El Tribunal Penal Internacional destituye a su fiscal jefe por conducta sexual inapropiada

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha sufrido este viernes un golpe durísimo como no se recuerda en mucho tiempo. La Asamblea de los 125 Estados Partes de este organismo, que persigue a los máximos responsables de cometer crímenes internacionales cuando los tribunales de sus países no lo hacen, ha decidido en Nueva York destituir a su fiscal jefe, Karim Khan. Una asistente le había acusado de conducta sexual inapropiada, algo que Khan ha negado siempre. La decisión, sin precedentes en los 24 años de actividad del TPI, se produce en plena arremetida del Gobierno de Estados Unidos contra el organismo.

La votación, según ha adelantado Reuters, que cita dos fuentes anónimas, ha sido por 82 votos a favor de los 125 miembros. Llega en un momento de gran tensión debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra ocho jueces y tres fiscales de este tribunal, y la publicación de un artículo el 13 de julio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que se proponía “desmantelar el TPI, ladrillo a ladrillo, si fuera necesario”.

Khan, jurista británico de 56 años que ha ejercido de abogado y fiscal a lo largo de su carrera, fue suspendido a principios de junio de sus funciones. Un mes antes, había pedido la baja a raíz de la apertura de las investigaciones. La figura de fiscal jefe del TPI se asocia, en cierto modo, a la del guardián de la justicia internacional, una suerte de poder simbólico que una acusación de acoso sexual como la examinada puede hacer añicos, y convertir al tribunal en blanco para sus oponentes.

La semana pasada, y después de haber permanecido en el anonimato durante los dos últimos años, la denunciante, una mujer que pidió ser identificada solo como Sarah, ofreció su versión de lo ocurrido durante una entrevista a la cadena televisiva estadounidense CNN. Sarah es una abogada de Malasia que estudió Derecho en el Reino Unido y Países Bajos, y que ganó una plaza de becaria en el TPI. Casada y con un hijo, al cabo de unos años, y tras un proceso de selección, se convirtió en asistente de Khan, según una investigación del diario neerlandés NRC. En la entrevista describió “una progresión de intentos” que culminó en una agresión física. “No hay forma de que algo sea consentido cuando existe tal desequilibrio de poder”, dijo. Y luego añadió: “Lo que creo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era solo mi jefe; era el jefe de todos”.

Los hechos fueron estudiados primero por el Mecanismo de Supervisión Independiente del TPI, que determinó que las pruebas recabadas indicaban que tuvo lugar el contacto sexual no consentido. Los abogados del fiscal Khan sostuvieron, por el contrario, que este nunca incurrió en conductas prohibidas. Una vez recibido este primer informe, el TPI lo remitió a tres jueces de reconocido prestigio de distintos países para que lo calificaran desde el punto de vista jurídico. Por unanimidad, concluyeron que con el material revelado en la mano, no había pruebas suficientes para respaldar la conclusión de que se había establecido una conducta indebida “más allá de toda duda razonable”. Esto último es el exigente criterio usado en casos penales como estándar para las pruebas. Por el contrario, el criterio del derecho civil, que opera sobre la base de un equilibrio de probabilidades, fue el aplicado por el Mecanismo de Supervisión.

La renuncia temporal de Khan en junio pasado coincidió con las dificultades del TPI para ejercer su labor debido a las sanciones contra su personal tras la orden de arresto emitida por los jueces —a instancias de la Fiscalía— contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. En el pliego figuraban a su vez tres líderes de Hamás que se dan hoy por muertos. Ocho jueces y los tres fiscales, incluido Khan, tienen problemas para manejarse en la vida cotidiana porque el veto alcanza sus tarjetas de crédito y cualquier reserva o desplazamiento que pretendan hacer. El veto incluye a todos los que colaboren con el tribunal.

El caso de Khan se ha prolongado durante dos años, y la decisión llega en un momento crucial para esta corte, sometida a una enorme presión por parte de Estados Unidos, a pesar de que no es uno de sus miembros. Washington considera que el TPI atenta contra su soberanía, y no reconoce su competencia para juzgar a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, o bien el delito de agresión armada, fuera de sus fronteras. Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado lo describió de manera gráfica el pasado 13 de julio al decir que “trabajando codo con codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos el TPI ladrillo a ladrillo, si es necesario”, en un artículo publicado por el Wall Street Journal.

El TPI ha tenido tres fiscales desde 2002: el argentino Luis Moreno Ocampo (de 2003 a 2012), la gambiana Fatou Bensouda (como adjunta entre 2004 y 2012, y como titular hasta 2021) y Karim Khan. Los dos primeros se enfrentaron a señalamientos de diversa índole. Moreno Ocampo, por una presunta conducta sexual inapropiada, objeto de investigaciones internas sin resultado público. La labor anterior de Bensouda como fiscal en Gambia durante la dictadura de Yahya Jammeh (1994-2017), fue analizada por la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones gambiana. Bensouda insistió en que desconocía que hubiese torturas, desapariciones o detenciones ilegales, y se trataba de una campaña para desacreditarla.

Si los mayores responsables de los peores crímenes no son impunes y pueden ser perseguidos por la Fiscalía del TPI. “¿Fomenta el cargo de fiscal una conducta indebida, o son aquellos con inclinación a tal conducta los que tienen más probabilidades de ocupar el cargo?”, se pregunta la investigadora Lucy Gaynor, de la universidad de Ámsterdam y en el Instituto NIOD de Estudios sobre la Guerra, el Holocausto y el Genocidio, en un artículo publicado en la web independiente Justice Info.