El exsecretario de Economía del Gobierno de Rocha Moya pelea contra el bloqueo de sus cuentas bancarias
El exsecretario de Economía de Sinaloa Ricardo Velarde Cárdenas ha llevado a los tribunales un intento de revertir el bloqueo de sus cuentas bancarias, una restricción ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el exfuncionario que dejó su cargo en el Gobierno de Rubén Rocha Moya hace casi un año después de la desaparición de un joven en un bar de su propiedad en Mazatlán. La UIF congeló sus cuentas y su defensa presentó un amparo para revocar la medida, aunque sin éxito inmediato. Un juzgado en materia administrativa de Ciudad de México se declaró incompetente para conocer de la demanda y remitió el expediente a un órgano jurisdiccional de Mazatlán, Sinaloa, donde continuará el proceso.
Velarde dejó en octubre su rol como secretario de Economía en el Gobierno de Rocha –quien luego también caería en controversia y dejaría la gubernatura a raíz de las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el narco-, tras la desaparición de Carlos Emilio Galván, un joven de 21 años originario de Durango, que fue visto por última vez en Terraza Valentinos, un bar de Mazatlán propiedad del exfuncionario.
En un acuerdo publicado este lunes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad se consideró “legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo” con la que el exsecretaria pretendía levantar el bloqueo a sus cuentas.
La Secretaría de Hacienda, ente supervisor de la UIF, ha confirmado la inclusión de Velarde en la Lista de Personas Bloqueadas, aunque no ofreció detalles sobre las razones específicas de la medida. La Lista de Personas Bloqueadas es confidencial y afecta a personas físicas y morales involucradas en investigaciones relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La inclusión de una persona en el registro obliga a las instituciones financieras a congelar sus cuentas.
El caso de Velarde se suma a la crisis política que atraviesa el Gobierno de Sinaloa, y que ha puesto presión sobre la Administración de Claudia Sheinbaum, bajo acusaciones de amparar conexiones entre miembros del partido gobernante y el narcotráfico. En ese entorno, y bajo la lupa de Estados Unidos, el sistema financiero mexicano ha elevado sus controles antilavado y acelerado sus procesos de inmovilización de cuentas.
La banca se movió rápidamente para cerrar las cuentas asociadas al gobernador morenista, inmediatamente después de que la justicia estadounidense reveló severos cargos en su contra, el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios Estado, por presuntamente coludirse con el Cartel de Sinaloa para mover cantidades masivas de narcóticos a EE UU y legitimar las ganancias.
La investigación sobre Velarde representa un nuevo frente de tensión entre la justicia y la política. El exsecretario es empresario y estuvo vinculado durante años al Grupo Eleva, propietario de una decena de restaurantes, bares y centros nocturnos en ciudades como Mazatlán, Tijuana y Guadalajara. De acuerdo con su último currículum público, ocupó el cargo de director comercial del grupo desde su fundación, en 2007, y al menos hasta 2018. Uno de los establecimientos del grupo, Terraza Valentinos, fue señalado por la desaparición de Emilio Galván, quien fue visto por última vez en ese lugar. El caso provocó una fuerte tensión política sobre el Gobierno estatal y derivó en la salida de Velarde del gabinete, mientras las autoridades aún siguen con las investigaciones sobre la desaparición del joven.
