Tras los muros de Santa Martha Acatitla: seis reclusas muertas en 90 días entre interrogantes y silencio

En apenas 90 días, entre marzo y junio de este año, seis mujeres murieron dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, en Ciudad de México. Las autoridades capitalinas las atribuyen a suicidios, causas naturales o médicas. La sucesión de muertes, sin embargo, encendió las alertas de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que investiga si existen fallas o responsabilidades por parte de los dirigentes del penal.

Sus nombres son Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. Sus rostros circulan en redes sociales, en videos editados y posteados por quienes dicen ser familiares de las fallecidas. Todas lucen menores de 60 años. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos fallecieron por asfixia, una por broncoaspiración, otra por acidosis metabólica, una más por complicaciones derivadas de hipertensión arterial y otra por insuficiencia renal.

Entre los expedientes destaca el de Diana Laura, quien estaba a unos días de recuperar su libertad cuando murió dentro de Santa Martha en lo que fue etiquetado como suicidio. Otro de los fallecimientos también apunta a esa causa. En todos los casos, la dependencia asegura que dio aviso al Ministerio Público. La muerte de mujeres privadas de la libertad por suicidio no es infrecuente en el sistema penitenciario mexicano. En 2023, 11 mujeres murieron por suicidio dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, la única prisión federal exclusiva para mujeres en México, que operaba sin atención médica ni de salud mental.

La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México impulsó la investigación luego de haber recibido seis quejas. En un comunicado del pasado 15 de julio, la dependencia dijo que las indagatorias por los fallecimientos en Santa Martha Acatitla buscan identificar posibles responsabilidades y determnar si existen factores que hayan puesto en riesgo la vida y la salud de las internas. Apenas unos días después de que la Comisión anunciase la investigación en Santha Martha, la subdirectora operativa, Yéssica López Avilés, ha dejado el cargo. La SSC asegura que la funcionaria se separó del puesto por motivos personales y niega que la salida esté relacionada con los fallecimientos.

“En relación con la muerte de seis mujeres mientras se encontraban bajo custodia en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informa que avanza en la investigación de los casos y mantiene acciones de monitoreo para identificar y atender los factores estructurales relacionados con estos hechos en ese y otros centros de reclusión de la Ciudad de México, así como las posibles responsabilidades de las autoridades”, reza el comunicado.

La Comisión ha detallado que hace visitas semanales a ese y otros penales para supervisar las condiciones de las internas y los servicios que reciben. Una vez concluido el proceso, podrá emitir recomendaciones o resoluciones dirigidas a las autoridades responsables. La Comisión recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física de las personas privadas de la libertad desde el momento que ingresan hasta su liberación.

Los seis casos obligan a voltear a ver nuevamente las condiciones a las que están expuestas las mujeres en las cárceles. En México hay unas 16.000 mujeres privadas de la libertad, lo que equivale a un 6% de toda la población penitenciaria del país. Están recluidas en módulos reducidos dentro de las prisiones diseñadas para varones. Tal es el caso de Santa Martha Acatitla, donde hay unas 1.500 mujeres internadas. En la mayoría de casos operan en sobrepoblación.

Las denuncias por deficiencias de ese centro al oriente de la capital no son nuevas. En 2019, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió 20 recomendaciones dirigidas a Santa Martha Acatitla tras detectar condiciones que podían derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre las observaciones se encontraban problemas que impedían garantizar una estancia digna y segura para las personas privadas de la libertad, así como deficiencias en la atención y el respeto a sus derechos.