La caravana de los deportados
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Las primeras caravanas marchaban hacia un supuesto futuro mejor en una tierra nueva llena de promesas. Las de ahora suben a un lugar conocido, ya saben lo que les espera en una tierra que fue su casa por muchos años. Hasta que las agresivas políticas de Donald Trump los echaron a patadas. La nueva caravana que salió la semana pasada de Tapachula busca rehacer muchas vidas truncadas, familias rotas por los agentes del ICE, sin futuro y sin presente. Venezolanos, cubanos o haitianos que han sido arrojados como paracaidistas sin red a ciudades del sur de México, lugares inhóspitos donde apenas logran dormir bajo algún techo o comer por la solidaridad de los vecinos.
Francisco Gómez es un cubano de 60 años que pasó la mitad de su vida en Arizona. Mi compañero José Torres habló con él mientras se preparaba junto a otras 400 personas para salir a pie hacia el norte. Apenas puede caminar y se apoya en la rama de un árbol que ha encontrado por la ciudad fronteriza de Chiapas, que desde hace años se ha convertido en una especie de contenedor de migrantes. Antes, como primera parada mexicana para las rutas desde el sur de la región que huían de la violencia o la miseria. Ahora, como destino de parte de las casi 300.000 personas que lleva expulsadas la Administración Trump desde su segunda llegada al poder hace año y medio.
“Aquí estamos solos, sin poder trabajar ni movernos a otras partes. Voy a llegar hasta donde los pies me permitan, pero no me puedo quedar en Tapachula porque esto es una prisión”, le contó Gómez a mi compañero, que desde su deportación, el 11 de mayo, suele dormir en las calles de Tapachula. Han comenzado una travesía, que puede durar semanas o incluso meses, plagada de peligros, desde las mafias del crimen organizado a la extorsión de las autoridades.
Muchas son conscientes, además, de que el regreso a la casa estadounidense no va a ser nada sencillo. “Mi esposa me dice que las cosas en Estados Unidos están muy complicadas, ya no se puede ir para allá, así que ahora tendré que moverme para la Ciudad de México en busca de una oportunidad de trabajo, pero lejos de mi familia”, contaba José Luis Guerrero, venezolano de 31 años, que tiene una hija recién nacida en Tulsa, Oklahoma.
Las políticas antinmigración de Trump, que ya suman varios muertos a manos de las violentas y desproporcionadas de ICE, están provocando un efecto disuasorio. Las últimas cifras de la Casa Blanca apuntan a que el mes pasado los cruces ilegales en la frontera alcanzaron un mínimo histórico. Las detenciones de migrantes disminuyeron un 94% en comparación con el mismo período de la administración demócrata de Joe Biden. No hay datos oficiales desagregados por países, pero además de una gran mayoría de mexicanos, las nacionalidades que más se repiten en el destierro mexicano son cubanos, haitianos y venezolanos.
Las deportaciones a terceros países no son una novedad. México lleva años recibiendo a extranjeros deportados de Estados Unidos como “tercer país seguro”. Durante la Administración de Biden se llegó a un acuerdo para recibir 30.000 al mes, aunque en ese caso eran personas que acababan de cruzar la frontera ilegalmente y eran devueltas de inmediato, algo muy diferente al tipo de deportaciones que se están viendo ahora.
La Administración Trump ha impulsado esta práctica agresivamente. Según un informe del Congreso, el actual Gobierno republicano ha gastado más de 40 millones de dólares en enviar a unos cuantos cientos de migrantes a países tan lejanos como Sudán del Sur o el pequeño reino africano de Esuatini; un costo promedio de 130.000 dólares por persona deportada. Sin embargo, esos cálculos no incluyen el destino más común: México
