Interior enfrenta el futuro papel del jefe anticorrupción de la UCO ante su inminente ascenso

El Ministerio del Interior debe decidir en los próximos días el futuro destino del teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable de las principales investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno como jefe del departamento anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El inminente ascenso de este oficial a coronel, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, supone sobre el papel su salida de la unidad para ir a otro destino acorde con su nuevo rango, por tanto, que abandone las investigaciones que dirige.

Sin embargo, la reciente petición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y de la Fiscalía para que el oficial se mantenga al frente de las pesquisas del caso Koldo, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en el seno del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, obliga a los máximos responsables del instituto armado a plantearse si accede a lo que pide el magistrado y lo mantiene en la UCO y en qué condiciones.

El ascenso de Balas estaba previsto desde hace tiempo, ya que el alto mando ocupa el sexto puesto en el escalafón de tenientes coroneles que a partir del 1 de julio les tocaba alcanzar a coronel. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en que es una decisión con muchas aristas, sobre todo porque se produce en un momento especialmente tenso entre la Guardia Civil y el Gobierno, solo dos meses después de que una investigación liderada precisamente por él desembocara en la imputación de la directora general, Mercedes González, y su número dos, el teniente general Manuel Llamas, por supuestas presiones a la unidad para obstaculizar pesquisas que afectan al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Fuentes del instituto armado consideran que la petición del juez hace inevitable que Balas siga en la UCO al menos un tiempo, sobre todo por los términos utilizados tanto por el magistrado como por el fiscal del caso, Luis Pastor, en los escritos en los que lo solicitaban. El juez destacaba que Anticorrupción reclamaba que el aún teniente coronel permaneciera en su puesto “por el tiempo necesario” para concluir las pesquisas, ya que había tenido “un papel relevante” en la investigación de las presuntas corruptelas del exministro Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Esta permanencia no plantea inicialmente problemas administrativos, ya que la Guardia Civil puede mantenerlo en la unidad bajo la figura de comisión de servicios ―adjudicar a un agente temporalmente un puesto distinto al que le corresponde―. De hecho, esta figura se ha utilizado en los últimos meses con otros dos tenientes coroneles de la UCO, los que dirigían los departamentos de cibercriminalidad y de lucha contra el narcotráfico, a los que se mantuvo en sus puestos durante meses por cuestiones operativas pese a que habían ascendido a coronel. En principio, las comisiones de servicio pueden ser por un año máximo, aunque se pueden prorrogar por más tiempo en casos excepcionales.

La petición del juez Moreno para que Balas siga al frente de la investigación del caso Koldo debe superar varios trámites internos. El primero, que el jefe de la UCO, el coronel Pedro Merino, emita un informe sobre la conveniencia o no de la continuidad del mando y lo eleve a la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, que, a su vez, debe emitir otro, detallan las fuentes consultadas. El máximo responsable de esta jefatura es el general Alfonso López Malo, antiguo jefe de la UCO y cuya declaración como testigo en el caso Leire Díez reforzó los indicios sobre supuestas presiones recibidas por los agentes de la unidad. En casos similares, este doble trámite suele ser favorable. No obstante, la decisión final sobre el destino de Balas corresponde a otro órgano interno, el Estado Mayor, que dirige la política de personal del instituto armado. “Se conceden muchas comisiones de servicios cada año”, insiste una de las fuentes consultadas, que da por hecho que también se le concederá al aún teniente coronel.

La duda aún es saber cómo sería esa permanencia en la unidad. La Guardia Civil puede optar por mantenerle al frente del departamento de anticorrupción y no convocar un concurso para cubrir la plaza de teniente coronel que dejaría vacante por su ascenso. En este caso, nada cambiaría y él seguiría siendo el jefe y dirigiría todas las pesquisas, las que están en marcha y las que surgieran nuevas mientras durara la comisión de servicios.

No obstante, la Guardia Civil también tiene la opción de mantener al mando como responsable únicamente de aquellas investigaciones para las que los jueces hayan solicitado formalmente su continuidad. Hasta ahora solo ha trascendido la del magistrado del caso Koldo, pero Balas también encabeza las pesquisas del caso Leire Díez, que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz; además de la que instruye un juez de Madrid sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entre otras.

En este caso, la Guardia Civil convocaría un concurso para cubrir la plaza de teniente coronel jefe del departamento anticorrupción y el nuevo mando se haría cargo del resto de pesquisas y de las que surgieran nuevas. Habría entonces dos jefes para un mismo departamento, una situación que, en opinión de las fuentes consultadas, puede provocar tensiones. Estas mismas fuentes añaden que algunos tenientes coroneles ya han sido sondeados para saber si estarían dispuestos a presentar su candidatura si finalmente se ofertara la plaza, pero sin éxito por ahora.

Balas adquirió relevancia mediática en mayo del año pasado, al salir a la luz un vídeo en el que la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset intentaban convencer al empresario vasco Alejandro Hamlyn, investigado por la Guardia Civil, para que les facilitara información comprometedora sobre el teniente coronel. “Si Balas está muerto, mejor”, se escuchaba decir a Díez en la grabación. Para entonces, el mando ya estaba al frente de las principales pesquisas de la UCO que afectaban al Gobierno y al PSOE. Él fue quien dirigió el registro en el despacho del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 30 de octubre de 2024 y quien defendió durante el juicio en el Tribunal Supremo el informe clave de la causa, que atribuía al jefe del ministerio público una “participación preeminente” en las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso.

Su testimonio también fue fundamental en las condenas a inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente; Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño y otras nueve personas por las supuestas irregularidades en la contratación del primero por la diputación pacense. También declaró en el juicio en el que se condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por corrupción y ha participado en las pesquisas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, a la que el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.