Migraciones pide apoyo a las oficinas de extranjería para evitar más retrasos en la regularización

El Ministerio de Migraciones ha pedido el apoyo de las oficinas de extranjería para dar un impulso a los expedientes de la regularización extraordinaria que se dispararon mucho más allá de la cifra de medio millón de solicitudes prevista, alcanzando casi 1,2 millones el número de personas que buscan legalizar su vida en España. Con el verano por medio y con un plazo de tres meses para resolver cada caso una vez presentado, el departamento que dirige Elma Saiz ha negociado con Política Territorial, de quien dependen las oficinas de extranjería en cada provincia, la posibilidad de sumar a este funcionariado al proceso, que ya acumula retrasos preocupantes. De los cerca de 1.800 trabajadores, casi 1.300 se ham mostrado dispuesto a colaborar de forma voluntaria en horas extralaborales que se pagarán según rendimiento, a razón de 10 euros por cada expediente que dejen resuelto para su posterior aprobación, según fuentes de la Administración pública.

No será gratis: a los 10 euros que recibirá el funcionario de extranjería por cada expediente tramitado se sumará una cantidad semejante para quienes se encarguen de coordinar este procedimiento en cada una de las oficinas, según fuentes de la Administración del Estado. El monto total alcanzará unos 2,6 millones de euros, para que estas oficinas se encarguen de alrededor de 250.000 expedientes. Se trata de resolver cuanto antes aquellos que están en peligro de sobrepasar los plazos establecidos, los tres meses que concedió el Gobierno, o ya los han sobrepasado. El acuerdo entre Migraciones y Política Territorial publicado en el BOE dice que la encomienda de gestión “responde a razones de eficacia, dados los recursos materiales y técnicos de que disponen” las oficinas de extranjería. Será un apoyo “de carácter material o técnico”, es decir, comprobar que los papeles están correctos y grabar cada expediente, pero la resolución definitiva seguirá dependiendo de la UTEX, la unidad para la tramitación de expedientes de Extranjería.

El tiempo apremia y el verano se presenta como un obstáculo en el camino para culminar en tiempo el proceso de regularización extraordinaria emprendido en abril y cuyo plazo de solicitudes concluyó el 30 de junio. Dos días después de esa fecha, Migraciones ofreció los primeros datos que se habían ido recabando y el número de solicitudes, 1.174.968, contrastaba no solo con las que ya habían sido admitidas a trámite en aquel momento, 608.000, poco más de la mitad, sino con las que habían sido resueltas definitivamente, apenas 11.000. Los retrasos ya están suponiendo contratiempos para los mirgrantes, que ven cómo vence el tiempo previsto para contar con su resolución permanente y los empresarios, dicen, les amenazan con un despido.

El Gobierno ha emitido un comunicado en el que explica que el permiso provisional es válido más allá de los tres meses y que el silencio administrativo no es más que una “ficción legal” en beneficio del migrante, para que pueda interponer un recurso y seguir adelante con el proceso. Eso suele ocurrir en miles de casos cuando se tramitan las regularizaciones ordinarias, los abogados están al tanto de ello y normalmente procuran esperar a las resoluciones aunque sea con retraso porque el proceso judicial tampoco garantiza tiempos más reducidos.

Los plazos previstos por el Gobierno para la regularización extraordinaria se antojaban estrechos, máxime cuando se conoció el abultado número de solicitudes recibidas, pero la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró en aquella rueda de prensa del 2 de julio que esperaban cumplir los tiempos implementando las medidas que fueran necesarias cuando hiciera falta. En esa afirmación se enmarca ahora la solicitud de colaboración a las oficinas de extranjería, que en su momento quedaron apartadas de este proceso y a las quese encomendó que sacaran adelante los miles de expedientes de regularización ordinaria, por arraigo, que tenían atascados, para lo cual se reforzó el personal. A finales de junio, las oficinas habían hecho esos deberes y resuelto alrededor de 150.000 expedientes, entre el arraigo ordinario y la residencia para menores. Ahora están dispuestas a trabajar en el proceso extraordinario.

Migraciones diseñó el procedimiento con el apoyo de las oficinas de correos, de la Seguridad Social y algunas, muy pocas, de extranjería para recibir las solicitudes de los migrantes en situación irregular. Posteriormente, es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) quien se encarga de validar los documentos aportados por los interesados y regularizar o denegar sus peticiones. Se contó asimismo con la ayuda de Tragsa, la empresa pública que colabora con la Administración sobre todo en emergencias, obras, medioambiente y agricultura. Pero el número de solicitudes ha desbordado las previsiones y ahora se ha tenido que recurrir a las oficinas de extranjería, acostumbradas a estos trámites. Más de 130.000 migrantes presentaron su solicitud en la primera semana habilitada para ello, que comenzó el 20 de abril. Los tres meses para ellos se han cumplido ya o están a punto de hacerlo. Y semana a semana se irán cumpliendo para el resto de las solicitudes presentadas.

Muchos han ido recibiendo su solicitud admitida a trámite, una cifra que ya habrá superado los 608.000 que se contaban el 2 de julio. Esa admisión supone un permiso de trabajo y residencia provisional que solo se revocará en caso de que la resolución final sea denegada, algo que no se prevé que ocurra en gran medida, porque los migrantes han luchado concienzudamente para entregar todos los documentos requeridos, incluido los antecedentes penales, que tenían que llegar de sus países de origen, una tarea que no siempre es sencilla. Pero los retrasos les están empezando a afectar.

El proceso era más fácil en los primeros proyectos de Migraciones, pero su paso por el Consejo de Estado endureció el acceso y el Gobierno implementó todas las garantías sugeridas por el órgano consultivo para evitar dar al traste con el decreto en los tribunales, donde ha sido recurrido por algunas comunidades, como las de Madrid, Valencia y Aragón, y el partido de ultraderecha Vox. El Supremo no ha dictado sentencia sobre ello todavía.