Ángel Aguirre, un preso barato y caro a la vez

El Gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Enrique Peña Nieto inadvertidamente hoy coinciden. La larga y triste noche de Iguala, con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, tiene en Ángel Aguirre Rivero a uno de los responsables. La diferencia es el modo de romper las nueces entre el nuevo régimen y el anterior, lo que puede llevar a que más peñistas sean buscados por la justicia.

En el viejo régimen, el presidente sucumbía a la tentación imperial y, a la vez permitía que los gobernadores se asumieran virreyes. Ese trueque entre Palacio y Estados se daba en el entendido de que los territorios no debían caer en desgobierno. Al volver en 2012 a la presidencia, el sistema priista reinstaló la poco federalista correa de tolerancia a cacicazgos y abusos en los Estados, a cambio de control.

Y aunque Aguirre Rivero ganó en 2011 la segunda gubernatura que encabezó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia Ciudadana (hoy MC) y el Partido del Trabajo (PT), la realidad es que es y fue un priista clásico. Y uno forjado al amparo de gobernadores de mano dura, como José Francisco Ruiz Massieu o el mismísimo Rubén Figueroa Alcocer, al que sustituyó en 1996.

Antes de ese año en que —por la represión de Aguas Blancas, donde murieron acribillados 17 campesinos que protestaban contra el gobierno de Figueroa, hijo él de otro cacique— fuera nombrado gobernador sustituto hasta 1999, Aguirre Rivero fue en distintos sexenios secretario general de Gobierno, de Desarrollo Económico y presidente del PRI guerrerense. Su estirpe es esa, y su candidatura de izquierda fue mero oportunismo, tanto de la coalición como de él.

En 2011 derrotó a un PRI que, si bien rumbo a las presidenciales del 2012 lucía favorito con un Peña Nieto, confeccionado mediáticamente hasta en los botones de las camisas, en el interior del país no prendía igual. En bastantes Estados, el discurso de justicia social del neocardenismo, primero, y del obradorismo después, había calado. En 2005, Zeferino Torreblanca fue el primer perredista en ganar Guerrero.

Las vueltas de la vida llevaron a Aguirre Rivero a ser un gobernador cuando su jefe fue defenestrado por el priista Zedillo, que entendió que su compadre Figueroa Alcocer era insostenible tras una matanza cuyo video fue transmitido por Televisa —lo que al mismo tiempo hablaba de los tiempos en términos de inicial apertura, y de lo insoportable que ya resultaban los viejos métodos para “mantener el control”.

Esas mismas vueltas del destino pusieron su gubernatura en la picota la noche del 26 de septiembre de 2014. Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos preparaban un viaje a la Ciudad de México. Poco más que eso es tierra firme luego de que en algunos autobuses los normalistas fueran secuestrados en el rumbo de Iguala, donde también fungía como alcalde un perredista, preso desde entonces.

Se perdió el rastro de 43 estudiantes de Ayotzinapa y otros tres perdieron la vida en un aquelarre que cobró incluso otras tres víctimas. Y si tras años de investigaciones locales, nacionales y con periodistas y expertos extranjeros México no sabe el paradero ni la forma en que murieron los normalistas, es, en buena medida, porque el sistema se enroscó en la búsqueda de su más alta divisa: la impunidad.

A pesar de que se aferró al cargo durante las siguientes cuatro semanas, Ángel Aguirre Rivero fue forzado a dimitir. Por entonces y puertas adentro, el régimen priista que gobernaba la República se quejaba de que él era uno de los responsables de lo sucedido. No porque se le creyera autor criminal de la matanza, sino por los tramos de descontrol y desinformación previos y posteriores a los hechos.

Y en eso ahora coinciden el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y el de Peña Nieto. Aguirre Rivero ha sido detenido este jueves acusado de la desaparición de material videográfico que habría registrado parte de los crímenes cometidos esa tarde/noche. Caído en desgracia política desde 2014, y habiendo padecido la muerte de un hijo, el exgobernador ha resultado ahora una presa fácil para el morenismo.

