalidad y por titular. El mega DNU 70/2023, dictado por Milei apenas diez días después de asumir la Presidencia, derogó esa ley a través de su artículo 154, pero durante dos años estuvo paralizado en los tribunales. La decisión de la Corte modifica ahora ese escenario.
Rechazo del Congreso
El Gobierno no se mantuvo con los brazos cruzados durante este tiempo. Convencido de que las restricciones eran un obstáculo para la la llegada de inversiones, intentó eliminarlas a través del Congreso. El proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada incluía originalmente un capítulo destinado a modificar la Ley de Tierras y flexibilizar los límites a la propiedad extranjera.
El Gobierno planteó primero la eliminación de cualquier límite para las personas y empresas privadas extranjeras. Más tarde, ante la resistencia política y social, intentó elevar del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras. Pero tampoco consiguió los apoyos necesarios y terminó por retirar ese capítulo para salvar el resto de la iniciativa. Ahora, la Corte Suprema reabre la puerta que había quedado cerrada por la vía legislativa.
Según datos del Observatorio de tierras, la superficie rural de Argentina en manos extranjeras ya supera los 13,3 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Grecia o a la de un cuarto de España. Durante la presidencia de Milei, el Ministerio de Justicia informó que se autorizaron 111 operaciones de compra de tierras por extranjeros.
El Gobierno ultra argentino defiende la derogación de la ley como una forma de atraer inversiones y de facilitar la llegada de capital extranjero al país. Para sus críticos, en cambio, la eliminación de los límites afecta una herramienta destinada a preservar el control nacional sobre un recurso estratégico como la tierra, especialmente en regiones donde se encuentran reservas de agua, bosques, minerales o zonas de frontera.
