Cristina Kirchner recurre a las Naciones Unidas para que revise la condena que le impide ser candidata

A poco más de un año de las elecciones en Argentina, en las que Javier Milei buscará un nuevo mandato, la expresidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles que presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que revise la sentencia por corrupción que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. “He sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural”, señaló Kirchner en un artículo publicado en este periódico, con argumentos luego reiterados en una carta pública. El nuevo equipo de abogados de la exmandataria ofreció una conferencia de prensa en Buenos Aires y explicó que la presentación ante Naciones Unidas incluye la solicitud de tres medidas cautelares, una de ellas dirigida a que Kirchner pueda ser candidata.

A los 73 años, Kirchner cumple con prisión domiciliaria desde junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena por irregularidades en la concesión de obras viales durante su gestión (2007-2015).

De acuerdo con su planteo, el juicio que la condenó, junto a otros exfuncionarios, vulneró garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango constitucional en Argentina. Agotadas las instancias de revisión en los tribunales locales, apela ahora la justicia universal. “Lo hago con la convicción de que el derecho internacional de los derechos humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder”, afirmó. También definió a su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una “proscripción”, “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.

Para llevar adelante el proceso ante la ONU, la defensa de Kirchner sumó a dos abogados extranjeros: el español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España, y el brasileño Rafael Valim, quien defendió al presidente de Brasil, Lula da Silva. El caso de Lula es considerado un antecedente clave por los asesores jurídicos de Kirchner, ya que el mandatario brasileño había sido condenado por la justicia local por supuesta corrupción en la causa conocida como Lava Jato, él denunció ser víctima de una persecución política y, finalmente, fueron anulados los procesos en su contra.

“Había que quitar a una mujer candidata porque molestaba”, dijo Borrego este miércoles. Sus palabras resumieron el núcleo de la conferencia de prensa que compartió con Valim y el abogado argentino Carlos Beraldi, habitual representante de Kirchner. Desde su perspectiva, la expresidenta fue condenada sin pruebas para retirarla de la vida política. “Lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación, porque lo importante era excluir a una mujer, dos veces presidenta elegida, de una futura contienda electoral. Ese fue el objetivo”, insistió el abogado español.

La comunicación individual –su nombre técnico– presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicita la revisión de la condena dictada en la causa Vialidad y, mientras dirime la cuestión de fondo, pide tres medidas cautelares: suspender la inhabilitación política de Kirchner; flexibilizar su régimen de detención domiciliaria; y normalizar la conformación de la Corte Suprema argentina –debería contar con cinco jueces, pero hoy opera solo con tres–.

“No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina tenga sus derechos respetados y, por eso, ponemos [el caso] bajo escrutinio de este organismo internacional”, sostuvo Valim, para quien la condena contra Kirchner “es un escándalo” y tuvo “gravísimas violaciones a los derechos y garantías fundamentales”. Beraldi precisó que, cuando la Corte Suprema confirmó la condena de la expresidenta, lo hizo por razones técnicas, sin responder los planteos de la defensa, habilitando así que esos planteos sean elevados a las Naciones Unidas.

Los abogados de Kirchner aspiran a que el Comité acepte el caso y tienen esperanzas de que este mismo año dicte las cautelares requeridas. La resolución del organismo, en caso de producirse, sería vinculante, sostiene la defensa de la expresidenta. Otros expertos en derecho advierten que, según la jurisprudencia argentina, solo sería una recomendación al Estado y que la Corte nacional no asume a los organismos internacionales como una instancia de revisión judicial.

La posibilidad de que Kirchner sea candidata en 2027 dinamitaría el escenario político argentino y profundizaría la disputa interna por el liderazgo del peronismo, la principal fuerza de oposición a la ultraderecha. El Gobierno de Javier Milei solo se pronunció a través de su canciller, Pablo Quirno. En diálogo con radio Mitre, el ministro enfatizó que la exmandataria “ha sido juzgada y condenada” y señaló: “Ellos [los peronistas] quieren volver al poder para indultarla”.

“Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo. Cristina no”, dijo este miércoles el diputado Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria y referente de la agrupación La Cámpora. “Nosotros queremos que sea Cristina. Ella está demostrando su vocación de querer participar en la vida política argentina”, agregó, en diálogo con la radio AM 530. Hasta hoy, con Kirchner fuera de la carrera presidencial, el dirigente peronista mejor posicionado para disputar el despacho central de la Casa Rosada es Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, enemistado con el kirchnerismo. Kicillof no se pronunció sobre el recurso de Kirchner ante la ONU, pero fuentes de su entorno dejaron trascender su apoyo a la presentación porque, sostuvieron, “la condena es una aberración jurídica”.