La nueva ola de despojos en la capital alienta el Movimiento Doña Carlota, inspirado en la abuela vengadora de Chalco
Una manta cuelga en la reja de los juzgados en el reclusorio de Chalco, en el oriente del Valle de México. Al centro hay una imagen estilizada de una señora de la tercera edad vestida de color rosa, con bufanda negra y gafas, empuñando un arma. Abajo se lee su nombre, “Doña Carlota”, y arriba, el anuncio de un “movimiento nacional”. Es jueves 20 de agosto, y dentro del juzgado debería desarrollarse la audiencia intermedia del proceso que se sigue en contra de Carlota Alfaro y sus dos hijos, acusados de asesinar a dos personas en abril de 2025.
Afuera del juzgado, como cada que hay una audiencia por el caso, una docena de vecinos de Chalco se manifiesta por la libertad de Carlota. Protegidos del sol debajo de una carpa, hombres y mujeres gritan consignas: “justicia-justicia”, “no-estás-sola”. Reparten folletos entre automovilistas y transeúntes en los que informan sobre el nuevo movimiento anti despojos, mientras escuchan el corrido de Doña Carlota, que narra la historia por la que es famosa.
En resumen, aquel 1 de abril de 2025, Carlota -de entonces 74 años- se presentó en el domicilio de su hija Mariana, en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe, municipio de Chalco, para hacer justicia. Mariana y su hermano Eduardo llevaban días tratando de echar a un grupo de invasores que se habían metido a su propiedad. Ya habían denunciado ante el Ministerio Público, pero solo consiguieron que, el 28 de marzo, peritos y policías de investigación del Estado de México acudieran al lugar para atestiguar que la casa había sido cerrada con cadenas y candados ajenos a los legítimos propietarios. Pero los policías no sacaron a los ocupantes.
Tres días después, Carlota y sus hijos regresaron a su casa y encontraron a los invasores, que se negaron a salirse. Tras una discusión acalorada, Carlota y Eduardo sacaron sus armas, y exigieron que se salieran; finalmente, Carlota disparó; mató a un hombre de 51 años y a su hijo de 19, e hirió a un menor de edad. La escena fue grabada por una testigo con su teléfono celular y rápidamente se hizo viral en redes sociales, dando pie a la leyenda de la “abuela vengadora”. En una metrópolis con más de 60.000 casos de despojo e invasión de propiedad archivados en las Fiscalías del Estado de México y Ciudad de México, la historia trascendió el homicidio y se convirtió en un paradigma, el de una ciudadana haciendo justicia por propia mano ante la ineptitud de las autoridades.
Carlota, Mariana y Eduardo fueron detenidos días después y procesados por el doble homicidio, a pesar de que alegaron legítima defensa. Dos de los presuntos invasores también fueron encarcelados, acusados de los delitos de despojo, robo a casa habitación y extorsión. En marzo de 2026, la defensa de Carlota tramitó un amparo para que le cambiaran la medida cautelar, argumentando su edad y estado de salud, y hoy permanece en prisión domiciliaria -con un localizador en el tobillo-, en una unidad habitacional de Chicoloapan, un municipio vecino de Chalco.
Doña Carlota es un mito mediático alimentado por miles de personas que han sido víctimas de despojo. Sus simpatizantes pululan en Facebook y YouTube, donde la escena de los disparos sigue acumulando reproducciones y “likes”. Los familiares y vecinos aparecen en los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco cada que se cita a audiencia pública. El juicio, como es normal en México, avanza lentamente, a capricho del juez de control en turno en el distrito judicial de Chalco y de una fiscalía que ha dilatado la presentación de pruebas. En las manifestaciones se tocan los corridos y cumbias dedicadas a Doña Carlota, cuyas letras son auténticas apologías del delito por el que podría ser condenada a 84 años de prisión. Como parte de la performance, los manifestantes llevan mantas con la imagen de una abuelita vestida como Batman. “Todos somos Carlota. ¡Basta de invasiones!“, se lee en letras amarillas y blancas sobre una superficie guinda, el color del partido Morena.
De la justicia ciudadana a la respuesta institucional
Arturo Santana Alfaro es hijo de Doña Carlota, abogado, litigante en el caso de su madre y hermanos. Fue dos veces diputado federal por el PRD en los años en los que los actuales gobernantes de la Ciudad y del Estado de México también militaban en el otrora partido de la izquierda mexicana. Es el principal vocero del Movimiento Doña Carlota. Acude a las audiencias vestido de traje y corbata, armado con un Código de Procedimientos Penales y una copia impresa del expediente, revuelto dentro de un fólder. Usa anteojos y habla con tranquilidad y elocuencia.
