Urkullu propone
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lanzado una propuesta para reformar el modelo territorial de España sin necesidad de tocar la Constitución. Su plan, que supuestamente se negociaría de manera bilateral entre los gobiernos central y vasco a través de una llamada “convención constitucional”, permitiría ampliar las competencias de las comunidades históricas —cita expresamente a Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña— y reconocer en todas ellas la “capacidad de decidir pactada”, eufemismo del derecho de autodeterminación. Esa condición es una de las líneas rojas que los dos partidos que han gobernado España los últimos 41 años, PSOE y PP, no están dispuestos a cruzar.
La propuesta de Urkullu, expuesta en un artículo publicado en este diario, no detalla ni las nuevas competencias que asumirían esas comunidades para ampliar su autogobierno ni aclara si el objetivo final de reconocer “la capacidad de decidir pactada” es celebrar una consulta para la independencia. Algunos presidentes autonómicos han apoyado la reivindicación de mayor autogobierno pero recuerdan que esa mejora debería extenderse a todos los territorios, no solo a los citados por Urkullu. A estas alturas del desarrollo autonómico es difícil concebir una negociación indolora de una reforma territorial que mejorase solo el autogobierno de una parte de las comunidades. El escrito del lehendakari no incluye las palabras “independencia” ni “derecho de autodeterminación”, lo que podría evitar de partida el recelo de PP y PSOE a abrir un diálogo sobre este plan. Urkullu habla solo de reinterpretación de la Constitución para alcanzar esos objetivos políticos y ahuyenta así el fantasma de una reforma de la Ley Fundamental a sabiendas de que sería inviable porque no existe ahora mayoría suficiente para culminar con éxito esa tarea nunca antes emprendida en la etapa democrática, salvo para asuntos muy puntuales.
La propuesta está formulada como un intento de construir un futuro plurinacional sin la tensión territorial que sufre España desde hace años; “un planteamiento novedoso y viable desde el punto de vista de su constitucionalidad”. Salvando las distancias y reconociendo las diferencias, las ideas del lehendakari para un cambio del modelo territorial que amplíe el autogobierno de cuatro comunidades tiene un trasfondo parecido a la propuesta de reforma del Estatuto Político de Euskadi, el llamado plan Ibarretxe, que PSOE y PP tumbaron en el Congreso hace 18 años.
Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy usaron entonces argumentos para oponerse a esa iniciativa que encajarían hoy en un manual de oposición al plan Urkullu: “Creo, con tanto fervor como cualquiera, que la voluntad popular hay que llevarla a cabo con todas sus consecuencias, y afirmo que la relación del País Vasco con el resto de España la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles”, dijo Zapatero. “Nuestra unión como país no es un tributo a la historia; nuestra unión como país no es un apego a una bandera; nuestra unión se sustenta en la fuerza más poderosa que ha conocido nuestro devenir y el de todos los pueblos: los valores de la razón, la libertad, la ciudadanía de iguales, el pluralismo, la supremacía del Derecho, de las garantías, el pacto colectivo, la limitación del poder”, añadía. Y defendía “la integridad territorial de España” como marco en el que disfrutar “de una libertad integral, de un pluralismo real”. Es un buen comienzo para iniciar el debate sobre el plan de Urkullu. Sería bueno que hubiera en España un diálogo realista y sincero sobre la realidad territorial 45 años después de aprobarse la Constitución.
