La jueza Tardón pide la querella que estudia un juzgado de Ceuta contra el delegado del Gobierno
La jueza María Tardón ha pedido a un juzgado de Ceuta que envíe a la Audiencia Nacional la querella que impulsó Manos Limpias y respaldó la asociación ultracatólica Hazte Oír contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En una resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Tardón recuerda que el órgano judicial con sede en Madrid ya ha asumido la competencia para investigar la entrada masiva irregular de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, por lo que solicita a la jueza María de la Luz Lozano que “valore la pertinencia” de traspasarle el expediente que abrió para estudiar si investiga o no a Pérez Triano, “si se tratase de conductas incluidas” en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional.
Tardón explica que ha dado este paso tras conocer que la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta había abierto diligencias previas ―un paso previo antes de abrir causa para estudiar si hay elementos suficientes que permitan seguir adelante con las investigaciones― por una “denuncia o querella contra el Delegado del Gobierno” de la ciudad autónoma. Manos Limpias actuó contra Pérez Triano al considerar que pudo incurrir en responsabilidades penales por no haber adoptado, a su juicio, las medidas necesarias ante las advertencias existentes. La Fiscalía de Ceuta pidió formalmente al juzgado que enviara el asunto a la Audiencia Nacional al entender que era el órgano pertinente para el caso, según fuentes fiscales consultadas por este periódico.
En el marco de las diligencias abiertas en Ceuta, la acusación popular que ejerce Hazte Oír había pedido a la jueza de la ciudad autónoma que citara a declarar al diputado socialista Melchor León y al recién dimitido jefe de gabinete de Pérez Triaño, apuntan fuentes jurídicas, que precisan que, de momento, no se ha adoptado ninguna decisión al respecto. Se trata del mismo juzgado que también mantiene abiertas otras diligencias previas relativas a la crisis migratoria por el posible suministro de artefactos a migrantes y “ataques” a militares. Hasta ahora, sin embargo, no ha trascendido actuación alguna de Tardón sobre este asunto.
La instructora de la Audiencia Nacional sigue avanzando en su investigación después de que el pasado 7 de septiembre anunciara que este órgano era el competente para investigar la entrada irregular de migrantes en Ceuta. La decisión la adoptó con el respaldo de la Fiscalía, al considerar que hay indicios de delitos que comprometen la paz o independencia del Estado y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexión con los de homicidio imprudente, así como de organización criminal. “Nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”, manifestó Tardón.
La jueza plasmó su decisión en una resolución en la que desgranó el contenido del informe que encargó a la Policía Nacional sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma. Y recalcó que hay indicios de que se “utilizó” esa estratagema —“a la que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”— para “desestabilizar la seguridad nacional”. “No se trató de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea”, subrayó, sino de “un proceso en el que la finalidad migratoria operaba solo como cobertura formal”.
La causa de la Audiencia Nacional continúa su andadura después de que el pasado 31 de julio la jueza diera su primer paso a raíz de una denuncia de Luis Pardo, abogado y presidente del partido Iustitia Europa. Antes de decidir si su juzgado era o no competente para llevar esta causa —en base a si se trata de un asunto de seguridad nacional o de organizaciones criminales—, pidió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional que le entregara un informe para esclarecer si la entrada masiva a Ceuta fue “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”. Posteriormente, el día 4 de agosto, la jueza pidió a la Guardia Civil que le informara sobre las operaciones de rescate a las personas localizadas en aguas españolas, así como sobre datos relativos a los migrantes fallecidos y a los supervivientes. Además, reclamó que le precisara si tuvo “alguna información los días previos” que hubiese podido “alertar” de lo que pasó. La Guardia Civil entregó su informe el pasado 4 de septiembre. El documento, de cinco páginas, contiene algunas referencias a las comunicaciones previas que se hicieron con agencias de inteligencia los días anteriores al 31 de julio, según fuentes conocedoras de la investigación.
Como parte de las indagaciones, Tardón también pidió al Gobierno que le facilitara “una copia autenticada” de los informes y comunicaciones emitidos entre el 1 y el 31 de julio relativos a la situación de Ceuta que fueron publicados en la web de La Moncloa. En esta causa, el Estado y la ciudad de Ceuta están personados como acusación particular y como perjudicados; PP, Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír figuran como acusaciones populares.
