La Audiencia de Badajoz aclara que David Sánchez no podrá ocupar ningún cargo público durante los nueve años de inhabilitación
La Audiencia Provincial de Badajoz ha aclarado que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no podrá ocupar ningún cargo público durante los nueve años de inhabilitación una vez que la condena sea firme. El tribunal se ha pronunciado en una resolución hecha pública este miércoles, después de que el pasado julio dictara la sentencia por la que le condenó por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz.
Los magistrados recuerdan que, aunque la ley no les permite “variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas”, sí les concede la posibilidad de “aclarar algún concepto”. En este caso, varios de los cargos de la Diputación de Badajoz que fueron condenados pidieron al tribunal que precisara determinados pasajes de la sentencia; en especial, solicitaron que especificaran los empleos o cargos sobre los que recaen las penas de inhabilitación especial.
A lo largo de 14 folios, la Audiencia Provincial repasa varios casos, incluido el de David Sánchez, “aun cuando [él] no lo ha solicitado”. El tribunal precisa que su inhabilitación “implicará la pérdida de la plaza (aun cuando haya cesado voluntariamente en la misma)”. Y también contemplará la “incapacidad de obtener el mismo u otro puesto electivo y/o discrecional en cualquier administración pública durante el tiempo de la condena”, es decir, durante nueve años.
Los magistrados se pronuncian “en los mismos términos” respecto al diputado delegado del área de cultura cuando ocurrieron los hechos, Francisco Martos; y a los entonces directores del área de cultura, Emilia Parejo y Manuel Candalija. En el caso de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente del Gobierno que fue nombrado el 26 de diciembre de 2023 jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz, el tribunal avisa de que conservará su condición de empleado público adscrito a las escuelas oficiales de idiomas.
De igual forma, la Audiencia Provincial aborda la situación del expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo ―el único condenado a 18 años de inhabilitación al atribuirle dos delitos de prevaricación―; y de dos de los diputados del área de cultura cuando ocurrieron los hechos, Cristina Núñez Fernández y Ricardo Cabezas Martín. “Se verán privados (aun cuando también hayan cesado) de las condiciones respectivas” de sus funciones y de “los honores aparejados”, apuntan los magistrados. Y precisan que tampoco podrán obtener “otros cargos discrecionales y/o electivos en cualquier administración pública durante el tiempo de las condenas”. Lo mismo aplica para dos excargos del departamento de Recursos Humanos, Juana Calderón y Félix González. No obstante, el tribunal avisa de que “la privación de empleo o cargo público no implicará la pérdida del carácter de funcionarios o empleados públicos” que previamente ostentaran los condenados.
La Fiscalía y las defensas habían pedido la absolución de Sánchez, de Gallardo y del resto de encausados. Algunas acusaciones, entre ellas las que ejercían PP y Vox, habían elevado al final del juicio sus peticiones de pena hasta los seis años de cárcel. La Audiencia de Badajoz optó por una sentencia condenatoria al considerar que los acusados participaron, como autores materiales o como cooperadores necesarios, en las maniobras que desembocaron en tres hechos que consideran delictivos: el nombramiento de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz; el posterior cambio de nomenclatura de esta plaza; y la contratación en 2023 por el mismo organismo público de su amigo Luis Carrero.
El tribunal sustentó buena parte de su argumentación en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en los que se analizaron los miles de correos electrónicos intervenidos durante la investigación. Ello supuso que se rebajara el peso de los testimonios de más de una treintena de testigos que declararon en el juicio que no hubo ninguna irregularidad en la adjudicación de los puestos y que David Sánchez y Carrero cumplieron las tareas encomendadas. La defensa del hermano del presidente del Gobierno y la acusación popular que ejerce Vox han recurrido la sentencia, que aún no es firme.
