Tequila, zapatos infantiles y gasolineras: la red invisible de lavado de dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación

El Gobierno de México y Estados Unidos han unido fuerzas para golpear a los carteles de narcotraficantes no solo con detenciones, extradiciones y desmantelamiento de laboratorios. En una subcapa de la estrategia, las autoridades han puesto en la mira a la maquinaria financiera del crimen organizado: las lavadoras de dinero ilícito, tan necesarias para el negocio como los mismos activos químicos para producir la droga. El Departamento del Tesoro ha revelado la lista con un conglomerado de 17 empresas dedicadas a blanquear los activos del narcotráfico, entre ellas tequileras, tiendas de calzado infantil, gasolineras y hasta tiendas de muebles o suplementos deportivos. Todas ellas figuran en el registro mercantil de México, con los nombres de sus accionistas y asambleas empresariales, sin embargo, ninguna existía realmente.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) destapó un entramado corporativo de pequeñas empresas acusadas de lavado de activos. Los nudos se centran en tres principales cabecillas de la red. El primero de ellos es Audias Flores Silva, alias El Jardinero, el que fuera uno de los hombres más fuertes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) antes de ser detenido y aspirante a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes tras su muerte. El Jardinero, quien es requerido en Estados Unidos, puso al frente de las empresas del cartel a su esposa, Karely Lizbeth Ramirez Bañales, y a una de sus primas, Areli Isis Medina Flores. Entre las dos dirigían Stella Servicios Comerciales Y Empresariales S.A. de C.V, una empresa mayorista de ropa y bisutería con dirección en la calle Francisco Cosío 46, Ahuacatlán, Nayarit, en un local de apariencia de residencia particular. Ramírez, por su lado, está al frente de una tienda de bebidas alcohólicas llamada El Almacén Licorería, mientras que su esposo gestiona una gasolinera llamada Petrocoda S.A. de C.V.

Sin embargo, ninguna de estas empresas tiene oficinas, ni domicilio físico, ni perfiles en redes sociales, contratos públicos ni clientes conocidos. Son meros cascarones vacíos que simularon operaciones para poder hacer pasar el dinero de origen ilícito por legal. Con todo, la meta final es poder esconder al beneficiario final del dinero, por ello, El Jardinero usó a familiares de su confianza como testaferros. A diferencia de otras redes como la que destapó la misma OFAC de los Chapitos en Mazatlán con empresas reales, el CJNG usó en su mayoría empresas fachada. Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del centro de análisis e investigación FUNDAR explica que los mecanismos de las lavadoras de dinero se han ido complejizando para operar sin hacer saltar las alarmas fiscales. “Esta evolución de estas nuevas formas de ir ocultando quiénes son los beneficiarios es lo que limita que las operaciones puedan ser detectadas a tiempo. De hecho, se ha documentado que pueden pasar hasta ocho años para que se detecte que una empresa es fantasma o que hay una operación simulada”, explica.

El Jardinero también puso a hombres de su confianza al frente de las lavadoras del cartel. Entre ellos estaba su piloto, Jose Guadalupe Ruiz Bañuelos, y algunos de sus subordinados, como Fidel Damian Moreno Lopez y Roberto Jimenez Arias. La esposa de este último aparece vinculada a las empresas Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V y la Agropecuaria Amateq Del Valle S.A. de C.V. El negocio se hacía pasar por una productora de tequila y cultivos de ágave. También tenían en el registro la promotora de inversión Hurrari Kash S.A. de C.V, mientras que uno de los gestores de los laboratorios de metanfetaminas del grupo tenía la empresa de muebles Productores Vagu S.A. de C.V.

La versatilidad del producto que dicen vender estas empresas es parte del problema para detectarlas, según Salvatierra. “No hay suficientes mecanismos que verifiquen cuáles son las prácticas o cuáles son las operaciones que sí generan focos de riesgo para que se genere una empresa fantasma”, admite. Es difícil comprobar una a una si las operaciones son reales o si la dirección que proporcionaron corresponde a un local comercial, pero no es imposible encontrar pistas. “Hay algunos elementos a considerar: que tengan objetos sociales muy amplios, o sea, que no sean muy concretos. Normalmente, que sean de reciente creación para un proyecto o un proceso de contratación, o que sus precios sean muy por debajo del mercado”, explica.

El otro nodo empresarial en la mira de las autoridades fiscales de México y Estados Unidos lo encabeza Gerardo Botello Rozalez, alias El Cachas, un miembro de “alto rango” del CJNG que trabajó como guardaespaldas de la esposa del Mencho en 2018. Cuando salió de la cárcel, se dedicó a dirigir un conglomerado de corporaciones junto a sus dos sobrinos, Gustavo Botello Rodríguez y William Geovanni Botello Rodríguez. Entre las empresas fantasma a su nombre está la distribuidora de calzado infantil Bubux Baby Shoes S.A. de C.V, pero también empresas agrícolas dedicadas a la producción de tequila como Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V. o el Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V. Incluso tenían a su nombre una empresa de seguridad privada llamada Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V con licencia para la tenencia de armas de fuego.

Salvador Mejía, fundador de la firma especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ASIMETRICS, señala en llamada telefónica que lo destacable de este golpe a las finanzas del crimen organizado reside en la colaboración de la Hacienda mexicana con información del SAT en las investigaciones. “Los mexicanos estamos colaborando con los americanos en un rubro totalmente novedoso, los temas del servicio de administración tributaria. Y eso no es cosa menor porque el SAT tiene toda la información. El SAT tiene las llaves del reino, tiene toda la información habida y por haber”, ha destacado Mejía. Para el analista, el giro en los esfuerzos para combatir a los carteles de la droga de Donald Trump no pasan solo por descabezar a los grupos criminales, como ocurrió con el Cartel de Sinaloa, sino en cerrar su grifo económico. Mejía resalta que los acuerdos de colaboración en inteligencia con Estados Unidos arrojarán luz sobre muchas de las supuestas corporaciones en los registros mexicanos que sirven para blanquear activos. “Ahora ya estamos encontrándole el dinero de los narcos, no es porque necesariamente haya un chivato. También es porque los americanos llevan muchos años tejiendo redes de vínculos”, apunta. El problema será ahora procesarlos en México en un marco jurídico y legal más laxo. “No tenemos casos por lavado. Y eso es una crítica muy fuerte. Apenas ahora los están encontrando, pero esto es gracias a todos los que hemos expulsado y están soltando información del otro lado”, dice en referencia a todos los presos que han sido extraditados a Estados Unidos como parte de los acuerdos con Washington.