Nueva York y varias ciudades presentan una demanda contra la norma de Trump que busca limitar las ‘green cards’

Nueva York y otras ciudades y condados del país desafiaron en corte una nueva regla con la que la Administración de Donald Trump busca dar más poder a los funcionarios migratorios para rechazar residencias permanentes y visas a quienes consideren que utilizan o utilizarán ayudas públicas. La agenda inacabable del alcalde Zohran Mamdani —a quien por estos días se le vió lo mismo honrando a las víctimas del atentado del 11 de septiembre, que participando en el Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, o en una marcha bajo la última lluvia de verano en homenaje a los veteranos de la ciudad— incluyó el anuncio de esta demanda contra la nueva norma del Gobierno que, según organizaciones, pondría a algunos migrantes a elegir entre un estatus migratorio o un beneficio público. Es decir, entre un visado y la salud, o entre una green card o la ayuda en alimentos.

A la fórmula antiinmigrante que desde hace casi dos años incluye redadas, detenciones, negaciones del debido proceso, interferencia en las cortes o la paralización de trámites de ajuste de estatus o visados, se suma el que entraría en vigor el próximo el 18 de septiembre: la nueva norma de “carga pública” del Gobierno federal, que concede a los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) determinar a través de cinco factores —edad, estado de salud, estatus financiero familiar, educación y habilidades— si ellos consideran que una persona es o se convertirá en una “carga”, o sea, en alguien dependiente de programas como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o algunos subsidios de vivienda. El oficial, en base a ello, podría determinar si la persona es elegible o no para obtener una tarjeta de residencia o visa de inmigrante.

“La nueva norma de carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han permitido que la gente tenga alimentos y se mantenga saludable durante décadas”, aseguró en un comunicado el alcalde Mamdani, consciente de que la nueva norma podría generar temor a que los neoyorquinos acudan al médico o soliciten ayuda a la que tienen derecho. “Ese miedo no se limitará a las familias a las que el Gobierno federal está señalando. Las familias que siguen siendo plenamente elegibles para recibir beneficios sentirán el efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos pagarán las consecuencias”, aseguró.

Junto a una coalición que incluye la ciudad de Chicago, la ciudad y el condado de San Francisco, el condado de Santa Clara, la ciudad de Seattle, el condado de King, en Washington, Nueva York lidera la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presenta al mismo tiempo una impugnación legal separada contra lo que se ha considerado la última estocada contra la emigración en el país. “Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga”, aseguró Mamdani. “Son las personas que hacen grande a la ciudad de Nueva York y al país. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que puedan seguir viviendo aquí con dignidad y sin miedo”.

El concepto de “carga pública”, que existía desde antes en la legislación migratoria estadounidense y que había sido regula durante la administración de Joe Biden, ahora pretende ser rescatado por el actual Gobierno para que “los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”, según se anuncia en la página oficial de USCIS.

No obstante, desde hace rato ya no es el tiempo de los food stamps (bonos de comida), ni de las ayudas en asistencia legal ni los seguros médicos accesibles. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump y su equipo se han asegurado de desmantelar todos estas programas, que, junto a las pérdidas aceleradas de permisos de trabajos o estatus de protección, le han vuelto la vida imposible al emigrante en los Estados Unidos.