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La UNAM salva el comienzo de curso con otro examen de ingreso, pero no despeja las dudas sobre el original


La agonía de la espera ha terminado para los aspirantes a hacerse con una plaza en la codiciada UNAM, la mayor universidad pública de México y de América Latina. Tras el escándalo por la sospecha de que parte de los mejores puntajes en los exámenes de acceso en línea se habían obtenido mediante trampas, la comisión de expertos designada por el rector ha determinado que la solución menos dañina es repetirlos a la mayor brevedad posible de forma presencial, aunque no para todo el mundo: solo aquellos que ganaron la plaza con el primer examen y aquellos que la habrían logrado de tomar como referencia las notas de corte de años anteriores. Con la decisión, la máxima casa de estudios del país ha puesto fin a una incertidumbre que amenazaba con minar su credibilidad y que dejaba en vilo el comienzo del año escolar. No resuelve, sin embargo, las cuestiones de fondo: qué falló y qué medidas se tomarán para que no vuelva a ocurrir en el futuro. De momento, ya le ha costado el cargo a la secretaria general de la institución, Patricia Dávila.

El intento de solución salomónica alcanzado ―solo repetirán el examen 58.000 de los 158.0000 presentados― garantiza que quienes lleguen a las aulas hayan probado tener méritos suficientes, apuntan los expertos, pero genera dos problemas derivados nuevos: el posible aluvión de reclamaciones de quienes obtuvieron su plaza en el examen original y no están dispuestos a probar de nuevo su valía; y el agravio comparativo entre quienes engañaron y podrán volver a presentarse y quienes no alcanzaron el umbral y quedarán fuera, a pesar de haber sido honestos. “Las recomendaciones están atendiendo más a la precisión que a la legitimidad de la evaluación. En términos técnicos es una decisión factible, pero estás dando un mensaje tácito de que los tramposos van a tener una segunda oportunidad, y alguien con puntaje bajo que no hizo trampa, no”, señala Mariana Zúñiga, experta en evaluaciones del Ceneval (el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior).

“La decisión resuelve un problema”, apostilla Juan Manuel Flores Ayala, experto en evaluaciones y consultor independiente, “pero deja en el aire todas las preguntas que socialmente se podrían tener sobre una institución tan grande e importante en México”. La comisión, por el momento, se ha limitado a atestiguar que existía un problema de engaño colectivo comprobable con “evidencia robusta”, en palabras del presidente del comité, Eduardo Bárzana García, entre los más de 158.000 alumnos que tomaron la prueba. Hay algo menos de 22.000 plazas y una competición feroz.

De acuerdo con los datos estadísticos recabados, de un total de 120 preguntas, el porcentaje de examinados con más de 100 aciertos pasó del 3,5% en los últimos cinco años al 16,3% en 2026. Paralelamente, aquellos que lograron más de 110 respuestas correctas aumentó del 0,9% al 5,5%, casi seis veces. La distribución es tan atípica que los expertos la consideran prueba suficiente de que hubo alguna ayuda externa indebida. No han resuelto todavía si el fallo estuvo en la vigilancia y si es responsabilidad de la empresa contratada —Territorium Life—, elegida “por su experiencia en la aplicación de exámenes en línea”, o del propio centro educativo.

La modalidad digital plantea todavía enormes desafíos y la UNAM ha dado un salto gigantesco al aplicarla a unas pruebas con tanto impacto como las de acceso a la universidad, donde los aspirantes se lo juegan todo en apenas unas horas. La importancia de las pruebas es tal que es muy posible que al menos una parte de los embrollos individuales se termine resolviendo en los tribunales. “Creo, casi con total certeza, que va a haber quien se anime a presentar un juicio de amparo indirecto. Estoy muy seguro de que va a pasar porque, además, ya vi que hay algunas personas que lo están ofertando y hay canales que lo están empezando a promover”, señala Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista.

En caso de que se produzcan esas reclamaciones, las ramificaciones serán cada vez mayores, pues los juzgados de distrito que reciban los casos pueden aplicar distintos criterios, así como los tribunales colegiados a los que podrían llegar después si se impugnan esas decisiones. Todo, mientras el curso escolar avanza. “Creo que va a haber jueces que sí van a admitir estos amparos. Veo muy difícil, aunque también puede pasar, que concedan las suspensiones”, valora Torres Checa. Las suspensiones son la medida cautelar que dota de sentido al amparo, pues paraliza el acto que está originando el agravio a quien se ampara. En este caso, consistiría en obligar a la universidad a inscribir a quien ya pasó la primera prueba, sin necesidad de hacer la segunda, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Esta opción, considera el abogado, es menos factible, porque “una de las razones por las que se niega una suspensión es que contravenga disposiciones de orden público o exista una afectación al interés social”. “Creo que esa carta está del lado de la UNAM”, sopesa.

En cualquier caso, el de esta semana es solo el primer episodio de un conflicto que ha abierto la caja de pandora y que va a costar mucho más trabajo cerrar que una repetición de examen. El escándalo no tiene precedentes y las investigaciones deberán seguir hasta dar con la grieta que facilitó que se produjera un engaño masivo de estas características.

Hay quienes han apuntado al uso de inteligencia artificial, pero otras hipótesis señalan hacia métodos más rudimentarios. Cuando Mariana Zúñiga trabajó en el sistema de evaluación educativa de la UNAM, entre 2009 y 2014, los exámenes se imprimían en Canadá para que no hubiera filtraciones, explica. Aun así, reconstruye, “había escuelas en México que decían que tenían los reactivos [las respuestas]. En algún momento se hizo un análisis de qué estaba pasando y lo que pasaba es que mandaban a aspirantes falsos a aprendérselos”. “Tenían miles de chicos, era como un robo hormiga que permitía reconstruir en la medida de lo posible el examen”, relata.

Salvada la crisis más apremiante, qué hacer con los resultados contaminados, la tarea se vuelve compleja y profunda: hurgar hasta conocer los detalles de qué se hizo y qué no para que un sistema más que bregado en las evaluaciones de miles de estudiantes cada año se volviera, de repente, tan vulnerable.



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