Por qué trasladar a 500 menores de Ceuta a la Península: atención básica inmediata y respuesta a la salud mental
Este miércoles se supo que el Gobierno trabaja en encontrar una fórmula para el traslado de al menos 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península a través del Ministerio de Juventud e Infancia. Y también este miércoles Alberto Núñez Feijóo preguntaba “¿qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno considere esta mañana, no hasta la fecha, que se deben mandar a la península 500 niñas?”. La respuesta está en la literatura científica de las tres últimas décadas. Miles de estudios, investigaciones, metaanálisis, informes de gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales han señalado que las niñas y las adolescentes son un grupo de población que necesita ser atendido de forma prioritaria en contextos de riesgo: ya sean guerras, desastres naturales o crisis políticas y humanitarias como la de Ceuta.
¿La razón de esa necesidad? Que corren “un mayor riesgo de sufrir violencia sexual, abuso, explotación y matrimonio forzado o precoz”, entre otras cuestiones, afirmaron las investigadoras de uno de esos artículos, de 2019, en Sage Journal. Otro, publicado en The Lancet en 2022, hace además hincapié en las adolescentes, ya que, afirma, quedan muchas veces “desatendidas” al no ser ni mujeres adultas ni niñas y no entrar en el foco del trabajo “de los sectores de violencia de género” y tampoco en los de “protección infantil”, por lo que “la violencia contra esta subpoblación queda sin abordar”. Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children en España, ha perdido la cuenta de las veces que desde su organización, con equipos desplegados en Ceuta, se ha explicado esto.
La importancia, y la urgencia, del traslado, afirma, tiene que ver con dos cosas principalmente: “Por un lado, una atención básica, que tengan un techo, tres comidas al día, acceso a condiciones de higiene. Por otro, para que pueda darse respuesta a esas necesidades de salud mental que tienen por todo esto que han vivido. Estamos hablando de niñas con ataques de ansiedad y con importantes crisis por la violencia a la que han estado expuestas”. Y han sido muchas.
“500 es una cifra muy alta”, señala Perazzo. Aunque no cuentan con datos exactos, explica que “en los movimientos migratorios en España hay muchas menos niñas que niños. A veces porque están invisibilizadas o porque van por otros canales, por ejemplo, en las redes de trata, donde a las víctimas las hacen pasar por adultas y son totalmente invisibles al sistema”. Pero “justo en esta entrada están sobrerrepresentadas, hay muchas más que habitualmente y están en una situación de muchísima vulnerabilidad”.
Según fuentes del Gobierno, muchas de ellas son muy pequeñas y los servicios sociales se están encontrando con situaciones que van desde menores que vienen de situaciones de violencia y han dicho que no quieren volver, otras que no tienen familia o las que sí la tienen, pero completamente desestructuradas. Para esas mismas fuentes es muy difícil garantizar que puedan volver a un entorno seguro. Además de lo que ya han atravesado antes de llegar a España.
La experta de Save the Children señala que ya durante la travesía “han sido víctimas de violencias, incluida la sexual, y ahora siguen expuestas a ella” si no se toman medidas, “aún más las que han estado en la calle o siguen en la calle. Son muchos riesgos. Además de la violencia, está la trata y la explotación sexual”. En casos de adolescentes, pueden añadirse problemas con la salud menstrual, o producirse embarazos derivados de esa violencia, cuyas cifras exactas tampoco se conocen.
Según ha podido saber este periódico, hasta el pasado 18 de agosto, han sido ocho las mujeres atendidas por el Centro de Crisis 24 horas ―gestionado por la ciudad― dentro de este contexto humanitario: tres adultas y cinco menores de edad. Y el Ministerio de Igualdad, aunque no facilita números, explica que tras negociar con la ciudad autónoma, se llegó al acuerdo de “ampliar el tiempo de estancia para adecuar el servicio a sus necesidades”.
Ceuta, en números absolutos, no registra anualmente datos elevados de delitos sexuales ―51 en 2024, los últimos disponibles―, aunque sí lo son respecto a su población, unas 83.600 personas; su tasa por cada 10.000 habitantes (6,1) supera la media nacional (4,7). Y fuentes institucionales señalan que, “al menos, existe un centro específico con personal especializado para atender esta violencia, fuera y dentro de esta crisis”.
En esta, desde Igualdad afirman que “desde el inicio” han estado “en colaboración estrecha con el Gobierno de la ciudad autónoma, con la delegación del Gobierno, con la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género y con las ONG del territorio” y ahondan en la “prioridad” que hay que dar a “mujeres y niñas para garantizar su protección”. Una que sobre todo al comienzo de la crisis hicieron muchas vecinas y vecinos de Ceuta. En un reportaje en este periódico, Bárbara Ayuso narró el pasado 9 de agosto cómo por todas las barriadas de Ceuta se repetía la misma escena: mujeres que acogen a niñas, mayoritariamente marroquíes, que vagan por las calles intentando hacerse invisibles. Invisibles a la policía, pero sobre todo a la violencia a la que sabían que estaban expuestas; de cualquier hombre, marroquí o español.
Aspacia, la organización especializada en violencias sexuales, ha recordado este jueves en una publicación que “las violencias sexuales no pueden convertirse en una excusa para criminalizar al conjunto de las personas migrantes o promover discursos de odio”, que “instrumentalizar estas agresiones no protege a las niñas”. Y que lo que ellas, las niñas, necesitan, es “protección inmediata, espacios seguros, atención integral especializada, mediación intercultural y procesos adoptados a su edad que eviten la revictimización”. De forma, además, urgente.
Las (al menos) 500 menores que ahora el Gobierno está pensando en trasladar llevan ya 20 días en Ceuta. Y al por qué ahora y no antes, Perazzo, la especialista de Save The Children, no tiene respuesta: “No sé por qué se ha hecho ahora y no se ha hecho antes; lo importante es que se haga”. Dice que, en cualquier caso, “la respuesta a esta crisis, que es una crisis humanitaria y de protección a la infancia, hubiese sido mejor si hubiese habido planes de contingencia preparados de antemano con bolsas de profesionales formados que se puedan movilizar, mapa de recursos habitacionales que se puedan activar de manera ágil, y un mecanismo de traslados que funcione”. Pasado casi un mes, “lo bueno es que va a llegar este momento; ojalá hubiese llegado antes”.


