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Detenido en Bolivia ‘Jhon Pulpo’, jefe de una banda que extendió su red criminal por Sudamérica

Johnsson Smit Cruz Torres llevaba años huyendo de la justicia peruana y había convertido las fronteras sudamericanas en parte de su estrategia para permanecer prófugo. Este martes, esa carrera terminó en un edificio de la avenida Isaac Tamayo, en La Paz. La Policía boliviana detuvo al hombre de 30 años conocido como ‘Jhon Pulpo’, jefe de Los Pulpos, una de las organizaciones criminales más violentas del Perú.

Sobre él pesaban una condena a cadena perpetua —por el asesinato de una comerciante—, una notificación roja de Interpol y una recompensa de 500.000 soles (148.000 dólares). Su trayectoria como fugitivo refleja la dimensión que adquirió una banda nacida hace más de tres décadas en un distrito popular de Trujillo, en la costa norte peruana, y que después extendió sus tentáculos hacia Chile, Argentina y Bolivia.

La intervención se produjo alrededor de las diez de la mañana, cuando ‘Jhon Pulpo’ se encontraba acompañado por Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, de 23 años. Trató de escapar al advertir la presencia policial, pero no lo logró. El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Javier Álvarez, explicó que el denominado caso ‘Pulpo Dos’ se investigaba desde enero y que el dato decisivo para ubicar al fugitivo fue recibido la noche anterior.

Según la información difundida por las autoridades bolivianas, en las labores de inteligencia participó la Policía de Perú, junto al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Unidades especializadas se desplazaron entonces hacia el edificio comercial. “Hoy mismo, a través de una resolución emitida por la Dirección de Migración, está siendo expulsado de nuestro territorio y puesto en conocimiento de las autoridades de la República del Perú”, anunció Álvarez.

Los agentes no encontraron armas, pero incautaron 10.000 dólares, 700 bolivianos, 10.000 pesos chilenos, teléfonos móviles y documentación. “Evidentemente, esta persona ingresaba de manera temporal a nuestro territorio, y en el despliegue de sus operaciones regionales en algunos momentos se encontraba en Chile, en Perú o en Argentina y Bolivia”, señaló el jefe policial. ‘Jhon Pulpo’ también había pasado por varias intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia. Las autoridades bolivianas identificaron cambios en las orejas, los pómulos y las cejas.

En Lima, la noticia fue anunciada por el ministro del Interior, César Astudillo, quien destacó las gestiones realizadas desde Perú. “Ha sido por una requisitoria que hemos hecho desde Perú ya hace buen tiempo. Hay equipos que han estado siguiéndolo. Obviamente, se van a hacer todos los trámites para traerlo al Perú”, afirmó. Astudillo aprovechó la captura para señalar que existen otros cabecillas bajo seguimiento. “Este no es el único. Tenemos un mosaico de jefes de bandas criminales y estamos detrás de ellos. El trabajo de la Policía es arduo”.

El relato del ministro provocó, sin embargo, una disputa sobre el papel desempeñado por la Policía peruana. Jaime Antezana, especialista en narcotráfico y crimen organizado, es una de las voces que considera que Astudillo “quiere hacer creer a la opinión pública nacional que esa importante captura es obra de la Policía Nacional del Perú. Y vender la imagen de éxito sobre la base de la labor de inteligencia de la policía boliviana”. El analista vincula lo sucedido con el arresto, en septiembre de 2025, de Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, jefe de Los Injertos del Cono Norte. Aquella vez, la Policía paraguaya rechazó la versión de una acción conjunta y sostuvo que había optado por restringir el intercambio de información con la Policía peruana por temor a filtraciones.

La discusión encuentra a la Policía Nacional bajo una presión creciente. Su comandante general, Óscar Arriola, ya había acumulado cuestionamientos durante los casi tres años en que el político Vladímir Cerrón permaneció en la clandestinidad. Ahora la institución vuelve a estar expuesta por las versiones contradictorias que rodean el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, presentó públicamente a un grupo de detenidos como presuntos implicados y sostuvo que pertenecían a Los Pulpos. Desde entonces han surgido dudas sobre la identidad de los capturados y sobre la participación policial en la liberación del empresario.

Las discrepancias alcanzaron al propio Gabinete de Keiko Fujimori. La presidenta felicitó públicamente a la Policía Nacional por la intervención, mientras Astudillo afirmó después que ninguna división policial había participado en la liberación de Lara Tantaquilla. La controversia resulta especialmente incómoda para un Gobierno que ha colocado la seguridad ciudadana entre sus principales prioridades y que busca mostrar resultados inmediatos frente a una delincuencia que continúa marcando la agenda nacional.

‘Los Pulpos’ son una referencia inevitable para entender la transformación del crimen organizado en el norte peruano. La banda surgió en la década de 1990 en El Porvenir, un distrito popular de Trujillo, y comenzó con robos y delitos menores. Con los años desarrolló una estructura basada en la extorsión, el cobro de cupos, los secuestros y el sicariato. La mutilación de orejas y dedos de sus víctimas se convirtió en una de sus prácticas más temidas. Más adelante incorporó actividades vinculadas con el tráfico de terrenos y la minería ilegal.

El grupo estuvo inicialmente controlado por los hermanos Cruz Arce. Cuando varios de sus antiguos cabecillas terminaron en prisión, Johnsson Cruz Torres, hijo de uno de ellos, asumió el mando y profundizó el uso del secuestro como instrumento de intimidación. Bajo su dirección, la organización dejó de limitarse al territorio trujillano. ‘Los Pulpos’ establecieron operaciones en Chile, especialmente en Santiago, donde miembros de la comunidad peruana fueron víctimas de extorsiones y otros delitos. ‘Jhon Pulpo’ se movía entre Chile, Argentina y Bolivia mientras trataba de eludir a la justicia. En 2020 incluso falsificó un acta de defunción para hacer creer que había muerto y continuar operando desde la clandestinidad. La estrategia le permitió prolongar durante años una fuga que este martes acabó en La Paz.


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