Detenido Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero por ocultar evidencia del ‘Caso Ayotzinapa’
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido este jueves al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por encubrir información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La FGR ha informado de que la aprehensión forma parte de un “nuevo modelo de investigación” y el “reanálisis de las actuaciones existentes”, en el caso, ocurrido en septiembre de 2014. El nuevo rumbo de las pesquisas de la Fiscalía apunta a una posible participación de Ángel ‘N’, en el ”ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes”, explica el breve comunicado.
Aguirre Rivero (Omotepec, Guerrero, 70 años), licenciado en economía por la UNAM gobernó el Estado entre 2011 y 2014. Su carrera política inició en la década de los setenta en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En otros movimientos recientes alrededor del caso, dos semanas atrás, un juez cambió la prisión domiciliaria por un grillete electrónico con restricción de movilidad al exprocurador federal Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa. El priista fue encarcelado en 2022, pero su defensa consiguió la prisión domiciliaria. El mismo día otro juez condenó a 105 años de prisión a Santiago El carrete Mazari, exlíder del grupo criminal Los Rojos, por secuestro y delitos contra la salud. Mazari fue uno de los narcos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 para tratar de revelar detalles de lo ocurrido, cuando desconfiaban de las versiones oficiales.
La manipulación de las investigaciones en el caso Ayotzinapa se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. Su Gobierno (2012-2018) armó un relato de que el grupo criminal Guerreros Unidos había matado y quemado a los estudiantes en un basurero en Cocula, cerca de Iguala, una versión que después fue refutada. La falta de claridad continuó en la siguiente gestión por la férrea oposición del Ejército a ser investigado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien prometió a las familias de las víctimas que haría todo por que se conociera la verdad.
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