El Supremo y la respetabilidad de Vox
Alternativa para Alemania ha ganado las elecciones de Sajonia-Anhalt y Europa entera se rasga las vestiduras. Lo hacemos con cada ascenso de la ultraderecha, pero el debate sobre cómo frenarla lleva años encallado en la liturgia: discutimos si prohibirla, aislarla o darle la mano, como si todo el peligro estuviera en esos partidos. Mientras, dejamos de defender el fondo democrático porque las ideas de la ultraderecha permean ya nuestro sentido común. Ocurre con ese chovinismo del bienestar que pide reservar prestaciones, servicios y ayudas para “los nuestros”, porque el que viene de fuera se aprovecha y vive de lo que otros pagan; con el nacionalismo cívico que empuña la igualdad, la laicidad o la libertad de expresión como criterios de exclusión, presentándose como su defensor frente a quienes juzga incompatibles con esos valores; o con nuestro manejo de la memoria para relativizar el pasado y no responsabilizarnos del presente. Quienes deciden qué o a quién recordamos controlan quién pertenece. Las tres vías nombran una sola operación: decidir quién forma parte de la comunidad política.
No hace falta irse a Alemania para ver ese vaciamiento callado. Estamos saturados de la literatura sobre la muerte de la democracia, en parte engañosa porque nos hace creer que la enferma es la democracia, cuando sus formas siguen intactas. Lo que cambia, en silencio, son los canales que nos conectan con el poder, y el más elemental es quién forma parte del cuerpo que decide. En España, el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el voto de cientos de miles de personas a las que el Estado había reconocido la nacionalidad, prestándole así a una vieja aspiración de la ultraderecha lo que ella nunca podría procurarse: la autoridad de quien se supone por encima de las partes. Lo que el Tribunal Supremo ha avalado no es solo la idea de quién puede votar, sino una lectura del pasado. La “ley de nietos” repara el exilio, al hacerlo, ensancha quién pertenece al demos. Cuando se llama “ingeniería electoral” a una reparación histórica, se transforma al Estado que salda una injusticia en un mero manipulador, ensuciando la reparación al tratarla como una jugada partidista. Sugiere, así, que hay españoles de primera y españoles de laboratorio, y que estos no forman parte del pueblo real. El Supremo disfraza una operación identitaria de escrúpulo procesal, evitando nombrar la dictadura al plantearla como una defensa de la pulcritud del censo. El exilio simplemente desaparece del marco; la memoria ni siquiera se niega: se vuelve irrelevante. El efecto es la respetabilidad, lo único que la ultraderecha no puede darse sola. El tribunal le presta su autoridad de árbitro imparcial y la vuelve casi incontestable, pues ahora oponerse a la medida es un ataque a la justicia, y no a Vox.
Pero, si el tribunal otorga respetabilidad, la normalización la ponemos el resto. Cuando, desde la derecha, hablan de “votantes fabricados” o se llama “invasores” a unos críos que llegan a nado o en patera, la frontera de quiénes son de los nuestros se corre un poco y deja de escandalizar. Lo que estaba en los márgenes no se vuelve sentido común porque nos convenza, sino porque, repetido por bocas respetables, deja de sonar extraño. Por eso conviene mirar menos a Sajonia y más a lo que pasa aquí sin tanto ruido, en un auto judicial y en el modo en el que hablamos. La ultraderecha no necesita gobernar para ganar. Le basta con que dejemos de defender lo que siempre ha atacado y con que, el día en que se cruce esa frontera, lo haga la propia institución encargada de custodiarla.
