La Fiscalía da un giro político en el ‘caso Ayotzinapa’ con la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre

Hace un año, en Xochistlahuaca, Guerrero, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero hizo un último intento por congraciarse con la presidenta Claudia Sheinbaum. En medio de una reunión con artesanas del pueblo amuzgo, una mujer se acercó a la presidenta con un huipil envuelto para regalo y le dijo que era de parte de Aguirre, a lo que Sheinbaum respondió: “Uy, no, gracias; no recibo regalos de ellos”. La escena ocurrió el 24 de agosto de 2025 y sirvió para marcar una clara distancia entre la nueva Administración y el político expriista y experredista que, para entonces, ya era investigado por ocultar evidencia clave en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República, entonces dirigida por Alejandro Gertz Manero, había mantenido inmóvil la línea de investigación que apuntaba hacia el ocultamiento de videos de las cámaras de seguridad del Gobierno estatal, donde se habría grabado el momento en el que policías municipales y estatales detuvieron uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas. No fue hasta enero de 2026, ya con Ernestina Godoy al frente de la FGR, cuando apareció un testigo colaborador que confirmó la existencia de las grabaciones y la presunta sustracción de las mismas, ordenada por funcionarios estatales. Y, en mayo pasado, según el relato de la fiscal, un segundo testigo protegido señaló que el exgobernador ordenó expresamente desaparecer la evidencia grabada desde las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

Así, en menos de un año, Ángel Aguirre pasó de testigo a imputado, y hoy está detenido por obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, señalado por la FGR de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”.

Su detención abre un nuevo flanco político, al tratarse del segundo exgobernador ligado a la oposición -después del panista de Baja California, Ernesto Ruffo– procesado y detenido en un Estado que tendrá elecciones en junio de 2027. Además, la fiscalía de Godoy asesta este golpe un mes antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas y en medio de una polémica abierta por una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, que suaviza los señalamientos al Ejército como responsable.

Ángel Aguirre, quien era gobernador de Guerrero durante la noche de Iguala, había sobrevivido a 12 años de pesquisas, investigaciones de fiscalías especiales e informes de comisiones independientes. Incluso en septiembre de 2019 participó en una reunión con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, invitado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En ese mismo mes fue citado por la FGR para declarar en calidad de testigo, pero logró transitar todo el sexenio de López Obrador sin ser imputado.

Finalmente lo alcanzó la justicia, justo un año después de que intentara un acercamiento con la presidenta Sheinbaum, y en el arranque del proceso electoral que, en 2027, habrá de dar como resultado una nueva Gubernatura en Guerrero. La detención enrarece el ambiente político en el Estado, pues Aguirre sigue teniendo influencia en el Estado -principalmente en la región de Ometepec, de donde es originario- y cercanía con algunos de los aspirantes, como el priista Manuel Añorve, que por segunda vez intentará gobernar la entidad, y Beatriz Mojica, la senadora morenista que colaboró en el Gobierno de Aguirre como secretaria de Desarrollo Social, entre 2012 y 2014, y hoy despunta como una de las cartas más fuertes de Morena en el Estado.

Medio siglo en la política

Ángel Aguirre Rivero (Ometepec, 1959) inició su trayectoria como funcionario público desde 1979; fue secretario particular del gobernador, secretario del gabinete estatal, coordinador del Programa Solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, diputado y dirigente estatal del PRI. En marzo de 1996, una matanza de campesinos ocurrida en Aguas Blancas provocó la caída del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y eso lo convirtió en mandatario interino.

En las elecciones de 1999, al final de su mandato, fue acusado por los perredistas Félix Salgado Macedonio y Andrés Manuel López Obrador de orquestar un fraude electoral para imponer al priista René Juárez Cisneros como su sucesor en la Gubernatura, pero el presidente Ernesto Zedillo lo respaldó y, finalmente, el PRI mantuvo el poder en el Estado. Aguirre reapareció hasta 2003 como candidato a diputado federal y, en 2006, el PRI lo postuló como senador de la República.

En 2010, Aguirre anunció que buscaría la candidatura para convertirse nuevamente en gobernador de Guerrero, esta vez por la vía del voto, pero el PRI apostó por el expresidente municipal de Acapulco, Manuel Añorve, a quien convirtió en candidato. Ante esa decisión, Aguirre rompió con el PRI y, gracias a su cercanía con Marcelo Ebrard -entonces jefe de Gobierno de Ciudad de México- consiguió la postulación del PRD, aliado con PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano). En los comicios de enero de 2011, Aguirre ganó la Gubernatura con amplio margen y selló su alianza con las fuerzas de izquierda que, un año después, postularon a López Obrador en su segunda campaña presidencial.

Antes de la noche de Iguala, su Administración fue criticada por la inseguridad en Guerrero y el mal manejo de la crisis provocada por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, que inundó Acapulco, destruyó infraestructura y miles de casas en varios municipios, y causó la muerte de más de 100 personas. Aun así, Aguirre navegó en sus tres años de mandato presumiendo su amistad con el presidente Peña Nieto y, al mismo tiempo, con el principal líder opositor, Andrés Manuel López Obrador.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador se encontraba descansando en Casa Acapulco, una de las residencias del Gobierno de Guerrero, ubicada en el fraccionamiento Pichilingue y, según reportes de la prensa local, fue informado vía telefónica de los hechos que ocurrían en Iguala. Según la declaración que hizo a la PGR en agosto de 2015, esa misma noche ordenó a su procurador, Iñaki Blanco, y a su secretario de Gobierno, Leonardo Vázquez, trasladarse al municipio para atender la emergencia. Una investigación del medio local Amapola Periodismo reveló, cinco años después, que a las 10 de la noche ya había reportes en el C-4 de que los normalistas de Ayotzinapa eran perseguidos a balazos por policías municipales, una versión que no se pudo probar por la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad. La misma investigación apuntó que el gobernador también envió al lugar a su asesor y sobrino Ernesto Aguirre, para que le informara personalmente sobre lo ocurrido.

Aguirre, al igual que Peña Nieto y el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, hizo declaraciones confusas y contradictorias en las semanas posteriores y su Gobierno fue incapaz de presentar una cronología clara de los hechos. El 23 de octubre de 2014, presionado por la dirigencia del PRD, Aguirre anunció su separación del cargo en un mensaje de seis minutos ante la prensa local. Dijo que solicitaba licencia “para favorecer un clima político” que diera credibilidad a las investigaciones. Nunca volvió a la Gubernatura.

En enero de 2015, el procurador Murillo Karam dio a conocer un amplio informe al que llamó “la verdad histórica”, en el que no se le atribuyó responsabilidad alguna a Aguirre y que luego fue desacreditado por investigaciones periodísticas y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En junio de ese año volvió a haber elecciones en la entidad, y el priista Héctor Astudillo derrotó a la perredista Beatriz Mojica, con una ventaja de más de 100.000 votos.

Aguirre se alejó de los reflectores, pero nunca dejó la política. En los últimos años creó un grupo denominado Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), fundado al amparo del PRD y que hoy se presenta como un proyecto político independiente con presencia en municipios y comunidades. Según publicaciones recientes del exgobernador, el IPG se preparaba para participar en el proceso electoral de 2027.