El negocio del hambre en los centros del ICE: migrantes gastan miles de dólares para no ingerir “comida para perros”

Cuando Carlos entró a un centro de detención migratoria en el desierto de California, el uniforme extragrande le quedaba justo. Ocho meses después, le colgaba del cuerpo: había perdido 40 libras (18 kilos). “Mucha gente bajó todavía más de peso”, asegura este centroamericano, que relata el suplicio que vivió por una alimentación que califica de deplorable. Su queja se repite en otras instalaciones similares. Para calmar el hambre ante las comidas “horribles” que reciben, los migrantes se ven obligados a gastar miles de dólares en sopas, sardinas, tortillas, frituras, galletas y gaseosas que compran en la tienda interna a precios exorbitantes. Aun así, no cubren sus necesidades nutricionales: adelgazan, en algunos casos, se enferman. “Es un negocio redondo”, dice Carlos.

—¿Qué tan seguido se quedaba con hambre? —se le pregunta a este migrante.

—Todos los días —responde Carlos.

Sobrevivir con el estómago vacío aparece como una constante en informes y demandas judiciales que señalan las condiciones de alimentación en varios centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El problema se ha agravado a medida que estas instalaciones se han llenado casi a tope por la campaña de deportaciones masivas emprendida por el Gobierno de Donald Trump. El ICE mantiene ahora a casi 66.000 personas bajo custodia y se encamina hacia su objetivo de alcanzar los 100.000 en los próximos meses.

Esta saturación ha abierto la puerta a lo que organizaciones defensoras de los migrantes consideran un negocio lucrativo: los productos disponibles para mitigar el apetito llegan a venderse hasta al triple que en un supermercado. El servicio, conocido como comisaría, suele estar en manos de proveedores externos que establecen libremente los precios y operan bajo una supervisión limitada. Uno de ellos es Trinity Food Services, una de las principales proveedoras de alimentos para cárceles y centros de detención en Estados Unidos.

“No les proporcionan las proteínas que necesitan, por lo que los migrantes se ven obligados a recurrir a la tienda del centro de detención para comprar su propia comida, cuyos precios son muy elevados”, afirma Val Suárez, quien es organizador comunitario y legal del grupo California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ). “Hemos visto casos de muchas personas que pierden mucho peso mientras están detenidas, que enferman gravemente y no reciben el trato adecuado”, añade.

“Lo justo para sobrevivir”

Como los migrantes detenidos tienen prohibido manejar efectivo o utilizar tarjetas bancarias dentro de las cárceles del ICE, dependen de los depósitos que familiares y amigos realizan en sus cuentas personales. Con ese dinero compran lo que haya en las comisarías. La otra opción es realizar tareas de limpieza y cocina por un estipendio que más parece de esclavitud: un dólar al día. Para ellos, una jornada de hasta ocho horas se paga con el equivalente a una sopa Maruchan.

Un reciente informe del Departamento de Justicia de California revela que, tras entrevistar a migrantes recluidos en siete centros del ICE en ese Estado, algunos aseguraron haber gastado hasta 150 dólares por semana en estos productos porque las raciones que les servían eran apenas “lo justo para sobrevivir”.

Algunos incluso la compararon con “comida para perros” o la calificaron de “horrible”. Hubo quienes dijeron haber sufrido dolores estomacales o episodios de diarrea tras consumir alimentos que parecían seguir congelados por dentro, además de leche y atún caducados, carne con mal olor y arroz duro. “Como resultado, algunos detenidos informaron que optan por no comer los alimentos y se ven obligados a comprar comida en la tienda del centro”, señala el informe.

Pero mientras los migrantes desembolsan miles de dólares para complementar su dieta que, por ley, debe consistir en “comidas nutritivas y apetitosas”, las ganancias de este negocio permanecen en la opacidad. Ni el ICE ni las dos compañías que gestionan varias de estas cárceles, GEO Group y CoreCivic, respondieron a las solicitudes enviadas por este periódico sobre los ingresos de las comisarías. Tampoco se pronunció Trinity Food Services. GEO Group y CoreCivic siguen llenándose los bolsillos gracias a la mano dura de Trump: reportaron, en conjunto, 1.400 millones de dólares en ingresos tan solo durante el segundo trimestre del año, 15% y 27% más que en el mismo periodo de 2025.

