El amor como política pública

Los informes ya no son lo que eran. Y sí, lo digo con la nostalgia de alguien que respeta a las instituciones y el simbolismo que viene con ellas. El martes 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum dio su mensaje sobre el segundo informe de Gobierno que entregaría en la tarde de ese mismo día al Congreso de la Unión.

Empezó el mensaje con algunas cifras económicas, que eran de esperarse por la costumbre de priorizar la narrativa sobre la realidad. Pero estas líneas no estarán enfocadas ni en la fortaleza del tipo de cambio, ni en la virtud imaginaria de alcanzar una tasa de desocupación de 2,7%, ni tampoco en el 1,9% de crecimiento económico que solo corresponde al del segundo trimestre de este año. Estas líneas estarán enfocadas en el amor.

Sí, la presidenta expresó una frase memorable en su segundo informe: haber convertido el amor en política pública. Supongo que para algunos la imagen es poderosa, quienes escriben discursos le habrán sugerido que apelar a la emoción es más eficaz que apelar a la evidencia. Puede ser. Pero como toda frase de efecto, vale la pena someterla al escrutinio de los datos. Y ahí los números cuentan una historia menos conmovedora.

No hemos convertido el amor en política pública. Hemos convertido, en cambio, la ausencia de crecimiento, de productividad, de servicios públicos, en una enorme, creciente y costosa red de transferencias monetarias.

Basta revisar el catálogo de programas para el bienestar para entender la magnitud del fenómeno. Ya hay, al menos, una decena de transferencias directas en efectivo: la Pensión para Personas Adultas Mayores que otorga 6.400 pesos bimestrales a quienes tengan más de 65 años, la Pensión Mujerees Bienestar que da 3.100 bimestrales a las mujeres de entre 60 y 64 años, la Pensión para Personas con Discapacidad de 3.300 pesos bimestrales, las becas —que no son becas sino programas de transferencias— Rita Cetina para primaria y secundaria, las becas Benito Juárez para el bachillerato, las becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior, el Programa de Madres Trabajadoras, las becas Jóvenes Construyendo el Futuro para aquellos que no estudian ni trabajan, el programa Los Jóvenes Unen al Barrio —operado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana— con montos de hasta 15.000 pesos mensuales para responsables municipales.

A estos programas, todos de transferencias monetarias, se suman algunos programas al campo como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar (este se entrega en especie) y los microcréditos de las Tandas del Bienestar.

La lista es larga y crece. Crecerá también su impacto en el presupuesto dada la constitucionalidad de los programas y su aumento inflacionario mandatado. Cada programa, tomado de manera aislada, responde a una necesidad real y en muchos casos urgente: la vejez sin ahorro suficiente, la informalidad laboral, el rezago educativo, la precariedad del campo. El problema no es la existencia de la política social —ningún país serio prescinde de ella— sino su tamaño relativo frente a la ausencia casi total de las otras políticas que deberían estar indagando en las causas y no solo aliviando los síntomas y ocasionando efectos secundarios.

Hay que distinguir entre los varios programas existentes, no todos son iguales. Por un lado están los servicios: IMSS-Bienestar, las Universidades Benito Juárez García, Internet para el Bienestar. Esos son bienes públicos, en estricto sentido, y su expansión, si se ejecuta con precisión y calidad, es deseable en cualquier estrategia de desarrollo. Pero por otro lado está la mayoría de los programas del catálogo basado en transferencias monetarias directas, sin condicionalidad productiva relevante, que buscan compensar ingresos que el mercado laboral no está generando por déficits propios de las políticas de desarrollo social, como las de salud o educación.

Ahí está el fondo del argumento. Si la economía mexicana creciera de manera sostenida por encima de 3% anual —algo que no se ha logrado de forma consistente en dos décadas—, si la informalidad no rebasara más de la mitad de la población ocupada, si la productividad total de los factores avanzara en lugar de caer, la necesidad de sostener con transferencias públicas el ingreso de millones de personas sería sustancialmente menor.

Un Jóvenes Construyendo el Futuro con 9.582 pesos mensuales no sería necesario en la escala actual si la economía generara empleo formal suficiente para los miles de jóvenes que se incorporan año tras año a la fuerza laboral y que el sector formal no logra absorber. Una Pensión Mujeres Bienestar no compensaría, en el mismo grado, la brecha de participación laboral femenina si esta no estuviera limitada por la falta de cuidados asequibles, de licencias adecuadas y de esquemas de trabajo flexibles. Si la política agrícola y agropecuaria de las últimas décadas hubiera apostado por la productividad y por infraestructura hídrica quizás no serían necesarios los apoyos en la magnitud que existen actualmente y las distorsiones productivas serían menores.

Dicho de otra forma: cada transferencia monetaria es, en algún sentido, una confesión del fracaso de otra política pública que debió haber funcionado antes y no lo hizo. El amor, en la retórica presidencial, aparece precisamente donde falló la economía: en la vejez sin pensión suficiente, en el joven sin empleo, en el campesino que no tiene acceso al crédito, o en las madres que no tienen guarderías que les permitan delegar en cierta medida sus labores de cuidado. No es que el amor sea una mala palabra para nombrar la solidaridad que un Estado debe a su población más vulnerable. Pero llamar “amor” a lo que en realidad es política compensatoria oculta una pregunta incómoda. ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos necesitando expandir año con año el número y el monto de las transferencias en lugar de tener una economía vigorosa que las vuelva menos necesarias? ¿Será, acaso, que el “amor” busca una contraprestación electoral?

Hay además un problema de sostenibilidad fiscal que la retórica del amor no resuelve. Un billón de pesos destinado a los Programas para el Bienestar, según cifras del propio Informe, es un monto que compite por espacio presupuestal con inversión en infraestructura productiva, en ciencia, en la calidad —no solo la cobertura— de la educación pública. La política social bien diseñada no es enemiga del crecimiento; pero la política social que sustituye al crecimiento, en lugar de complementarlo, tiene fecha de caducidad, porque depende de ingresos petroleros, tributarios o de deuda que no crecen al mismo ritmo que los padrones de beneficiarios.

Ese es exactamente el punto que la frase presidencial no resuelve. Convertir el amor en política pública suena bien en un informe de Gobierno, pero no sustituye la tarea, mucho más difícil y mucho menos fotogénica, de convertir la productividad, la formalidad y la inversión en política pública. Cuando eso ocurra, sabremos que no necesitamos tanto amor, porque la economía habrá empezado, por fin, a querer a México con hechos y no solo con transferencias.