Equipo Económico pide al Supremo que traslade el ‘caso Montoro’ de Tarragona a los juzgados de Madrid
El despacho Equipo Económico, la firma asesora fundada por el exministro Cristóbal Montoro en 2006, ha pedido al Tribunal Supremo que traslade el denominado caso Montoro de los juzgados de Tarragona a los de Madrid. En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, insiste en que el juzgado catalán que hasta ahora ha estado a cargo del procedimiento “no es competente” para llevar este asunto.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga desde 2018 un supuesto entramado en torno al despacho Equipo Económico que presuntamente tuvo capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) a través de los estrechos vínculos que mantenía con el entonces Ministerio de Hacienda. Según la investigación, Equipo Económico logró influir en Montoro y su equipo para aprobar legislaciones a la medida de los intereses de compañías gasistas. Montoro ha defendido en todo momento que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo y se ha desvinculado de las presuntas irregularidades que se investigan.
El instructor, que tuvo la causa durante siete años bajo secreto de sumario, ha defendido quedarse con el caso ante las quejas de los acusados. Las defensas han rechazado su postura con distintos argumentos y elevaron el asunto a la Audiencia Provincial de Tarragona. El pasado 22 de septiembre, sin embargo, dicho órgano decidió no pronunciarse sobre si la causa debe trasladarse a Madrid —como solicitan el propio Montoro y otros acusados— o debe quedarse en Cataluña —como defiende el juez Rus—. Los magistrados alegaron entonces que el órgano que debía pronunciarse era el Supremo.
Ahora, Equipo Económico mueve ficha y traslada al alto tribunal su petición: que el caso se envíe al juzgado de Madrid “que por turno de reparto corresponda”. El despacho insiste en que “desde el primer momento” manifestó “la falta de competencia” del juez Rus para asumir el procedimiento. Y avisa de que “discrepa” de la interpretación que hace la Audiencia de Tarragona al entender que sí es el órgano competente para resolver el asunto. “En cualquier caso, al margen de nuestra opinión y acatando lo resuelto sin posibilidad de recurso por la Audiencia de Tarragona, nos vemos obligados a plantear la pretensión (.) ante esta Sala”, señala en el escrito presentado este lunes ante el Supremo. Y recuerda que tiene la “imperiosa necesidad de obtener una decisión definitiva sobre algo tan básico como la competencia territorial del juez de instrucción, tras ocho años” de investigación.
Desde Equipo Económico reiteran que “no hay ninguna duda” de que los supuestos delitos ―de cohecho, fraude contra la Administración Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental― que se investigan “se habrían cometido en Madrid”. Subrayan, además, que es en dicha ciudad en la que radica la sede del Ministerio de Hacienda, donde residen los “funcionarios y autoridades” que presuntamente participaron en los hechos y donde tiene sus oficinas el despacho investigado. “Es en Madrid, además, donde tienen lugar las reuniones, los contactos, los informes, los trabajos y las propuestas legislativas que finalmente se aprueban por las Cortes Generales que están también en la Villa de Madrid”, apunta. Y agrega: “Fue igualmente en Madrid, sede del Consejo de Ministros (Palacio de la Moncloa), donde se aprobaron los proyectos de reforma”.
En este sentido, la firma incide en que “no existe dato alguno en la causa” que permita inferir o que apunte a que se haya podido producir en Tarragona “la solicitud o el ofrecimiento de ningún tipo de dádiva a ninguna autoridad o funcionario público”, o que se haya dictado en dicha ciudad “ninguna resolución administrativa cuyo carácter justo o injusto esté siendo objeto de investigación”. Y reprocha al juez Rus que intente quedarse con la causa por el “hallazgo casual” de un correo en el marco de otra investigación en Cataluña, en referencia a un email que se halló en una entrada y registro el 6 de noviembre de 2017, en la sede de una empresa de gas (Messer Ibérica Gases S.A.) en el que los responsables de la compañía exponían la posibilidad de contratar a Equipo Económico para conseguir una gestión más rápida con el Gobierno en sus intereses gasísticos.