Café mucho más caro

Un frasco de ocho onzas de café instantáneo vendido a 18 dólares —el doble de su precio en Walmart— fue la gota que colmó el vaso para más de 300 migrantes recluidos en los centros de California City y Golden State Annex, en el valle central californiano. Los detenidos firmaron cartas de protesta en julio pasado y declararon un boicot contra el servicio de comisaría.

La lista de productos que, según denunciaron, se vendían con precios inflados era extensa: una caja de 40 tampones costaba casi 21 dólares, prácticamente el doble que en un supermercado; y una sopa instantánea Maruchan se vendía a 75 centavos, 33% por encima de su precio habitual. Mientras tanto, una pequeña caja de cereal se ofrecía casi como un artículo de lujo: a 13 dólares.

“Los precios de algunos productos aumentaron más de un 135%, cuando las comisarías de esos centros ya eran muy caras, incluso más que en las prisiones estatales. Esto ocurre porque están gestionadas por una corporación que tiene libertad para fijar los precios”, explicó Suárez, del California Collaborative for Immigrant Justice, que acompañó a quienes hicieron frente al ICE y lograron bajar un poco el costo de los productos.

Esta protesta ha impulsado un proyecto de ley (SB 941) del senador estatal Steve Padilla, un demócrata de San Diego. Su iniciativa busca prohibir los sobreprecios en los productos que se venden en las cárceles privadas del ICE y establecer un límite de 35% por encima del costo del proveedor. El proyecto fue aprobado por el Senado de California en mayo. La oficina de Padilla documenta otros ejemplos de precios excesivos en las comisarías: una barra de jabón se vende un 75% más cara que fuera de los centros de detención; la pasta de dientes Colgate cuesta un 139% más; y una lata de atún alcanza el triple de su costo habitual.

“Las empresas están aprovechando la ola de encarcelamiento masivo impulsada por el presidente Trump para explotar a las familias de clase trabajadora”, declaró Padilla en un comunicado. “No podemos permitir que este tipo de lucro oportunista continúe sin control”, agregó.

El problema, sin embargo, no es nuevo. Un estudio que la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) publicó en 2023, durante la Administración de Joe Biden, encontró que los migrantes gastaron en promedio 112 dólares al mes en las tiendas de los centros de ICE de Mesa Verde y Golden State Annex. Denunciaron alimentos crudos, poco apetitosos, caducados o de mal sabor, además de porciones insuficientes. “Sabía horrible. Hubo un caso en el que alguien encontró una cucaracha en sus papas”, relató uno de los entrevistados, según recoge el informe.

El hambre que ICE normaliza

Los inspectores del Departamento de Justicia de California que a finales de 2025 realizaron visitas sorpresa a los siete centros del ICE en el Estado —Adelanto, Desert View Annex, Golden State Annex, Mesa Verde, Imperial, Otay Mesa y California City— se toparon con una queja recurrente: los migrantes solían tener el estómago vacío y gastar su propio dinero en la tienda interna para llevarse algo más a la boca.

En Adelanto, se quejaron que la carne “parecía poco cocida o en mal estado”, que algunas comidas las ingerían frías y que utilizaron la misma cuchara durante varios días. En Golden State Annex, algunos aseguraron gastar hasta 100 dólares en fideos instantáneos, sopas y atún “para saciar el hambre”. En Mesa Verde, el desembolso llegaba a 150 dólares semanales en la comisaría porque, más allá de una dieta básica de frijoles y pan, no tenían “suficiente” para mitigar el apetito. En California City, “un detenido declaró que pasaría hambre si no pudiera comprar sopas instantáneas en la tienda interna”, mientras otros denunciaron que los precios llegaban a ser hasta cuatro veces más altos que en otros centros del ICE.

