Por qué los medicamentos financiados con dinero público siguen siendo inaccesibles para millones de personas

Cada año llegan al mercado nuevos medicamentos capaces de cambiar el pronóstico de enfermedades que hasta hace poco tenían pocas opciones de tratamiento. Sin embargo, para millones de personas, esos avances siguen estando fuera de su alcance. El acceso a la innovación sanitaria se ha convertido en uno de los principales marcadores de la desigualdad y, cada vez más, también en una preocupación para los sistemas sanitarios de los países con más recursos.

En oncología, el área terapéutica con mayor gasto, el coste anual medio de los nuevos medicamentos se ha más que triplicado en la última década. En Europa, el principal motor de este incremento no es el aumento del número de pacientes, sino la incorporación de nuevos tratamientos con precios cada vez más elevados. Fuera de la UE, el mismo problema se reproduce a una escala aún mayor. Un mes de tratamiento puede costar más de lo que gana en un día el trabajador público con el salario más bajo.

De todos los anticuerpos monoclonales aprobados a nivel global, hoy utilizados de forma habitual para tratar muchos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes en los países de altos ingresos, menos de una cuarta parte están autorizados en África, a pesar de que están dirigidas a algunas de las principales causas de mortalidad en el continente. La falta de acceso a las terapias más innovadoras es hoy una de las mayores expresiones de inequidad en salud y una vulneración del derecho a beneficiarse de los avances científicos.

El sector público desempeña un papel fundamental en el sistema de investigación y desarrollo farmacéutico. Además de proporcionar infraestructura científica y marcos regulatorios, financia gran parte de las etapas del desarrollo biomédico. Su aportación es mucho mayor de lo que habitualmente se reconoce. Se estima que las instituciones públicas estuvieron detrás del desarrollo de entre el 42% y el 50% de los medicamentos biológicos aprobados en Estados Unidos, además de generar más del 90% del conocimiento científico que permitió desarrollarlos. Asimismo, todas las vacunas verdaderamente innovadoras introducidas en los últimos 25 años recibieron importantes aportaciones públicas.

De todos los anticuerpos monoclonales aprobados para tratar muchos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes en los países de altos ingresos, menos de una cuarta parte están autorizados en África

En Europa, la participación pública también ha sido decisiva en el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. El 12% de los fondos de salud del anterior programa marco de investigación europeo se destinó a investigación clínica en fases avanzadas y el 84% de esa inversión financió productos farmacéuticos y vacunas. Sin embargo, la pregunta sobre quién podrá acceder a los resultados de esa investigación suele plantearse demasiado tarde, cuando las decisiones sobre precios, suministro o disponibilidad ya escapan en gran medida al control de las administraciones. Incorporar estas cuestiones desde las primeras fases del desarrollo permitiría aprovechar mejor la inversión pública y reducir desigualdades evitables.

La Unión Europea está negociando estos meses su próximo programa de investigación e innovación. Entre las propuestas que se discuten está la incorporación de condiciones de acceso para proyectos financiados con fondos públicos, de manera que cuestiones como la disponibilidad o la asequibilidad de nuevos medicamentos y otras herramientas sanitarias se tengan en cuenta desde las primeras fases de su desarrollo.

Solo Horizon Europe, el actual programa de investigación de la UE, ha destinado más de 8.000 millones de euros a investigación y desarrollo en salud. Sin embargo, una vez que los productos llegan al mercado, la capacidad de las instituciones europeas para influir sobre quién accede a ellos o a qué precio es muy limitada. Estas decisiones quedan, en gran medida, en manos de quienes controlan sus derechos de explotación y responden a estrategias comerciales e industriales propias.

Incorporar el acceso equitativo al corazón de la financiación pública no es solo una cuestión de justicia. Es también una forma de aprovechar mejor la inversión pública, fortalecer los sistemas de salud y garantizar que la innovación cumpla finalmente su propósito más básico, que es mejorar la vida de las personas

Los planes de acceso ofrecen una forma de mantener el interés público presente a lo largo de todo el proceso de innovación. Permiten que cuestiones como la asequibilidad, la disponibilidad o el suministro se tengan en cuenta desde el inicio del desarrollo y no únicamente cuando los productos están a punto de comercializarse.

La idea no es nueva. Desde hace años, algunos de los principales financiadores de salud global intentan asegurar que los avances que ayudan a desarrollar puedan llegar también a quienes más los necesitan. Este enfoque ya se aplica en ámbitos como las enfermedades olvidadas, la preparación frente a pandemias o el desarrollo de nuevos antibióticos. Europa tampoco parte de cero. Programas como EDCTP3 o la Innovative Health Initiative ya incorporan medidas relacionadas con el acceso equitativo, y la participación de compañías farmacéuticas en ellos no ha dejado de crecer. La propuesta actual consiste, simplemente, en trasladar y mejorar estas experiencias al conjunto de la financiación pública europea.

En España, la reciente Estrategia de la Industria Farmacéutica abre la puerta al desarrollo de “guías de acceso” para salvaguardar el retorno social de la inversión pública. A nivel internacional, el Acuerdo sobre Pandemias adoptado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud insta a desarrollar políticas que vinculen la financiación pública de I+D con condiciones de acceso equitativo. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos introdujeron en 2025 una política obligatoria de planificación del acceso para determinadas licencias sobre patentes gubernamentales en medicamentos y dispositivos. Más de 15 universidades de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos han incorporado cláusulas similares en sus acuerdos de transferencia tecnológica.

Europa llega tarde para liderar esta tendencia, pero aún está a tiempo de consolidarla.

Las instituciones europeas siguen negociando el futuro programa de investigación e innovación para el periodo 2028-2034 y aún deben acordar algunos de sus elementos más decisivos, entre ellos su presupuesto y las condiciones que regirán la financiación. Si lo público asume una parte sustancial del riesgo de desarrollar nuevos medicamentos, parece razonable exigir que también participe de sus beneficios.

Incorporar el acceso equitativo al corazón de la financiación pública no es solo una cuestión de justicia. Es también una forma de aprovechar mejor la inversión pública, fortalecer los sistemas de salud y garantizar que la innovación cumpla finalmente su propósito más básico, que es mejorar la vida de las personas.