Galápagos, el paraíso bajo asedio criminal

Cuando la Policía de Migración abrió las mochilas de tres pasajeros tailandeses en el aeropuerto de Guayaquil encontró algo que no debería haber llegado hasta allí: 12 iguanas marinas negras de Galápagos, de nombre Amblyrhynchus cristatus. Habían viajado desde la isla Seymour con las patas delanteras atadas al cuerpo y las traseras amarradas entre sí. Estaban completamente inmovilizadas, débiles, algunas al borde de la muerte. Eran 12 y en el mercado asiático y europeo pagarían por ellas entre 25.000 y 500.000 dólares por cada una.

Tres meses después, otra maleta volvió a revelar la misma ruta. Esta vez fue en el aeropuerto de Quito. Una ciudadana rusa llevaba 32 iguanas marinas jóvenes distribuidas en ocho pequeños contenedores. Las autoridades las encontraron débiles y deshidratadas. La mujer fue detenida y recibió prisión preventiva.

Para Christian Sevilla, director de Ecosistemas del Parque Nacional Galápagos, esos casos son apenas la parte visible de un problema mayor. “El tráfico ilícito de especies constituye una de las amenazas más fuertes que estamos viviendo en Galápagos”, dice. El negocio mueve dinero, explica, y quienes lo ejecutan adaptan sus métodos cada vez que las autoridades modifican sus controles.

No se trata solamente de conseguir un animal y esconderlo en una maleta. La cadena empieza mucho antes en la captura, acopio, movilización interna, transporte marítimo o aéreo, salida del archipiélago, finalmente, comercialización nacional o internacional.

Red organizada

Los guardaparques han identificado lugares de acopio en zonas alejadas y poco pobladas de las islas, algunas de difícil acceso. Allí, según Sevilla, pueden concentrarse ejemplares hasta reunir la cantidad solicitada por compradores en el exterior. Los funcionarios han encontrado sacos y animales en lugares donde no deberían estar. En San Cristóbal, por ejemplo, han hallado iguanas terrestres, una especie que no existe de forma natural en esa isla.

El mecanismo parece sencillo, al mismo tiempo, difícil de desarticular: alguien captura los animales, otros los reúnen en sitios apartados de la isla y después alguien más encuentra la manera de sacarlos. “Está claro que existe una red interna dentro de Galápagos”, reconoce Sevilla. Esa red, explica, sería la que provee los animales que después son comercializados y transportados hacia el continente y el extranjero.

En la audiencia de formulación de cargos contra los tres ciudadanos tailandeses, se habló de una red de traficantes que incluiría a habitantes de las islas y funcionarios públicos que habrían participado en la captura y traslado de las 12 iguanas. El Parque Nacional Galápagos, sin embargo, no ha podido determinar quiénes integran esa estructura ni establecer si funcionarios públicos forman parte de ella. Esa tarea la han dejado a la Fiscalía y a las unidades especializadas de la Policía que investigan los casos.

En 2021, el policía Nixon Polo fue condenado a tres años de prisión por intentar sacar de las islas 185 crías de tortuga gigante escondidas en una maleta. Siete meses después recuperó la libertad. Un año después, la embarcación turística Xavier III fue interceptada con 84 tortugas y cinco iguanas doradas a bordo. Los tres condenados por ese caso recibieron la pena mínima: un año de prisión. En total, se han investigado cuatro casos por el delito contra la fauna y flora, en los que intentaron traficar 324 especímenes entre iguanas y tortugas.

Para la analista de seguridad Michelle Maffei, uno de los problemas está en la manera en que Ecuador ha tratado este delito. Las sanciones, sostiene, no guardan relación con el dinero que mueve este mercado ni con las estructuras que pueden estar detrás.

Según el Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra la flora y fauna pueden ser sancionados con penas de uno a tres años de prisión, dependiendo del caso. “Así como los crímenes de cuello blanco, el tráfico de especies no es sancionado con una pena similar al tráfico de drogas, pese a que son crímenes igual de graves e igual de beneficiosos para la estructura delictiva”, sostiene Maffei.

Se trata de una plataforma criminal que opera desde hace décadas, aprovechando las rutas marítimas alrededor de las islas para el tráfico de combustible, drogas, pesca ilegal y ahora una demanda internacional que convierte a sus animales únicos en mercancía.

