La carrera por los minerales y una mirada de justicia para América Latina

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La transición energética se ha convertido en uno de los grandes desafíos de los últimos años. En un escenario atravesado por la crisis climática y una creciente competencia geopolítica, los países del Norte Global luchan por el acceso a los llamados ‘minerales críticos’ para garantizar su seguridad energética, quizás con más empeño, para impulsar el desarrollo tecnológico y abastecer industrias que consideran estratégicas, como la inteligencia artificial y la industria militar.

Detrás de esta carrera por controlar la cadena de suministros de minerales como el litio, el cobre, el níquel y el grafito, surge una pregunta: ¿quién paga el costo de esa transición y quién se beneficia de ella?

En 2024, el Secretario General de las Naciones Unidas creó un Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, compuesto de 23 Estados miembros, dos regiones —la Unión Europea y la Unión Africana— y 14 miembros no estatales. Tras discusiones claves, el panel elaboró un documento con siete principios para una transición justa y equitativa en la cadena de valor de los minerales para la transición energética.

El primero de ellos se refiere al respeto por los derechos humanos en toda la cadena de suministro, el segundo, a la integridad del planeta, su ambiente y biodiversidad. El mensaje fue claro: la descarbonización no puede construirse reproduciendo las mismas desigualdades que durante décadas caracterizaron la explotación de los recursos naturales. Las comunidades y los países ricos en estos deben estar en el centro.

Esa fue precisamente la discusión que volvió a cobrar protagonismo recientemente durante una sesión plenaria de alto nivel en Naciones Unidas, donde gobiernos, organismos internacionales, empresas, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil debatieron cómo avanzar hacia una cooperación internacional que garantice una transición energética transparente, sostenible y justa.

Gran parte de estos minerales para la transición se encuentran en los países del Sur Global, cerca del 50 % de ellos en o cerca de territorios indígenas; están también allí donde se concentran la mayor parte de los impactos ambientales, las tensiones sociales y los conflictos territoriales asociados a su extracción.

Durante décadas, América Latina ocupó el lugar de exportador de materias primas en la economía mundial e importó productos con alto valor agregado. Ese modelo consolidó economías dependientes de la volatilidad de los precios internacionales, limitó su desarrollo industrial y profundizó las desigualdades. Hoy se repite el mismo patrón: volvemos a estar en el lugar de proveedor de minerales estratégicos mientras el Norte Global concentra la tecnología, la innovación, la industrialización y las ganancias.

Nuestros países mantienen economías altamente dependientes de las exportaciones de recursos naturales, cuentan con escasa diversificación productiva y enfrentan un reducido margen fiscal producto de elevados niveles de endeudamiento. El resultado es un círculo vicioso: más extracción para generar divisas y afrontar obligaciones financieras, mayor presión sobre los ecosistemas y un aumento de las violaciones a los derechos humanos en los distintos territorios de la región.

Los gobiernos latinoamericanos

En un escenario global complejo, atravesado por disputas geopolíticas cada vez más intensas por el acceso y control de minerales estratégicos, diversos actores compiten por consolidar su posición en las cadenas globales de suministro asociadas a estos. Las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente a esta carrera por los minerales no son homogéneas, pero en distintos países comienzan a advertirse tendencias comunes.

En Chile, se ha alertado sobre una aceleración en la aprobación de proyectos mineros, el debilitamiento de instrumentos de protección ambiental y una creciente alineación de la política minera con los intereses estratégicos de Estados Unidos, particularmente en torno al cobre, el cobalto, el litio y las tierras raras. En Bolivia también se han impulsado reformas que flexibilizan los procedimientos de evaluación ambiental, reducen las exigencias para determinadas actividades extractivas y priorizan la atracción de inversiones en sectores como la minería, presentando la aceleración de proyectos como una respuesta necesaria para reactivar la economía.

En Argentina, el Gobierno nacional impulsó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otorgando amplios beneficios fiscales, regulatorios y aduaneros a grandes proyectos extractivos bajo la promesa de atraer inversiones, generar empleo y promover el desarrollo económico. Dos años después, sin evaluar este régimen, ni discutir qué inversiones necesita el país y bajo qué condiciones, el Gobierno propone avanzar con un ‘Super RIGI’, profundizando un esquema donde los incentivos para las empresas son cada vez mayores, mientras las obligaciones ambientales y sociales resultan cada vez menores.

Aunque se trata de contextos políticos e institucionales diferentes, estos casos muestran cómo la urgencia económica y la competencia geopolítica pueden desplazar las salvaguardas ambientales, reducir los espacios de participación pública y consulta indígena, y subordinar la planificación de largo plazo a la rápida captación de inversiones.

Este contexto exige una nueva concepción de la cooperación internacional, basada en la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos y los ecosistemas. Es necesario avanzar hacia una verdadera justicia con el planeta, promoviendo la suficiencia en el uso de los recursos y reduciendo el sobreconsumo, especialmente por parte de los países de mayores ingresos, que son quienes generan una demanda desproporcionada sobre países y territorios del Sur Global.

En segundo lugar, se requiere una cooperación genuina, en la que los países del Norte Global estén dispuestos a compartir conocimiento, capacidades técnicas y recursos financieros para contribuir a cerrar las brechas existentes. Por último, cualquier estrategia vinculada a los minerales para la transición debe garantizar el pleno respeto por los derechos humanos en los territorios, asegurando la participación efectiva de las comunidades locales, la protección de los ecosistemas y el establecimiento de zonas de exclusión para la actividad minera.

América Latina tiene la oportunidad histórica de construir una agenda propia. Avanzar en una transición energética que no se limite a abastecer de minerales al mundo, sino que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, diversificar sus economías y fortalecer su autonomía. Un elemento clave para revertir esta situación es contar con planes de largo plazo que trasciendan los cambios de Gobierno y se conviertan en verdaderas políticas de Estado.

Necesitamos liderazgos capaces de mirar más allá de la próxima inversión o del próximo ciclo electoral. Liderazgos que protejan los bienes comunes y prioricen el interés público sobre las urgencias del mercado e impulsen una transición energética basada en la justicia social, la protección de los ecosistemas y la cooperación internacional, en la que países del Sur Global también tengan algo que ganar.