Nueve meses de investigación para resolver el crimen de los cuatro gatos

Un vecino de La Puebla de Valverde, en el sur de Teruel, se encontró mientras paseaba un día de octubre una escena macabra: cuatro gatos aparentemente abatidos y tirados cerca del centro del pueblo. El hombre no dejó pasar este hallazgo y avisó a la patrulla de la Guardia Civil más cercana. Los agentes comprobaron que, a simple vista, se podía decir que habían muerto por arma de fuego. Tampoco ellos dejaron pasar el asunto. Lejos de eso, comenzó en ese punto una concienzuda investigación que incluyó análisis de la escena del crimen, estudio de las balas en el laboratorio de criminalística y autopsia de las víctimas. Se puso en marcha todo el mecanismo necesario para dar con el autor del gaticidio.

La Puebla de Valverde, al sur de Teruel, es uno de esos municipios en los que el naranja de las tejas destaca en medio del páramo que lo rodea. Tiene menos de 500 vecinos censados y vive, sobre todo, de la industria cárnica y de la estación de esquí de Javalambre que se ubica a 14 kilómetros. Curiosamente, visto desde arriba, La Puebla de Valverde tiene forma de un gato que olisquea el terreno.

El caso cayó en manos del Seprona del municipio vecino de Mora de Rubielos. Esta es la unidad de la Guardia Civil dedicada a la protección del medio ambiente y los animales. “Lo primero fue enviar los cuerpos de los gatos a Zaragoza para que les hicieran una necropsia, que no es otra cosa que una autopsia de animales”, indica el sargento Soler, perteneciente al Seprona de la Comandancia de Teruel. Sobre esa mesa de análisis, los veterinarios confirmaron que habían fallecido por arma de fuego, no por balines o perdigones. Este indicio puso sobre la pista a los investigadores de que el autor de los disparos debía de ser alguien con licencia. Casi con toda seguridad, alguien que se dedicara a la caza.

Esos disparos iban a ser la clave para dar con el asesino de los gatos. “Las señales que dejan las armas en las balas son únicas, cada arma deja una especie de huella de identidad, no hay lugar a error”, indica el sargento. Los agentes analizaron con detenimiento la escena del crimen, donde habían hallado a los animales, y también los alrededores de la zona. En esta inspección ocular, igual que la que se haría en un robo con fuerza o en un homicidio, los guardias civiles hallaron los casquillos de arma que había acabado con los felinos. Esas pruebas fueron almacenadas y etiquetadas y viajaron, por carretera, hasta el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Barcelona, el que le corresponde a las investigaciones de Teruel.

No se escatimó en medios para dar con el que había disparado a los gatos, que eran callejeros y no pertenecían a nadie. “A algunos les puede parecer un delito menor, pero nosotros lo investigamos con todo el abanico de opciones que teníamos, no hubo límite”, señala el sargento Soler. Según la ley de Bienestar Animal, el Ayuntamiento es el encargado de velar por la protección de los ejemplares que viven en libertad dentro de un municipio. La alcaldesa ha declinado ofrecer declaraciones a este periódico sobre este caso.

Lo cierto es que la cantidad de medios y tiempo empleado en averiguar quién mató a cuatro gatos de la calle en un pequeño pueblo de Teruel llama la atención. “Nunca había visto una investigación tan minuciosa en un caso de maltrato de gatos pertenecientes a una colonia de la calle. Ojalá sirva de ejemplo y siempre se aplique este protocolo, en el medio rural o donde corresponda”, señala Dulce Aguilera, abogada fundadora del despacho Justicia Animal y Medio Ambiente, destacada figura contra el maltrato animal y dueña de una perra y tres gatos.

Antes de su conversación con EL PAÍS, la letrada acababa de reunirse con un grupo de mujeres de un pueblo de Jaén que quería denunciar el envenenamiento masivo de gatos en una colonia a la que ellas cuidan. “Es lo más común, es tan fácil envenenarlos… También me llegan muchos casos de personas que aseguran haber visto a su vecino disparándoles balines”, señala. Para Aguilera, el caso de Teruel ejemplifica muchas cosas, entre ellas la mayor concienciación de la ciudadanía, puesto que la voz de alarma la dio un lugareño. Esta causa refleja un cambio de mentalidad en lo que se refiere al maltrato de animales, como también lo hace la sentencia pionera dictada hace un mes en Alicante, que condenó a un hombre a la expulsión de España por torturar al gato de su expareja.

Los resultados de balística tardaron unos meses, pero, cuando llegaron, los investigadores ya tenían mucha más información para encontrar al autor. El resultado del análisis concluyó que habían sido disparadas por un rifle de calibre pequeño. Los guardias civiles pusieron sobre la mesa a un puñado de sospechosos que se podían contar con los dedos de una mano y empezaron la labor de descarte. Esta fase prefieren ahorrársela para sí por motivos policiales. Pero todas estas pruebas les condujeron a un vecino de la zona de unos 50 años.

Los investigadores lo citaron como investigado y solicitaron que entregara su arma voluntariamente para el cotejo de los casquillos, algo a lo que el hombre accedió. El rifle tenía una medida de la Virgen del Pilar atada en una de las piezas. Los resultados tardaron unas semanas en llegar, pero eran claras: había coincidencia. Nueve meses después, los investigadores habían dado con la resolución del caso.

Las investigaciones de maltrato animal pueden ser muy útiles en la predicción de otros delitos y en el estudio de patrones de violencia. Un equipo de la Universidad Complutense de Madrid publicó en 2020 un estudio en el que analizaba las lesiones de un centenar de perros y gatos, que se sospechaba que habían sido víctimas de abuso. Las conclusiones del análisis sirvieron para identificar mejor las lesiones causadas por golpes o armas y, de este modo, contribuir a los procesos judiciales por maltrato animal.

Y no solo por maltrato animal, como destacan en sus conclusiones. “El abuso hacia los animales como indicador de violencia entre personas ha tenido un valor predictivo especialmente importante en casos de abuso infantil, violencia machista y comportamientos violentos futuros”, destacan los autores. El mismo estudio señala que en todos los casos de muertes violentas de animales debería participar un veterinario que colabore con los cuerpos de seguridad y después declare como perito, algo que no siempre sucede. “El campo de la medicina veterinaria forense todavía se está desarrollando en muchos países”, indica el estudio, que concluye que “la capacidad veterinaria forense para avanzar en España está limitada por desafíos económicos y de infraestructura”.

El hombre no reconoció los hechos y, por tanto, no dio ninguna explicación sobre el motivo que podía haberle llevado a acabar con la vida de los gatos. Por eso, los agentes solo pueden elucubrar. “En un momento dado decidió hacer eso, quién sabe si le molestaban por algo o solo lo pensó en ese momento puntual y actuó”, indica el sargento. El caso ya está en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel Plaza 3. El hombre se enfrenta a una pena de 12 a 24 meses de prisión y a la retirada de la licencia de armas durante un máximo de cinco años.