El fraude en los exámenes de ingreso pone en jaque a la mayor universidad pública de México
Cada verano hasta 190.000 personas concursan por una plaza de estudiante en las 133 licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor casa de estudios del país y América Latina. La universidad decidió este verano aplicar por primera vez el examen en línea y a distancia, en una ambiciosa apuesta por mudarse hacia la digitalización para ahorrar recursos humanos y económicos, pero la ilusión duró poco. Los resultados de los aspirantes fueron demasiado buenos para ser ciertos: mientras en años anteriores apenas un 3% superaba los 100 aciertos (de 120), esta vez se disparó al 16%. Todo indica que un alto porcentaje de postulantes hizo trampa, un hecho sin precedentes que ha vulnerado los sistemas de control y ha puesto en jaque la reputación de la institución. Para atajar la crisis lo antes posible, una comisión de 16 expertos ha resuelto que se aplicará un segundo “examen de control”, esta vez presencial, a los aspirantes que obtuvieron plaza en el examen o que igualaron o superaron las notas de corte de años anteriores, pero no ha despejado las dudas sobre qué ocurrió. Por ahora, el tortuoso episodio ha dejado la renuncia de un alto mando de la institución, ha avivado el debate sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) entre los estudiantes y ha puesto en entredicho la fiabilidad de las pruebas en línea.
Entre mayo y junio, más de 158.000 aspirantes compitieron desde casa frente al ordenador, con cámara y micrófono encendidos. La UNAM contrató por 36 millones de pesos (casi dos millones de euros) los servicios tecnológicos de la empresa mexicana Territorium Life, especializada en procesos educativos en línea, que se jactaba de un proceso blindado con IA para evitar los fraudes. Al inicio valida la identidad comprobando que el rostro del examinado es el mismo que el de una identificación oficial. Los aplicantes debían instalar un software que cierra las computadoras durante los exámenes. El navegador solo permite avanzar y retroceder, impide el acceso a otros programas como los de mensajería y no es posible usar las funciones de copiado, pegado, ni captura de pantalla. A ello se sumaba la vigilancia a distancia de una persona por cada 150 postulantes.
Los resultados se publicaron el 7 de julio: fueron aceptados 22.000 estudiantes y unos 3.000 exámenes (el 2%) fueron anulados en el proceso por conductas contrarias a la convocatoria, sin más detalle. Días después, en plenas vacaciones de verano, surgieron las sospechas de fraude. No ha sido la universidad, sino curiosos aspirantes y analistas de datos quienes han dado cuenta de la anomalía en los puntajes, atípicamente inclinados hacia la excelencia: la cantidad de aciertos superiores a 110 se multiplicó por seis, de un 0,9% a un 5,5%. Los directivos salieron del paso con la suspensión de las inscripciones, en una decisión que no solo afectó a quienes presentaron el examen, sino a los otros 28.000 alumnos con pase directo por altos promedios en los bachilleratos adscritos a la propia institución.
La incertidumbre ha llevado al límite a la universidad pública más importante del país y una de las mejores posicionadas de Latinoamérica, con una matrícula de más de 330.000 estudiantes provenientes de todos los rincones del país. La UNAM, cuyo corazón late en una Ciudad Universitaria de 730 hectáreas en la capital mexicana, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ofrece estudios a costos simbólicos, lo que convierte a sus plazas en las más codiciadas del sistema educativo nacional. Además, ocupa un lugar destacado en la vida cultural, científica y académica de México. Sus autoridades no se limitan a gestionar una institución educativa, sino que son figuras bajo el escrutinio público, consideradas representantes de una gran parte de la comunidad intelectual del país.
Para ingresar, decenas de miles de jóvenes se preparan durante meses, muchos de ellos con costosos cursos de capacitación, lo que aumenta la indignación respecto a las artimañas: representan un ultraje al sistema de excelencia. Las acusaciones se dirigen al uso de la IA, aunque las burlas a la vigilancia pudieron ser también con métodos tan rudimentarios como materiales de apoyo prohibidos, recibir ayuda externa, acceder de forma indebida a las respuestas del examen o el uso de internet para resolver las preguntas de opción múltiple. Una vez explotada la bomba, los inconformes se han dividido en dos bandos: quienes exigen volver a presentar la prueba a lápiz y papel y quienes han pedido respetar los resultados. Han coincidido, eso sí, en denunciar la opacidad y la falta de certezas.
La incertidumbre más angustiosa para los estudiantes, si se iba o no a repetir el examen, ha terminado este viernes, tras una semana de deliberaciones. 58.000 aspirantes están llamados a la convocatoria extraordinaria, de los que menos de la mitad se harán con una plaza. Todavía no hay una fecha fijada para la prueba ni tampoco para el comienzo del curso, pero quienes están dispuestos a entrar en las aulas han corrido a sumergirse de vuelta en sus antiguos apuntes. Falta saber si habrá quien, en vez de volcarse en estudiar, se anima a presentar un recurso de amparo ante un juzgado, con la esperanza de que un juez fuerce la inscripción que ganó en el primer examen sin tener que pasar por el segundo. La vía judicial retorcería aún más un embrollo de por sí complejo.
La resolución de este viernes es solo un punto y seguido. La gravedad de la crisis trasciende con mucho la llegada del curso escolar y ya ha forzado la dimisión de la secretaria general de la Universidad, Patricia Dávila, una de las funcionarias más cercanas al rector, Leonardo Lomelí. La comisión seguirá trabajando y tiene muchas cuestiones pendientes por dilucidar, a saber: si fue un fallo de la empresa contratada o del centro educativo, si la grieta estuvo durante el proceso o se debió a una filtración de respuestas previa, si se habían hecho las simulaciones suficientes para garantizar que la aplicación en un examen de tanto impacto era seguro y, sobre todo, qué medidas se tomarán para que algo así no se vuelva a producir.
El examen en línea fue anunciado como una medida más inclusiva que facilitaría la participación de jóvenes de otros Estados del país e incluso del extranjero, que ya no tendrían que desplazarse a Ciudad de México: una herencia de la pandemia que cada vez se extiende con más fuerza. El examen presencial, aplicado solo en la capital, conlleva una gran operación logística que moviliza a más de un millón de personas entre trabajadores, aspirantes y acompañantes. Ofrece, a cambio, unas garantías que la modalidad digital no ha sido capaz de igualar todavía, especialmente en casos donde el incentivo para la trampa es mayúsculo y la participación es tan masiva que pone contra las cuerdas los mecanismos de vigilancia.
Quedan muchas semanas por delante para seguir indagando en el origen del escándalo, sacado a la luz gracias a la transparencia y la publicidad de los resultados de admisión de la UNAM, que facilitaron los análisis externos que hicieron saltar las alarmas. La duda ahora se extiende hacia otros centros educativos, cuyos procesos no son tan públicos ni sus resultados, tan fáciles de rastrear. La universidad debe mirar hacia dentro para descubrir qué pasó, pero las conclusiones se proyectarán hacia fuera y dejarán lecciones para toda la educación superior, que mira con la respiración cortada el tropiezo nada menor de la casa de estudios de referencia en la región.
