Un juez da un revés al Gobierno de Trump por imponer salarios de hambre a campesinos con visado temporal
Nadie en Estados Unidos puede vivir con un sueldo de 7 dólares la hora, mucho menos en California, el principal Estado agrícola del país. Por eso, un juez federal asestó este jueves un duro revés a la Administración de Donald Trump al ordenar que se incrementen de inmediato los salarios de los trabajadores del campo con visas temporales, después de que el Gobierno los redujera hasta ese nivel mediante una medida que ha sido calificada de “arbitraria y caprichosa”.
La norma del Departamento del Trabajo (DOL) que el juez Kirk. Sherriff bloqueó exigía reducir sustancialmente los salarios de los trabajadores agrícolas con visa H-2A, contratados cuando las empresas del sector no logran encontrar suficiente mano de obra en Estados Unidos. Uno de los principales obstáculos han sido las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida del DOL, que entró en vigor en octubre de 2025, también eliminaba la obligación de los empleadores de cubrir íntegramente los costos de alojamiento.
La propia dependencia federal estimaba que estos cambios permitirían a los dueños de estas compañías ahorrar alrededor de 2.460 millones de dólares al año solo en costos de nómina.
El fallo del juez Sheriff señala que la justificación de la Administración de Trump para reducir los salarios era “defectuosa tanto en el fondo como en la forma”. Por ello, ordenó al Departamento del Trabajo publicar cuanto antes las nuevas tasas salariales y notificar a los empleadores que redujeron los sueldos que podrían estar obligados a realizar pagos retroactivos.
El Gobierno federal, se lee en el texto del juez, “no evaluó razonablemente si esto se ajusta a su obligación legal de proteger a los trabajadores agrícolas estadounidenses de los efectos adversos de la contratación de trabajadores con visa H-2A”.
La decisión, calificada por sus impulsores como una “victoria muy necesaria”, es el resultado de una demanda interpuesta en noviembre de 2025 por 18 campesinos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) y su fundación. La querella contó además con el respaldo de cinco exsecretarios del Trabajo, 13 fiscales estatales y los senadores por California Alex Padilla y Adam Schiff.
Uno de los demandantes es Crisanto Serrano, quien ha trabajado en Sunnyside, Washington, y afirma que el programa de visas temporales está desplazando a la mano de obra local. “Cada vez más, los productores prefieren contratar a trabajadores con visas H-2A —a quienes pueden mantener confinados en sus propiedades— en lugar de a nosotros, los trabajadores locales que vivimos y pagamos impuestos aquí y que contamos con décadas de experiencia”, afirmó en un comunicado. “Espero que esta decisión judicial proteja nuestros salarios y empleos aquí, en el Valle de Yakima, por mucho tiempo”, agregó.
“Continuarán los ataques”
Las proyecciones del Economic Policy Institute advertían que los cambios salariales para los trabajadores con visa H-2A provocarían una reducción de alrededor del 9% en los ingresos totales de los campesinos del país, lo que representaría pérdidas para ellos de hasta 3.000 millones de dólares.
“El Gobierno debe actuar con rapidez para establecer nuevas tarifas salariales legales que protejan los empleos y los salarios de los trabajadores agrícolas locales”, declaró Teresa Romero, presidenta del UFW, en un comunicado. “Si bien esta decisión representa un paso alentador, sabemos que continuarán los ataques contra los salarios de los campesinos”, advirtió la líder sindical.
“Esta decisión es una victoria muy necesaria para los trabajadores agrícolas de todo el país”, señaló por su parte Erica Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW. “Ellos merecen recibir un pago justo por una jornada de trabajo justa”, agregó.
Se estima que cada año más de 380,000 jornaleros extranjeros llegan a Estados Unidos con visas H-2A para arar los campos, podar árboles y recoger las cosechas. Se distribuyen entre las principales regiones agrícolas del país, como California, Texas, Florida, Washington y Georgia. Su número casi se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas. El programa fue establecido en 1986.
La agricultura estadounidense depende cada vez más de esta mano de obra porque, en muchos campos de cultivo, los productores no encuentran suficientes trabajadores locales dispuestos a realizar labores físicamente extenuantes, con salarios bajos y que, además, suelen estar disponibles únicamente durante determinadas épocas del año, como las temporadas de siembra y cosecha.
A esto se suman los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que también han puesto el foco en el sector agrícola. En California, las fuerzas federales han realizado redadas en zonas agrícolas del Valle de Coachella, Oxnard y el condado de Kern.
