El exilio judicial exige al presidente Arévalo “acciones concretas” para un regreso seguro a Guatemala
El colectivo Voces Guatemaltecas en el Exilio —integrado por jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas— emitió este martes un comunicado en el que exige al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo garantías para poder regresar a Guatemala, de donde salieron al destierro por la persecución política desencadenada principalmente por la Fiscalía encabezada por la controvertida exfiscal Consuelo Porras. Los afectados piden al Ejecutivo que un reciente reconocimiento público de Arévalo sobre el exilio forzado se traduzca en medidas verificables, con plazos, instituciones responsables y recursos definidos para el retorno.
El pronunciamiento surge tres días después de que el presidente recibiera el informe La verdad del exilio: Ética, criminalización y lucha por la justicia y la democracia en Guatemala (2014-2025), que recogió 132 testimonios presentado la semana pasada por Casa Centroamérica, una organización de apoyo a exiliados en México. En ese evento Arévalo dijo que tomará acciones como coordinar el apoyo necesario con las instituciones que corresponda para terminar con la instrumentalización de la justicia y constituir e implementar inmediatamente un plan para hacer posible el retorno seguro para quienes decidan volver.
“En ese contexto hemos remitido una comunicación al Mecanismo de Atención al Exilio Guatemalteco, en la que planteamos propuestas para la construcción de un plan integral de retorno. Entre nuestras principales peticiones se encuentra la creación de canales de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Organismo Judicial para revisar los procesos identificados como casos de criminalización”, informaron los exiliados en un comunicado. Agregan, además, que esta revisión no implica garantizar impunidad ni cancelar procesos por decisión política, sino determinar, con criterios objetivos e independientes, si el derecho penal fue utilizado sin fundamentos suficientes o si se construyeron expedientes con fines de represalia o persecución.
Desde hace tres meses, el Ministerio Público (MP) guatemalteco tiene nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, quien asumió el cargo después de ocho años de administración a cargo de la cuestionada Consuelo Porras, quien encabezó la persecución contra jueces, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos que salieron exiliados del país a causa de persecuciones judiciales en su contra.
El 8 de junio, el MP desistió formalmente, mediante un escrito presentado ante la Corte de Constitucionalidad, de la persecución penal contra siete periodistas del extinto diario elPeriódico, que fue dirigido por el periodista José Rubén Zamora, un caso abierto desde marzo de 2023 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la gestión de Porras (2018-2026). El retiro se produjo después de que el Juzgado, una Sala de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia coincidieran en que el caso debía dirimirse ante un Tribunal de Imprenta y no por la vía penal.
“Tengo esperanza, pero también cautela. El verdadero cambio se podrá medir cuando esas manifestaciones se traduzcan en decisiones concretas: revisar objetivamente los expedientes, desestimar los casos que carezcan de sustento y poner fin a órdenes de captura derivadas de procesos espurios”, respondió por teléfono Juan Francisco Sandoval, exfiscal especial contra la impunidad, perseguido desde 2018.
Sandoval indicó que en su caso particular no puede decir que ya tenga avances concretos en los procesos que tiene en su contra. “Quisiera pensar que sí [volverá a su país], pero todavía es difícil hablar de un regreso próximo. Volver a Guatemala no depende únicamente de mi voluntad, sino de que existan condiciones jurídicas y de seguridad que hagan posible un retorno seguro y digno”, añadió. Voces Guatemaltecas en el Exilio también pidió garantías efectivas para la seguridad e integridad de las personas afectadas y la restitución de sus derechos laborales y profesionales.
