De la denuncia de Manos Limpias a un juicio con jurado: cronología de la polémica instrucción del juez Peinado en el ‘caso de Begoña Gómez’
Casi dos años y medio han pasado desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo empezó con una denuncia que presentó el pseudosindicato Manos Limpias., desde entonces, se han ido sumando nuevas líneas de investigación impulsadas por Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír. La causa ha llegado a tener hasta siete investigados ―incluido el delegado del Gobierno en Madrid, que fue exonerado por la Audiencia de Madrid al no ver indicios en su contra― y ha abarcado hasta cinco delitos ―que finalmente han quedado en dos―. Este lunes, el instructor ha comunicado su decisión de enviar a un juicio con jurado popular a Gómez y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias y malversación.
Así es la cronología de una investigación que no ha estado exenta de polémica:
Abril 2024. Nace la investigación. Manos Limpias presenta el día 8 ante los juzgados de Madrid una denuncia contra Begoña Gómez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. El secretario general de la organización, Miguel Bernad, admitió después la posibilidad de que la denuncia se basase en noticias falsas. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, asume el asunto y abre diligencias contra Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a través de sus actividades profesionales en el Instituto de Empresa (IE) y en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La Fiscalía Provincial de Madrid reclama el archivo de la denuncia al considerar que no hay indicios de delito.
Junio 2024. Imputación de Begoña Gómez. Peinado cita a Gómez a declarar en calidad de investigada por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El instructor toma esta decisión tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le entregó a finales de mayo, en el que no halló pruebas de dichos delitos. El juez pospone la declaración al 19 de julio y ese día Gómez se acoge a su derecho de no declarar.
Junio de 2024. Imputación de Barrabés. El juez llama a declarar como testigos al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al empresario Juan Carlos Barrabés, que se encuentra ingresado en el hospital. Cuatro días después de la testifical de Barrabés, Peinado acuerda su imputación. Ocurre lo mismo tras la declaración de Goyache. La Audiencia de Madrid anula un año después (en mayo de 2025) la imputación del rector de la UCM y de Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa, que también declaró como testigo en el procedimiento y posteriormente fue imputado. A lo largo de la investigación, este órgano corrige a Peinado en varias ocasiones, como cuando el juez trató de indagar en la supuesta relación de Gómez con el rescate del Gobierno a la empresa Air Europa.
Julio 2024. La UCO descarta irregularidades. La Guardia Civil presenta un nuevo informe y descarta irregularidades en seis contratos adjudicados a Barrabés que el juez tenía bajo sospecha. “En líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos —algunos de ellos vigentes actualmente—, se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, subraya el documento de 102 páginas al que tuvo acceso EL PAÍS.
Julio 2024. Pedro Sánchez, citado como testigo. Peinado acuerda tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio en el Palacio de La Moncloa. Ese día, el instructor se desplaza hasta la sede de Presidencia y el jefe del Ejecutivo se acoge a su derecho a no declarar al ser cónyuge de la principal investigada de la causa. En concreto, se ampara bajo el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que, como cónyuge –de Begoña Gómez–, está “dispensado de la obligación de declarar”.
Octubre 2024. Peinado suma dos delitos más a Gómez. El juez cita a declarar a Begoña Gómez en calidad de investigada por el delito de apropiación indebida e intrusismo profesional. Peinado amplía la causa tras admitir una querella de la organización ultracatólica Hazte Oír por la supuesta apropiación de un software desarrollado por la cátedra de la Complutense que codirigía la esposa de Sánchez; y por un supuesto intrusismo al firmar unos pliegos para los que no estaría cualificada. Un año y medio después, el juez deja fuera de la causa este último delito.
Diciembre 2024. Gómez niega irregularidades. La esposa del presidente del Gobierno accede a contestar en sede judicial a las preguntas de su abogado. Se desvincula de los contratos adjudicados a Barrabés y desmiente que el Instituto de Empresa le contratase por su condición de esposa de Sánchez. También descarta haberse apropiado de marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva y el software de la cátedra que codirigía en la Complutense.
Abril 2025. Bolaños declara como testigo. En el marco de la línea de investigación sobre la contratación de la asesora de Gómez, el juez ve pertinente desplazarse hasta La Moncloa para tomar declaración como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El alto cargo del Gobierno presentó una serie de quejas al Consejo General del Poder Judicial por el tono del interrogatorio y hasta 19 “irregularidades” que atribuye al instructor.
Mayo 2025. Imputado el delegado del Gobierno en Madrid. El juez imputa al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Cristina Álvarez al entender que fue su “responsable y superior jerárquico” cuando este trabajaba en La Moncloa. En su declaración, Martín Aguirre aclara que él llegó al puesto en 2021, después de la contratación de la asistente de Gómez en 2018, y asegura que por entonces el cargo de secretario lo ocupaba Bolaños.
Junio 2025. Peinado pide investigar a Bolaños. El juez envía una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que pide que investigue al ministro Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
Julio 2025. El Supremo rechaza investigar al ministro de Justicia. El alto tribunal rechaza la petición de Peinado de investigar a Bolaños ante lo que califica como una “absoluta ausencia” de indicios. Los magistrados afean a Peinado que en su escrito contra el ministro hubiese “una absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” sobre la participación del ministro en los hechos investigados.
Agosto 2025. Gómez, imputada por malversación. El juez acuerda investigar a Begoña Gómez y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta malversación en la contratación de esta última como su asistente. El instructor se apoya en una resolución que la Audiencia de Madrid dictó en junio, en la que avalaba esta nueva línea de investigación.
Octubre 2025. Causa con jurado popular. Peinado informa a Begoña Gómez de que, si llega a juicio la causa por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida, sería juzgada por un jurado popular; es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces. Con anterioridad, ya le había comunicado lo mismo para el supuesto delito de malversación.
Abril 2026. Peinado propone juzgar a Gómez por cuatro delitos. El juez decide terminar la investigación contra Gómez y propone juzgarla por cuatro delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca) tras dos años de una polémica instrucción. Peinado, que deja fuera un quinto delito (el de intrusismo profesional), señala que Gómez se prevalió presuntamente de su relación con Sánchez para influir en autoridades y funcionarios e impulsar su carrera privada con el desarrollo de una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Junio 2026. El juez retira el pasaporte a Gómez. Peinado abre juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. En la misma resolución, acuerda retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. Se trata de una medida inaudita en la democracia de España, adoptada a petición de la acusación popular que lidera Hazte Oír.
Julio 2026. La Audiencia de Madrid anula la retirada del pasaporte. El órgano avala que el proceso por jurado popular contra Begoña Gómez siga adelante por dos delitos ―tráfico de influencias y malversación―, pero corrige la decisión del juez Peinado de dejar a la esposa de Sánchez sin pasaporte. “No puede afirmarse que concurra con la intensidad exigible un riesgo real y efectivo de fuga”, señala el tribunal, que califica de “poco afortunada” la tesis del instructor de que la escolta policial podría ayudarla en la huida. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) presenta una queja a raíz de estas palabras ante el Consejo General del Poder Judicial, que derivó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que archivó el asunto.
Julio 2026. Fiscalía pide la absolución. El ministerio público y las defensas presentan sus escritos de conclusiones de cara al juicio y reclaman la absolución de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez. La acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír exige 13 años de prisión para la mujer de Sánchez, que cambia de abogado.
Septiembre 2026. Peinado mantiene el guion marcado, tras volver de unos días de vacaciones, comunica su decisión de enviar al banquillo a Begoña Gómez y a su asistente en La Moncloa. Está previsto que el juez se jubile el domingo, cuando cumpla 72 años.
