Los Waorani continúan luchando para frenar la extracción petrolera en el Yasuní, tres años después de que la Corte ordenara el cierre

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“La selva no se vende, la selva se defiende”, gritaba Juan Bay a través de un megáfono. A su lado, hombres y mujeres de la nacionalidad indígena Waorani del Ecuador levantaban decenas de carteles que revelaban el motivo de la concentración en este espacio público de la ciudad amazónica de Puyo. “El Yasuní está en riesgo y el Estado no escucha” y “Consulta popular de cumplimiento obligatorio”, se leía en varios rectángulos rojos, mientras en otros de color verde resaltaban las letras blancas con la frase: “Basta de explotación a la Amazonía”. Delante de todos, como si el mensaje aún no estuviera claro, se imponía una bandera roja: “Yasuní libre de petróleo: una oportunidad para frenar la crisis climática”.

Es 20 de agosto. Hace tres años de un día en el que los ecuatorianos salieron a votar si estaban a favor o en contra del proyecto petrolero. Once días después se conocieron los resultados de la consulta popular: el 60% votó por dejar bajo tierra el petróleo en el bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, un centenar de Waoranis, marcharon por las calles de la ciudad de Puyo no solo para conmemorar la fecha, sino para exigir que se cierren estos pozos.

Hace ya tres años que se estableció que en un año laborable se tendría que retirar progresiva y ordenadamente toda actividad relacionada con la extracción de petróleo. Al momento, el bloque sigue operando, según la información de la estatal Petroecuador, se han abandonado 59 de los 247 pozos. Sólo el 23% de los pozos.

Acompañados por representantes de organizaciones enfocadas en la conservación, sociedad civil y representantes de las otras 10 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, los manifestantes se dirigieron a la gobernación para dejar una queja formal al representante local del Gobierno y una propuesta con acciones concretas para el cierre.

Una larga espera

“El Yasuní es nuestro hogar, nuestro templo y la casa de nuestros ancestros”, dice Nemo Guiquita, lideresa Waorani y dirigente de Bioeconomía de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Además de ser considerado uno de los sitios más biodiversos del planeta, para esta nacionalidad indigena, este Parque Nacional tiene una connotación especial, ya que es considerado parte de su territorio ancestral y es hogar de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario como los Tagaeri y Taromenane, a los que consideran sus hermanos.

La lucha por detener la explotación petrolera en el bloque ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha) se remonta al 2013 cuando el colectivo Yasunidos, junto con pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil empezaron a recolectar firmas para revertir la decisión del expresidente Rafael Correa, de autorizar la extracción en esta zona.

Aunque recolectaron el número de firmas requeridas, estas fueron desestimadas y se inició la explotación en el bloque. Luego de una batalla de 10 años en diferentes instancias, la Corte Constitucional reconoció estas vulneraciones y dió paso a la Consulta Popular del 20 de agosto de 2023.

Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo Yasunidos, define las acciones que se han realizado durante estos tres años como “avances limitados”. A pesar de que se debió detener la actividad extractiva, hoy el pozo produce alrededor de 40.000 barriles de petróleo diarios. Aunque es menor a lo estaba generando este bloque en 2023, que ascendía a los 55.000 barriles diarios, aún sigue en funcionamiento.

En mayo del 2024, el presidente Daniel Noboa ordenó la creación de un comité para desmontar el bloque 43. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido las acciones que se están impulsando desde este organismo conformado por representantes de los ministerios de Energía, Ambiente, Economía y Petroecuador. Hasta la publicación de este reportaje, Petroecuador no respondió a las preguntas enviadas sobre el estado actual del comité.

Durante estos años, Bermeo ha presentado al menos seis escritos ante la Corte Constitucional, este 20 de agosto, el colectivo Yasunidos entregó un nuevo documento por el incumplimiento de la voluntad popular con evidencias que muestran más contaminación en el bloque 43, sustentado en un estudio científico de la Universidad del Estado de Pennsylvania.

Un plan de acción conjunto

Desde el sector petrolero, la decisión de los ecuatorianos de detener la explotación en este bloque traerá consecuencias. “Son tres años de este innombrable e inefable cierre de un bloque tan importante que estaba empezando a nacer”, dice Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética y recursos estratégicos del Instituto de las Américas en Houston. Para el especialista en petróleo, la decisión no estuvo sustentada en criterios técnicos y representa un perjuicio no solo para el país, sino para las comunidades que dependían de estos empleos.

Sin embargo, los representantes waorani sostienen que no percibieron los beneficios de esta explotación. “Son muchos años que hemos estado en primera línea viviendo en carne propia los impactos”, dice Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). Como respaldo a sus pedidos, durante el Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se llevó a cabo en Puyo a mediados de agosto, los Waorani presentaron el primer censo sobre su población.

Los principales resultados revelan que el 72% de los waorani se demora más de cuatro horas para llegar a un centro de salud, 6 de cada 10 viviendas no tienen electricidad y 72% de los hogares no cuentan con un sistema adecuado de saneamiento. “Los gobiernos dicen que el petróleo es desarrollo, una transformación, pero han pasado 60 años y solo nos ha dejado impacto social, ambiental y un problema con enfermedades”, suma el líder, originario de la comunidad de Bataboro.

Por eso, en el documento que entregaron a la Gobernación de Pastaza, se incluyen 12 acciones concretas para asegurar un cierre progresivo y la protección de su territorio. Entre estas se exige crear, junto a la nacionalidad Waorani, un plan de cierre y desmantelamiento, elaborar una línea base de las áreas afectadas por la actividad petrolera, diseñar un plan de restauración y establecer un plan para la protección de los Tagaeri y Taromenane.

En 2024, la Corte Interamericana de Justicia emitió otra sentencia donde condena al estado por la violación a los pueblos en aislamiento. Entre las medidas que se establecieron consta el cumplimiento del mandato popular para detener la extracción y el retiro progresivo de este bloque.

Entre las acciones que proponen los waorani también está la elaboración de un plan de transición y adaptación laboral para las personas vinculadas a las actividades petroleras del bloque 43 y diseñar una estrategia de diversificación económica para las comunidades que mantienen una dependencia de los ingresos derivados de la industria petrolera.

En caso de que no exista una respuesta a este documento, Bay explica que recurrirán a otras instancias legales, pero no se detendrán. “Nuestra lucha ha sido enseñarle al mundo y a la sociedad que un derecho no se puede negociar o vender. Un derecho se ejecuta y se aplica”, zanja.