El juez cita como imputadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre
El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. El instructor también ha solicitado a la joyería Yanes un informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo, y ofrece un plazo de tres días a la defensa de Zapatero para que le entregue toda la documentación que tenga sobre las joyas. El magistrado ha citado también, en este caso como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, exdirector financiero de la aerolínea Plus Ultra.
El juez Calama anunció la citación como investigadas de las hijas del expresidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en junio pasado, solo un día después de la declaración del propio Zapatero, acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. Pero el magistrado no había puesto fecha a esa doble comparecencia hasta este lunes. El instructor ha citado a la hija mayor, Laura, el 30 de noviembre a las 9.00, y a la menor, Alba, a las 12.00. Calama ha tomado esta decisión días después de que, el pasado 16 de septiembre, la Fiscalía reiterase la petición de que comparecieran ambas al considerar que “existen indicios” de que Zapatero y sus hijas cobraron, a través de la empresa Análisis Relevante, “presuntas comisiones, en pago a la influencia ejercida para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021″.
En la resolución por la que anunció su imputación, el instructor apuntó a que la sociedad Whathefav, que las hijas de Zapatero administraban de forma solidaria, tenía un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos”. El que fuera líder del PSOE admitió en su declaración ante Calama que recomendó a su amigo Julio Martínez, administrador de Análisis Relevante, la empresa en el epicentro de la investigación, que contratara a la empresa de sus hijas para maquetar los informes de consultoría estratégica o elaborar planes de comunicación para las empresas con las que él trabajaba, pero defendió que lo hizo porque sus hijas “trabajan bien”. La Fiscalía Anticorrupción y el juez ponen en duda esta versión y consideran que, en realidad, era un instrumento para que el dinero llegara a Zapatero. Whathefav recibió 239.755 euros de Análisis Relevante, según la investigación, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registró la empresa el pasado 19 de mayo.
La Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, advierte también de que hay indicios sobre la “presunta influencia” del exlíder socialista a favor del Grupo Gloria, un grupo peruano que tuvo problemas con la justicia en Bolivia y del que, según un informe de la UDEF, Zapatero cobró 200.000 euros por mediar ante el Gobierno de ese país. “Este cúmulo de circunstancias procesales y las presuntas evidencias de la comisión de los delitos investigados”, señala el ministerio público, llevan a reclamar un informe sobre la situación fiscal tributaria de Zapatero y sus hijas entre 2020 y 2025.
Informe pericial sobre las joyas
El juez ha notificado este lunes una segunda resolución en la que pone el foco en las cerca de 80 joyas halladas en el despacho del expresidente durante el registro policial que se llevó a cabo en mayo. El juez ofrece a Zapatero tres días para entregar la documentación de la que disponga respecto al origen de esas joyas, después de que el exlíder del PSOE rechazara durante su declaración en la Audiencia Nacional responder preguntas sobre ese asunto, pero se comprometiera a aportarle al juez toda la información en el plazo de una semana o diez días. Tres meses después, Zapatero aún no ha dado ese paso, y el juez le apremia ahora a hacerlo. No es una orden ―Calama usa la expresión “puede aportar a este órgano judicial toda la documentación que se encuentre en su poder en relación con las joyas”―, pero si quiere entregar esa información, debe hacerlo ya.
El instructor, además, encarga un informe pericial gemológico y joyero sobre las piezas intervenidas a los gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, una compañía fundada en 1861 y con sedes en varias ciudades, según recoge su página web. Calama insta a poner a disposición de esta empresa los dictámenes que elaboró el Instituto Gemológico Español en junio pasado junto a la joyería Ansorena, que cifraron el valor de las joyas en un total de 1.323.915 euros.
El informe pericial deberá recoger, “en la medida de lo técnicamente posible”, una descripción individualizada y detallada de cada pieza, si fuera posible, “la identificación del área geográfica de fabricación de las joyas de mayor valor”. El juez reclama también la identificación de metales preciosos empleados en su elaboración; la identificación y clasificación de las piedras preciosas o gemas que incorporen, con la determinación de peso, pureza, talla, calidad, otras características técnicas relevantes y la determinación del posible origen geográfico de las gemas; la existencia de “marcas de fabricante, contrastes oficiales, numeraciones, grabados o cualquier otro elemento identificativo”; la antigüedad aproximada de las piezas; el valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada; y el valor conjunto del lote intervenido.
