El Gobierno recrudece la batalla con el Supremo: “Los que ponen en riesgo la imparcialidad son algunos jueces”

Ya no es una estrategia aislada de los dos miembros del Gobierno que trasladan las posiciones más duras en momentos difíciles, Óscar Puente y Óscar López, que son los que más claramente han dejado caer en los últimos meses la idea de que hay una conspiración en marcha en sectores de la justicia, de la policía, de la Guardia Civil, para derribar al Gobierno “por métodos no democráticos”, en palabras del ministro de Transportes. La batalla contra sectores conservadores relevantes de la Justicia, y especialmente contra el Tribunal Supremo, ya es una política oficial de todo el Gobierno apoyada por La Moncloa y por Pedro Sánchez, como se vio este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde la portavoz, Elma Sáiz, respaldó abiertamente al ministro después de lanzar otra andanada contra los jueces de la ley de nietos.

Puente fue muy claro en sus ataques a los jueces del Supremo que han suspendido temporalmente el derecho a voto de centenares de miles de nuevos españoles por una demanda de Vox, y en especial al ponente de ese polémico auto, Antonio Narváez. Cuando le plantearon las críticas de la Asociación Francisco de Vitoria a los reproches del Gobierno a los jueces, Puente fue tajante. “¿Y qué opina la Asociación Francisco de Vitoria de que un grupo de fiscales se reúna con Feijóo para apoyarle? ¿Y considera la Asociación Francisco de Vitoria que las palabras de Antonio Narváez en esa reunión con Feijóo garantizan la imagen de imparcialidad? Porque allí Narváez le dijo a Feijóo que quería que llegara al Gobierno, que derogara las leyes del PSOE, y además sembró dudas sobre el proceso electoral por la participación de INDRA. ¿A la Asociación Francisco de Vitoria le parece que es el ponente más adecuado para garantizar la apariencia de neutralidad? ¿Y qué le parece que miembros de la Junta Electoral Central que son jueces del Supremo hayan calificado de despropósito jurídico la decisión? Me gustaría que se pronunciaran sobre esto. Porque si solo se escudan en lo que decimos los políticos y no se dan cuenta de que los que están poniendo en riesgo la imparcialidad son algunos jueces. La gente en general se forma la opinión no por lo que diga un ministro sino lo que ven con sus propios ojos. Algunas decisiones no son imparciales. Ojala hubiera algún pronunciamiento más valiente y más realista”, sentenció el ministro. La portavoz le secundó inmediatamente después. “Este Gobierno respalda las palabras de Puente, larga experiencia jurídica, todos opinamos lo mismo, aunque lo digamos de manera diferente, sobre la necesaria imparcialidad de los jueces”, remató.

Puente, que en muchas ocasiones ejerce como una especie de portavoz no oficial del Gobierno, tenía claramente ganas de entrar en los asuntos polémicos en la rueda de prensa en sentado junto a la portavoz oficial, Sáiz. Aunque estaba allí para hablar de los planes de expansión y tarifas de los aeropuertos para los próximos años, el ministro quería aprovechar para hacer política y se metió incluso cuando no le preguntaban a él, dejando claro que tiene ese alma de portavoz, aunque en la última remodelación, Sánchez decidió mantenerlo en su ministerio, el que más dinero invierte de todos, y no le dio ni un cargo importante en el partido ni ese papel oficial de portavoz del Gobierno. Puente pidió la palabra para cargar contra Feijóo ante la propuesta del líder del PP de retirar la nacionalidad española a quien cometa delitos, algo que ya había contestado Sáiz. “Lo que pasa es que Feijoo no se cree las encuestas [que auguran su victoria cómoda]”, ironizó Puente. Si no, no haría estas propuestas. ¿Se la vamos a retirar solo a los inmigrantes que cometan delitos? ¿O a alguien como Luis Bárcenas también? ¿Y les convertimos en apátridas? La única explicación es que Feijóo no se cree las encuestas”, insistió. “PP quiere ciudadanos de primera y de segunda”, había dicho Sáiz en esa disputa con Puente por marcar la posición. “Los delitos no son graves o no en función del país del que provenga alguien. Lo que pasa es que en estos días Feijóo está teniendo muchos encuentros con Abascal, y ya no distinguimos al PP de Vox”, insistió

Ángel Víctor Torres también entró en la ley de nietos. “¿Pero cómo se adultera el censo? ¿Cómo se prevé qué postura política que van a tener miles de nietos de exiliados?”. Torres recordó unas palabras de Feijóo en noviembre 2006: “Que expliquen por qué un nieto no puede tener la nacionalidad y sí los africanos del norte o cualquiera que no tenga sangre española. La nacionalidad corresponde a todos los nietos, con independencia de si llegaron del exiliio o de migración económica”, dijo el líder del PP. “Y en 2022 dijo impulsaré una ley de nietos que es de justicia”, insistió Torres.

El máximo responsable del mando único también ha entrado en la polémica sobre los avisos del CNI los días previos al salto masivo en Ceuta. El Gobierno ha buscado entre los antecedentes de avisos tanto del CNI como de la delegación de Gobierno de otros saltos a Ceuta para demostrar que nadie avisó de las dimensiones de lo que venía el 30 y 31 de julio, tampoco los servicios secretos. Torres ha detallado varios avisos en los últimos años de saltos “masivos” que finalmente quedaron en 20, 50 o 100 personas, y por eso ha apuntado que esta vez, al limitarse el aviso a un intercambio de información con el jefe de Gabinete de la delegación del Gobierno, sin escalarlo a otros niveles, nadie pensó que fuera un salto mayor que otros anteriores, de 100, 200 o 500 personas.

Torres ha recordado que en octubre de 2025 el CNI avisó de un posible salto “masivo” en Ceuta, algo similar a lo que hizo este año, y entraron 102 personas. Otro aviso de delegación de Gobierno, en agosto 2021, de una “entrada masiva”, quedó en 30 personas. En agosto de 2024, otro aviso de entrada “masiva”, 200 personas. En junio de 2023, la delegación habló de “llegada masiva”, fueron 25 personas. En septiembre de 2024, se trasladó la “preocupación ante la incitación en redes sociales de un paso masivo”, y fueron 21 personas. La intención del ministro era clara: explicar que “masiva” no quiere decir 80.000 personas, y que todos los implicados pensaron que se trataba de un salto de los habituales, porque el aviso era similar a otras veces. “Lo que no hay es ningún informe que alertara de un salto de 80.000 personas”, ha rematado Torres.