El incentivo económico es enorme. Una iguana marina puede alcanzar unos 25.000 dólares en el mercado internacional. Una iguana rosada, cuyo hábitat está restringido a una zona del volcán Wolf, puede alcanzar entre 25.000 y 500.000 dólares, de acuerdo con el informe de Traffic citado en una investigación de La Barra Espaciadora y Mongabay Latam. Una tortuga gigante juvenil puede venderse entre 5.000 y 7.000 dólares y una adulta puede alcanzar los 60.000.

“Hay un mercado negro que los vende como comida, mascotas o para exposición de coleccionistas que pagan mucho dinero por tener especies únicas”, explica Maffei, que, además, es un mercado dentro del crimen organizado que se ha consolidado y ayuda al financiamiento de grupos delictivos.

Las islas tienen otra particularidad, son el último reducto de paz que queda en un país atravesado por una creciente violencia entre pandillas de narcotráfico. Mientras las denuncias por delitos contra las personas no alcanzan ni el uno por ciento, hay más de 300 denuncias por delitos contra la fauna y la flora. La mayoría son por atropellamientos a tortugas, iguanas, pelícanos, ataques a lobos marinos o robo de animales y plantas endémicas.

Galápagos tiene además una condición que vuelve especialmente difícil controlar este negocio: es un archipiélago. Sus 324 islas e islotes suman unos 1.660 kilómetros de costa. Para una iguana marina, eso significa que no existe una única puerta de salida. Puede ser capturada prácticamente en cualquier punto y trasladada después por mar o tierra hasta alguno de los lugares de conexión con el continente.

San Cristóbal es especialmente sensible. Es la última isla de la ruta antes de salir hacia el continente, por eso, Sevilla la considera un punto que requiere especial vigilancia.

Pero el parque tiene recursos limitados, cuenta actualmente con 289 funcionarios. Y han sido afectados por los últimos recortes que ha hecho el Ejecutivo. Alrededor de 150 trabajan en campo y apenas unos 40 están destinados específicamente a tareas de control. Sevilla calcula que necesitarían al menos 30 personas adicionales para hacer una vigilancia más eficiente.

Son animales únicos en el planeta

La iguana marina, en particular, tiene además una importancia que va más allá de su valor comercial. Sevilla explica que estos reptiles forman parte de la cadena ecológica del archipiélago: las iguanas terrestres son herbívoras y contribuyen al funcionamiento de la vegetación, mientras que las marinas ayudan a mantener la cadena trófica de las costas.

Existen tres especies de iguanas terrestres y una especie de iguana marina, esta última con 11 subespecies reconocidas por el parque. Tienen una habilidad única: pueden estar en tierra pero también son capaces de nadar para alimentarse de algas marinas.

La presión internacional sobre ellas aumentó en diciembre de 2025, cuando los países miembros de CITES aprobaron trasladar la iguana marina de Galápagos del Apéndice II al Apéndice I. La medida entró en vigor el 5 de marzo de 2026. Esto implica un régimen de protección internacional mucho más estricto y que el comercio internacional de ejemplares silvestres queda sujeto a condiciones excepcionales.

La decisión llegó al mismo tiempo que aparecían las primeras señales de una ruta internacional más activa.

Un estudio citado por La Barra Espaciadora y Mongabay documentó que al menos 60 iguanas de Galápagos habían circulado internacionalmente con permisos CITES fraudulentos hacia coleccionistas de Asia y Europa. CITES, además, ya había advertido sobre ejemplares de iguanas terrestres y marinas de Galápagos declarados como criados en cautiverio y exportados desde Suiza hacia Uganda, pese a que su origen requería mayor escrutinio.

Galápagos es el comienzo de una cadena que conecta una costa con aeropuertos internacionales y compradores dispuestos a pagar miles de dólares por una especie que no pueden encontrar en ningún otro sitio.

Las autoridades han conseguido recuperar algunos animales, pero devolverlos a las islas no es sencillo. Las 12 iguanas del primer caso fueron sometidas a análisis sanitarios antes de su regreso; diez finalmente volvieron a Galápagos, pero se mantienen en cautiverio hasta ver cómo es su evolución y si no son un riesgo para las demás especies. Las 32 encontradas en Quito permanecen bajo observación mientras se determina si pueden ser repatriadas.

Sevilla advierte que devolver a un animal sin conocer su estado sanitario podría introducir enfermedades en una población que ha evolucionado aislada durante miles de años. En determinados casos, añade, podrían verse obligadas a mantener a los ejemplares en el continente o considerar una eutanasia bajo un principio precautorio.