La presión social logra paralizar el desahucio de una familia a la que un fondo le reclama la vivienda en Murcia
Daniel y Aurora llegaron hace 26 años a España desde su Ecuador natal y los últimos 19 los han pasado en el mismo piso, en el barrio murciano de La Paz. Aquí han nacido sus tres hijos, de 10, 17 y 23 años. El mayor de ellos tiene una discapacidad del 45 por ciento, es sordo y tiene un retraso madurativo. Los niños, cuenta Aurora, no conocen otro hogar: el colegio, el ocio, los amigos, toda su vida está en este barrio, uno de los más deprimidos económicamente de la ciudad, aunque se encuentra a solo unos 15 minutos a pie del centro. Este lunes, la familia ha enfrentado un segundo intento de desahucio debido a que el nuevo propietario del piso, un fondo de inversión, Blossom Properties, les reclama la vivienda. El levantamiento ha sido paralizado en el último momento.
Entre los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicato de Vivienda de la Región de Murcia, que han acompañado a la familia estos meses, el aplazamiento deja sin embargo un sabor agridulce porque consideran que se ha producido solo por la presión social y la movilización creciente de los últimos días, tras el polémico desahucio de Maricarmen, la octogenaria vecina del barrio de Retiro, en Madrid. De hecho, ha lamentado Paco Morote, portavoz de la PAH, que en la Región de Murcia se ejecutan de media dos desahucios cada día. Este mismo miércoles hay previsto un lanzamiento que, si nada lo impide, dejará en la calle a una familia monomarental con dos hijos menores de edad, uno de ellos con una grave discapacidad, y la semana próxima hay previsto otro a una anciana de 93 años con alzhéimer, ambos en el mismo barrio.
Daniel y Aurora alquilaron este piso hace dos décadas a un particular, cuentan a los periodistas, nunca han dejado de pagar el alquiler, de unos 400 euros al mes más gastos. El casero nunca les notificó que la vivienda había pasado a manos de un fondo, lo que ocurrió hace aproximadamente dos años. La primera orden de desahucio les llegó en julio: estaba a nombre del arrendador original.
Desde entonces, la lucha de esta pareja (él, comercial en una empresa de climatización; ella, empleada de hogar) ha sido la de poder comprar el piso al fondo buitre. Hicieron una primera oferta de 45.000 euros que fue rechazada: la entidad les pedía justo el doble, explica su abogada, Ana Caparrós, que solicitó una tasación de la vivienda y se ha mostrado abierta a subir la oferta inicial en función del resultado de la misma. Cuando la comisión judicial ha llegado este lunes a las 12.30 para ejecutar el desahucio, el fondo todavía no había respondido a esa propuesta y ha sido en plena calle donde han pactado paralizar el lanzamiento para tratar de llegar a un acuerdo.
“Estamos detectando una estrategia de varios fondos buitre para gentrificar este barrio. Se está desahuciando a familias vulnerables de viviendas que actualmente no tienen salida en el mercado; se está intentando vaciar un barrio, dejar a la gente humilde en la calle para transformarlo en un futuro en un barrio para turistas o para ricos”, ha advertido.
Por el momento, Daniel y Aurora continuarán en su hogar: “En los 26 años que llevamos en España, nunca habíamos tenido una situación tan complicada, pero tenemos esperanza en llegar a un acuerdo. No podemos pensar otra cosa”, asegura ella mientras camina de vuelta a casa, donde la esperan sus tres hijos.