Minerva, una inmigrante de México que vive en Los Ángeles, pasó varias semanas en California City antes de ser liberada recientemente. En una entrevista con EL PAÍS, aseguró que “la comida olía a rancio” y prefería pasar largas jornadas sin alimento. Pero, según cuenta, algunas mujeres detenidas le dijeron que en otras instalaciones del ICE donde habían estado lo que les servían “era todavía peor”.

Al responder a las quejas sobre la mala alimentación y el negocio de las comisarías, el ICE comienza así una declaración escrita enviada a este medio: “Un día más, otro engaño sobre ICE”. La agencia asegura que proporciona tres comidas al día, que son llevadas hasta la celda de los detenidos, además de un suministro “adecuado” de agua potable y otras bebidas. También sostiene que “las comidas son evaluadas por dietistas certificados” y que aplica normas de detención “más estrictas” que las de la mayoría de las cárceles estadounidenses.

Por su parte, Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, aseguró que el servicio de comisaría “no tiene fines de lucro” y subrayó que “sería totalmente inexacto” comparar los precios de los productos que ofrecen con los de las grandes cadenas minoristas. En una declaración escrita enviada a este diario el vocero explicó que, cuando detectan que un artículo resulta demasiado costoso, buscan negociar un precio más bajo con el proveedor, reducir el margen de ganancia, de plano, retirarlo de la lista.

Gustin también afirmó que los ingresos generados por la tienda del centro de California City se destinaban a lo que describió como “un fondo de bienestar para los detenidos” de esa instalación. Según el portavoz, parte de ese dinero se utilizaba para adquirir aparatos electrónicos, así como artículos recreativos y educativos.

Pero activistas aseguran que no han podido seguir el rastro de esos recursos. “Ninguna de las personas detenidas con las que hemos hablado sabe de la existencia de este fondo de bienestar ni ha recibido información al respecto”, afirma Suárez. “Por eso decimos que han sido muy reservados sobre las ganancias reales que obtienen de estos proveedores”.

Una pasta que “no es comible”

Carlos aún recuerda el régimen casi carcelario bajo el que lo alimentaban en Adelanto, con capacidad para albergar a casi 2.000 personas y ubicado a unos 160 kilómetros de Los Ángeles. A las cinco de la madrugada los despertaban para servirles el desayuno: cereal, “algo que parece avena”, waffles y huevos revueltos o cocidos. El almuerzo llegaba a las 11 de la mañana, según cuenta, era la comida que más dejaba que desear. La cena fue servida a partir de las 4:30 de la tarde.

“La comida del almuerzo siempre es poca. Te dan una pasta que no sé cómo la hacen. Te la avientan al plato. Está bien dura. Los primeros días me la comí porque tenía mucha hambre, pero eso, de verdad, no es comible”, relata este migrante.

Para llenar el estómago, su única alternativa era la tienda interna. Carlos asegura que gastaba alrededor de 400 dólares al mes, que le depositaban sus familiares y compañeros de trabajo. Durante los ocho meses que permaneció bajo custodia, desembolsó unos 2.500 dólares. “El 90% comprábamos en la comisaría y compartimos la comida con los que no tenían dinero”, narra.

Lo habitual era compartir alimentos para “ponerle algo de sabor” a un atún insípido y a unos frijoles que, según Carlos, con frecuencia terminaban en los botes de basura. “Tres o cuatro amigos compartimos los 100 dólares que compraba cada uno cada semana. Hacíamos sopa, arroz, algo con una sardina o con un atún”, relata.

Los dos días al mes en que servían pollo en Adelanto eran especiales, casi de fiesta. Los detenidos hacían fila dos veces para intentar conseguir una segunda pieza de pollo, que escondían bajo el uniforme para llevarla a los dormitorios y comerla después. Aquello constituía una infracción a las normas internas y solía desencadenar enfrentamientos con los guardias de GEO Group. “Algunos fueron a parar al ‘hoyo’ (las celdas de castigo) por pelear para conseguir un plato extra”, recuerda Carlos.

Vivir al límite del hambre, según Carlos, era uno de los principales puntos de quiebre para muchos de los migrantes que llegaron a su celda y salieron poco después: preferían aceptar la deportación antes que continuar con el estómago vacío. “ICE lo hace para desesperar a la gente”, sostiene.