Ceuta y Melilla: personas antes que fronteras

Ceuta vive una situación excepcional. Miles de personas entraron irregularmente y varios miles permanecen todavía en la ciudad, entre ellas numerosos menores. Durante estas semanas se ha extendido el término “invasores”. Una invasión convierte inmediatamente a quien llega en enemigo y frente al enemigo desaparecen las obligaciones de solidaridad, solo caben mecanismos de defensa. Esa transformación semántica debería preocuparnos, porque una democracia empieza a deteriorarse cuando deja de ver personas y comienza a ver categorías amenazantes.

Cierto que la solidaridad también obliga a contar con una determinada política migratoria y defender un Estado de derecho. Por eso hay que separar estas cuestiones de la urgencia de acoger a quien está en situación extrema. Acoger no predetermina la resolución administrativa posterior de su expediente. Son planos distintos que el debate político está mezclando peligrosamente, porque las palabras importan y por eso hay distinguir algo elemental, que una frontera puede haber sido vulnerada, al mismo tiempo, quienes la han atravesado pueden encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad.

España supo entenderlo en 2018, cuando el Aquarius navegaba por el Mediterráneo con 629 migrantes y ningún país quería recibirlos. Entonces, el Gobierno español ofreció Valencia como puerto seguro, porque lo prioritario era proteger a las personas y después vendrían las decisiones administrativas y las discusiones políticas. Eso es lo que cabría esperar de una sociedad con valores solidarios, porque, para una ciudad de las dimensiones de Ceuta, varios miles de personas constituyen una presión extraordinaria. Sin embargo, para un país de casi 50 millones de habitantes es una emergencia perfectamente asumible si se distribuyen responsabilidades y recursos. Los ceutíes tienen derecho a exigir seguridad, servicios y ayuda del Estado, pero la respuesta también debe ser de toda la sociedad.

Sorprende ahora la escasa movilización cuando en otras catástrofes se ha demostrado una formidable capacidad solidaria. Cuando la dana devastó localidades valencianas en 2024, miles de personas acudieron con agua, alimentos y palas. Nadie preguntaba antes de ayudar cuál era la nacionalidad, religión o situación administrativa del damnificado. Había seres humanos necesitados y ciudadanos dispuestos a auxiliarlos. ¿Por qué resulta más difícil reconocer esa humanidad si se trata de un inmigrante? Quizá convendría recuperar un concepto que nuestras democracias pronuncian menos que libertad o igualdad, el de fraternidad. Una bandera expresa quiénes somos; la fraternidad demuestra qué estamos dispuestos a hacer por los demás. Ese debería ser el patriotismo democrático y humanista que considera que la dignidad humana comienza precisamente allí donde termina nuestra pertenencia, porque la fraternidad se concibe por encima de las fronteras morales construidas por absolutamente todos los nacionalismos.

Comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos, sindicatos, instituciones religiosas, universidades, organizaciones profesionales y asociaciones de todo tipo podrían estar diciendo sencillamente: podemos ayudar. La sociedad civil, sin sustituir al Estado, no tiene por qué permanecer como espectadora, que es lo que hoy se constata, que todo el mundo habla y debate, pero nadie se ofrece. Además, aunque corresponde a las leyes decidir quién tiene derecho a quedarse, ninguna ley sirve de excusa para dictaminar quién debe ser tratado dignamente.

Ahora bien, la emergencia actual plantea una segunda cuestión, de diligencia distinta, pero más profunda. ¿Qué futuro queremos para Ceuta y Melilla? Cada vez que España y Marruecos discuten sobre estas ciudades reaparece la misma pregunta: ¿de quién son? Marruecos invoca la geografía y su interpretación histórica para reivindicarlas. España responde con la historia y el derecho internacional. Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415, quedó incorporada a la Monarquía Hispánica en 1580 y permaneció vinculada a ella cuando Portugal recuperó su independencia.

La soberanía española constituye hoy la realidad jurídica y política de partida, sin duda, pero quizá “¿de quién son estas ciudades?” no sea la mejor pregunta. La pregunta verdaderamente democrática es cómo quieren vivir quienes están allí y qué futuro desean construir. Ceuta son ante todo los ceutíes. Melilla, los melillenses. Hoy una indudable mayoría quiere ser de España. Ese es el punto de partida. Respetar la voluntad presente de sus habitantes no significa, sin embargo, decidir irrevocablemente la voluntad de sus hijos y nietos. ¿Por qué no pensar entonces un gran acuerdo hispano-marroquí y europeo para las próximas décadas?

No se trataría de que España renunciase a su soberanía ni de aceptar la reivindicación marroquí. Ambos Estados podrían mantener sus posiciones históricas y comprometerse, precisamente por ello, a suspender la disputa territorial como instrumento de presión y excluir durante un largo período cualquier utilización migratoria, económica, diplomática o militar destinada a alterar el statu quo. Ese tiempo podría utilizarse para algo mucho más urgente y de prioridad social determinante, nada menos que transformar Ceuta y Melilla en espacios euroafricanos singulares de cooperación económica, movilidad regulada, inversiones, infraestructuras, educación, seguridad y gestión migratoria, con participación imprescindible de la Unión Europea. La frontera seguiría separando Estados, pero debería dejar progresivamente de separar sociedades.

Eso exige también mirar hacia dentro. De poco serviría reducir la tensión entre España y Marruecos si permanecieran fronteras sociales dentro de las propias ciudades. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes no deberían limitarse a coexistir como comunidades yuxtapuestas. Una política de Estado tendría que combatir las desigualdades educativas y sociales y construir desde la escuela una ciudadanía compartida en la que las distintas identidades no se conviertan en compartimentos enfrentados.

Dentro de varias décadas podrán existir soluciones que hoy no imaginamos. Continuidad plena de la soberanía española, por ejemplo, o un estatuto singular o nuevas fórmulas de cooperación o cualquier otra posibilidad que entonces resulte viable. Pero debería existir una condición irrenunciable, que ningún cambio sustancial pueda acometerse sin el consentimiento democrático e inequívoco de los habitantes de Ceuta y de Melilla, expresado separadamente en cada ciudad.

Madrid y Rabat pueden negociar, pero de ningún modo deberían decidir su futuro por encima de ceutíes y melillenses. La historia demuestra que soberanías y fronteras nunca fueron eternas. Conocemos el pasado y sabemos que las fronteras cambiaron mediante guerras, conquistas, expulsiones y tratados impuestos por vencedores. Pocas cosas son menos inmóviles que los mapas políticos y el desafío de una democracia, por tanto, consiste en pensar que las fronteras se pueden transformar pacíficamente, mediante acuerdos y votos, si sus ciudadanos quieren.

En suma, la crisis de Ceuta alberga dos tiempos con responsabilidades distintas. En el presente, proteger; y para el futuro, imaginar. Son miles las personas vulnerables que hoy necesitan protección y una respuesta legal rápida. Mañana seguirá existiendo una frontera entre Europa y África que puede seguir siendo una trinchera o convertirse en espacio de cooperación no solo con España, sino con Europa. No sabemos qué Ceuta o qué Melilla querrán sus habitantes dentro de treinta o cincuenta años. Tampoco necesitamos saberlo. Nuestra obligación es más sencilla, aunque más difícil, tratar con dignidad a quienes están hoy allí y legar a quienes vivirán mañana unas ciudades prósperas, libres y abiertas, capaces de decidir democráticamente su propio futuro. Porque las fronteras pueden decirnos dónde termina un Estado, pero nunca dónde termina nuestra humanidad.