“El movimiento Doña Carlota se forma de manera natural, para ayudar a la gente que ha sido despojada de sus propiedades; no solo de sus casas, sino de sus terrenos, oficinas, etcétera”, explica Santana. Según sus datos, en Ciudad de México existen aproximadamente 30.000 carpetas de investigación acumuladas por el delito de despojo, y otro tanto en el Estado de México. Las cifras oficiales reportan que, en el primer semestre de 2026, se denunciaron 2.323 casos de despojo en Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa (limítrofe con el Estado de México y de donde es oriunda Doña Carlota), Gustavo A Madero, Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Fue precisamente en la Benito Juárez, una alcaldía gobernada por el PAN desde hace más de dos décadas, donde el tema volvió a encender las alarmas. En el mes de julio, se multiplicaron las denuncias de despojo en la colonia Del Valle, un barrio de clase media, de alta plusvalía, en el que conviven nuevos desarrollos inmobiliarios con viejas casonas de mediados del siglo XX. Los vecinos afectados expusieron en redes sociales el modus operandi de un grupo organizado para invadir propiedades deshabitadas, semiabandonadas o pobladas por adultos mayores. Con engaños o echando mano de cerrajeros, ingresan a los predios, los ocupan, después, presentan documentación con la que reclaman la propiedad. La reciente ola de denuncias, focalizada en calles como Matías Romero, volvió a poner los despojos en la agenda pública y obligó a la Administración de Clara Brugada a presentar, en los primeros días de agosto, una estrategia específica conocida como “Programa de Protección del Patrimonio Familiar”.
La jefa de Gobierno prometió un protocolo de acción en menos de 3 minutos después de una denuncia de invasión; una defensoría jurídica con 100 abogados que se instalarán un día de la semana en el Zócalo para recibir denuncias; la judicialización de las carpetas de investigación en menos de 30 días, y una auditoría interna en el Gobierno de la ciudad para desarticular las posibles redes de corrupción que facilitan los despojos.
El Movimiento Doña Carlota quiere ir más allá. “La jefa de Gobierno anunció desde el año pasado la construcción de un gabinete de seguridad para prevenir el despojo, pero no ha funcionado. Ahora le dan una nueva dimensión con su anuncio de hace 15 días; esperemos que no sea un asunto solo de saliva y de tomarle el pelo a la gente, porque la percepción ciudadana es que no ha funcionado, no se les atiende, no hay resultados, lo más importante, no hay restituciones de las propiedades. Pero es bienvenida la estrategia, que aún no se puede evaluar, hasta tener los resultados”, asegura Arturo Santana.
Hace una semana, sin embargo, Brugada dio a conocer que, en los primeros 12 días de la estrategia, se atendieron 89 denuncias, se confirmaron 14 casos probados de despojo, se restituyeron ocho inmuebles y se detuvo a 90 personas. “El gran objetivo de esta estrategia es justamente detener este delito; ponemos toda la fuerza de las instituciones del lado de quien defiende legítimamente su patrimonio”, dijo Brugada en una conferencia dedicada especialmente al tema, que ya ha provocado un debate político entre Morena y la oposición.
En paralelo, el Congreso de Ciudad de México ha recibido propuestas de reformas para llenar los vacíos legales que fomentan el despojo. Una de ellas es la llamada “Ley Carlota” -que busca agilizar la atención de las denuncias y la prevención de los casos-. Ésta fue presentada por vecinos de la Del Valle respaldados por habitantes del Estado de México y por el Movimiento Nacional Doña Carlota.
Mientras tanto, el teléfono de Arturo Santana no deja de sonar. Recibe diariamente hasta cien llamadas de personas que buscan asesoría para recuperar sus propiedades. En todas las llamadas hay un trasfondo: la imagen de la abuela que hizo justicia por propia mano.
A las afueras del reclusorio de Chalco, donde sus hermanos esperan sentencia, el hijo de Doña Carlota informa a los integrantes de su movimiento sobre un nuevo aplazamiento de la audiencia intermedia. Los abogados de la parte denunciante decidieron no presentarse, por segunda ocasión, como parte de una estrategia para ganar tiempo. Y el juez ha ordenado una nueva audiencia para el 1 de septiembre. Doña Carlota ya estaba conectada vía remota, desde una computadora en una vivienda en Chicoloapan, donde le fue autorizada la prisión domiciliaria. “El caso de mi madre ha ayudado a visibilizar un problema social que no había sido atendido, que había sido ignorado por muchos años, y que hoy por hoy está saliendo a la luz pública”, advierte el abogado, “en el país hay cerca de un millón de carpetas de investigación abiertas por este delito; es un cáncer social; si no lo atacamos pronto, puede hacer metástasis y generar conflictos sociales de otra naturaleza”.