Porque, a diferencia de lo sucedido con Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista apresado el 16 de julio y retenido en un penal de máxima seguridad, Aguirre Rivero no es un símbolo de las alternancias, ni un apóstol de la democracia de la transición, ni nada por el estilo. Es un viejo priista revestido de ropajes perredistas, manto del que ahora abjuran tantos morenistas a los que el PRD cobijó.

Aguirre Rivero, aquí sí, al igual que Ruffo Appel, merece que sus excompañeros de viaje político no se ensañen con él; merece que en pulcro juicio, por un lado, respeten sus derechos procesales, y por el otro no quieran hacer de él un chivo expiatorio para granjearse las simpatías de las familias de los 43 de Ayotzinapa, primero, y de toda una sociedad agraviada por esa masacre básicamente impune.

Siendo tan distintos los exgobernadores detenidos en el último mes y tan diferentes las causas que se les siguen (a Ruffo Appel por huachicol fiscal, a Aguirre Rivero por ordenar desaparecer videos que habrían registrado el secuestro en un crimen considerado de lesa humanidad), para la Fiscalía General de la República ambos son un recordatorio de que su labor está bajo la mira y entredicho.

La ola de indignación que suscitó el exhibicionista arresto de Ruffo Appel en Ensenada, su lugar de residencia, no se producirá con Aguirre Rivero.

Pero las dudas de uso selectivo del aparato de justicia por parte de Claudia Sheinbaum sí aumentarán el reclamo de que su gobierno, que incluye a una FGR que ni siquiera guarda las formas a la hora de plegarse a Palacio, se ceba en adversarios mientras dispensa toda clase de mimos, retóricos y hasta de protección policiaca, a figuras morenistas con acusaciones judiciales.

Es ahí donde lo que puede ser una avezada decisión para buscar que al fin se conozca más sobre el funesto paradero de los 43 de Ayotzinapa, como es la detención de Aguirre acusándolo de desaparecer videos cruciales para deslindar responsabilidades, en otro plano se convierte en una muesca más de la discrecional manera del obradorismo de solo procesar sospechosos de partidos ajenos al suyo.

La detención de Aguirre, defendida ayer por la presidenta Sheinbaum al descartar que se trate de una revancha política —la fiscal Ernestina Godoy ha informado que desde enero tiene dos testigos de cómo el exgobernador ordenó la destrucción de evidencia—, estaba al alcance de la mano. Pero ahora debe dar frutos puntuales. Pronto, y no solo porque los deudos de los 43 han esperado por demasiado tiempo.

El obradorismo dio otro golpe espectacular en agosto de 2022 cuando ordenó la detención del exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, autor de la controvertida “verdad histórica” sobre la matanza, investigación que cerraba el caso al decir que los normalistas habían sido calcinados en el basurero de Cocula y sus restos desaparecidos en el río San Juan.

Fue un golpe contundente que, sin embargo, cada día que pasa —tras un par de años en la cárcel, y luego de cumplir arresto domiciliario, el hoy exfuncionario peñista, un septuagenario, es obligado a portar un brazalete electrónico— genera más dudas sobre lo que obtuvo con esa detención de alto calibre el obradorismo, aparte de una espectacularidad y una suerte de venganza.

Detener a Murillo Karam fue un golpe superior al de Aguirre Rivero. Esta segunda aprehensión tiene menos costos, pero también se le puede revertir a Claudia Sheinbaum: si es genuino el compromiso de investigar caiga quien caiga, si el exgobernador perredista es prenda de esa promesa, ¿quiere decir que la presidenta va a demandar al Ejército Mexicano que por fin coopere para esclarecer Ayotzinapa?

Si Ángel Aguirre fue detenido acusado de destrucción de evidencia, cosa que de ser cierta representaría un avance en términos de justicia aun si esos videos no se recuperaran, entonces lo único esperable es que por fin el obradorismo demande al Ejército Mexicano que abra totalmente sus expedientes del caso, cosa a la que se ha negado. Si no lo hace, la detención del jueves le saldrá muy cara a la presidenta.

Así que no solo la cadena superior del peñismo, que toleró a Aguirre aquel 2014, debe temer lo que sigue. Faltan otros de aportar evidencia.