Terapia, limpieza y prohibición de viajar o de usar redes sociales: los inusuales castigos que las autoridades en Irán imponen a los disidentes – BBC News Mundo
Fuente de la imagen, Taraneh Alidoosti
- Autor, Masoud Azar
- Título del autor, Servicio persa de la BBC
Han transcurrido más de dos años desde las protestas que recorrieron todo Irán tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de moralidad del país. Aunque el gobierno iraní intenta proyectar una imagen de haber superado la crisis, la cuestión del hiyab obligatorio -y su rechazo por parte de muchas mujeres- sigue siendo un importante motivo de preocupación para las autoridades.
Recientemente, el gobierno se ha negado a aplicar o hacer cumplir las estrictas y represivas leyes sobre el hiyab o velo islámico aprobadas por el Parlamento.
Muchas mujeres siguen caminando por las calles de Irán sin llevar el atuendo aprobado por el Estado, pagando a veces un alto precio por su rebeldía.
Los jueces tienen mucho poder y pueden imponer castigos poco convencionales, a menudo combinando penas tradicionales con medidas simbólicas o ideológicas.
Taraneh Alidoosti, una de las actrices iraníes más aclamadas, conocida por su papel en la “El viajante” -película ganadora de un Oscar en 2016-, ha sido recientemente objeto de este tipo de sanciones.
Alidoosti, firme defensora del movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que estalló tras la muerte de Amini, desafió abiertamente la ley del hiyab negándose a llevar velo. Aunque se esperaba una reacción violenta, pocos podían prever el alcance de las restricciones que se le impusieron a ella y a otros personajes públicos.
El caso de Alidoosti llamó la atención cuando se le prohibió embarcar en un vuelo doméstico con destino a la isla de Qeshm, en el sur del país.
Su abogado afirmó que se le había impedido viajar o realizar transacciones financieras. Esta medida se suma a otras restricciones anteriores que le habían impedido salir de Irán. Un portavoz del poder judicial iraní ha negado la existencia de esta prohibición.
Las medidas del gobierno contra Alidoosti ponen de manifiesto una estrategia más amplia: controlar las voces influyentes que podrían inspirar más disidencia.
Sin embargo, la peculiar naturaleza de algunas sentencias muestra a un poder judicial que pugna por mantener el control ante la creciente resistencia pública a las leyes sobre el hiyab.
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Muchas otras figuras públicas se quitaron el pañuelo en solidaridad con el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”.
Azadeh Samadi, otra conocida actriz, fue sancionada con seis meses de prohibición de acceso a las redes sociales.
En una sentencia poco habitual, el tribunal también ordenó que se sometiera a tratamiento psicológico por “trastorno antisocial de la personalidad”. Tuvo que presentar un certificado médico para demostrar que había completado el tratamiento.
La veterana actriz Afsaneh Bayegan corrió una suerte similar. Además de prohibírsele el acceso a las redes sociales, se le ordenó asistir a terapia.
Estas sentencias provocaron la indignación de iraníes y juristas, que cuestionaron su validez y fundamento ético.
Saeed Roustaee, director de la aclamada cinta “La familia de Leila”, también fue objeto de ataques. A Roustaee, cuyas películas retratan las luchas socioeconómicas de los iraníes de a pie, se le impuso una extraña condición como parte de su condena: se le prohibió relacionarse con personas activas en el mundo del cine.
La sentencia pretendía aislarlo profesionalmente y disuadir a otros miembros de la industria de abordar temas delicados. También se le ordenó asistir a un curso estatal sobre “realización moral de películas”.
Además, fue condenado a seis meses de prisión por “propaganda contra el régimen”, citándose como prueba en su contra la “producción y proyección de ‘La familia de Leila’ en el Festival de Cannes”.
Yalda Moayeri, fotoperiodista, fue condenada a seis años de prisión así como a otros cinco castigos, entre ellos la preparación de un trabajo de investigación de 100 páginas sobre las obras de un ayatola partidario del hiyab obligatorio, la prohibición durante dos años de utilizar teléfonos móviles y redes sociales, y dos meses de servicio comunitario como limpiadora en un parque de mujeres.
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Una de las sentencias más polémicas se produjo en marzo del año pasado y tuvo como protagonista a Shervin Hajipour, conocido cantante que ganó el primer premio Grammy a la mejor canción para el cambio social por su tema “Baraye” (Para). Hajipour se enfrentó a cargos por interpretar la canción, que se convirtió en himno del movimiento Mahsa Amini.
Además de la pena de prisión y la prohibición de viajar, el tribunal le obligó a estudiar y resumir dos libros religiosos: “Los derechos de la mujer en el Islam” y “La mujer en el espejo de la majestad y la belleza”, escritos por destacados ayatolas.
La reacción generalizada contra la condena de Hajipour hizo que se revocara. El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, criticó las sentencias, declarando que las condenas deben ser “disuasorias” y no deben “producir el efecto contrario”.
Ordenó que las sentencias tuvieran en cuenta factores como la “viabilidad” y “evitar la humillación” para evitar consecuencias imprevistas y garantizar que no causen polémicas innecesarias.
Juicios a puerta cerrada
El uso de sentencias “creativas” por parte de la justicia iraní no es nuevo. A lo largo de los años, activistas, periodistas y artistas han sido objeto de penas inusuales, a menudo concebidas para humillarlos o condenarlos al ostracismo.
Aunque la flagelación pública y el encarcelamiento siguen siendo elementos básicos del sistema judicial, las sentencias recientes parecen dirigidas a socavar la credibilidad y la influencia de los condenados.
A pesar de los recientes cambios en el sistema judicial, que incluyen un mayor acceso a los juicios públicos y sentencias más transparentes para los delitos comunes, los casos en los que están implicados activistas civiles y políticos siguen desarrollándose a puerta cerrada.
Los activistas se enfrentan a menudo a restricciones sociales y profesionales sin ser juzgados ante un tribunal ni tener la oportunidad de defenderse. En algunos casos, desconocen sus condenas hasta que intentan embarcar en un avión y descubren que tienen prohibido volar.
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